Historia

 

Corrían vientos de dictadura. Las instituciones dedicadas a la promoción popular desarrollaban su acción en un contexto sistemáticamente represivo. El 23 de marzo de 1976 se funda la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS para constituirse en un mecanismo de defensa de los derechos humanos, la recuperación de la democracia, el apoyo a las organizaciones populares.

El Departamento de Fomento Cooperativo de la Acción Social de la Iglesia, DEFOCOOP, la Organización de Obreros Calificados, OOCA, el Centro Comunal Villa El Carmen, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, y la Fundación San Gabriel fueron las instituciones fundadoras.

Al abrirse el proceso democrático, UNITAS contribuyó a que las organizaciones populares asumieran la representación de la sociedad civil relacionando a las instituciones asociadas con las emergentes organizaciones populares y a éstas entre sí. Nuevos intentos de desarticular a las organizaciones de la sociedad civil (como el golpe de Estado de 1980) ya no tuvieron éxito.

A la promoción de procesos de concientización y fortalecimiento organizativo se añadieron actividades que buscaban mejoras concretas de las condiciones de vida de los sectores populares.

Sin dejar de trabajar por la consolidación de la democracia, las instituciones asociadas apoyaron actividades productivas, construcción de obras de infraestructura y se dedicaron a la prestación y mejoramiento de los servicios sociales. Por ejemplo, el Plan Sequía, planificado y coordinado por UNITAS y ejecutado por las instituciones asociadas, como respuesta a los devastadores efectos de la sequía de los años 82 y 83.

La recuperación de la democracia no trajo la tranquilidad que el país buscaba. Con la decisiva influencia del FMI y el BM, se implementó el modelo neoliberal, basado en la dinámica del mercado y la iniciativa privada. Frente a los efectos del ajuste estructural y en consultas a la sociedad civil, UNITAS participa en la coordinación interinstitucional y en las tareas de relacionamiento de las ONGs con el Estado y la cooperación internacional.

Asimismo, frente a los esfuerzos de sucesivos gobiernos por intentar controlar las actividades de las IPDs, promueve la defensa de los fundamentos legales de la existencia y prácticas de las IPDs que concluyó con la aprobación en grande, en el Parlamento nacional, de un Proyecto de Ley de ONGs.

Con su presencia en las áreas rurales y urbanas más pobres del país, las instituciones afiliadas a UNITAS ponen en evidencia, desde 1976, la ausencia total del Estado y sus instituciones. Servicios esenciales como salud y educación, asistencia técnica y crédito para la producción, servicios de asesoría legal y otros proyectos y programas de desarrollo siguen siendo asumidos por ONGs/IPDs a pesar de ser estos servicios responsabilidad y razón de ser del Estado.