Conclusiones
X Foro Nacional de Organizaciones Sociales


Conclusiones en base a las exposiciones y diálogo con las y los participantes

8 y 9 de noviembre de 2016

El contexto mundial: la vulneración de derechos como “crisis de civilización”

Las perspectivas y desafíos para las OSC a nivel regional, se deben debatir tomando en cuenta la situación de América Latina en el contexto mundial. Los elementos a tomar en cuenta son:

  • El modelo de desarrollo depredador basado en la explotación de materias primas influido fuertemente por la dinámica económica global y la presencia de actores y países con creciente gravitación económica y política en la región tales como China.
  • El impacto de este modelo sobre los derechos humanos, el medio ambiente y la situación de las comunidades campesinas e indígenas y otras organizaciones sociales con referencia a las políticas de Estado.
  • Los conflictos abiertos y larvados que amenazan la convivencia (muchos de ellos vinculados a la exacerbación de fundamentalismos en los que se absolutizan las convicciones sobre los derechos).
  • La migración debida a la búsqueda de trabajo o su precarización (en los países no se resuelven los problemas de fondo relativos a la generación de empleo).
  • El cambio climático y la degradación del medio ambiente que afectan los medios de vida de los más pobres.
  • La desprotección de las comunidades, la criminalización y eliminación física de líderes de base y activistas que se oponen a las políticas de desarrollo.
  • La inercia de las organizaciones de la sociedad civil a causa del clientelismo, la cooptación dirigencia, la división, el paralelismo, la criminalización, la censura y la autocensura
  • La falta de confianza en el sistema político y en las instituciones de justicia y protección de los derechos fundamentales en los países.
  • El debilitamiento deliberado de los sistemas nacionales, regionales e internacionales de protección de derechos humanos por parte de varios Estados independientemente de la orientación ideológica de sus gobiernos.

En cierto modo, estos elementos expresan la “crisis de la civilización” que debe llevar a pensar otras formas de gestión de la política, la convivencia, el consumo y el bienestar que prioricen al ser humano sobre el capital.

La situación de la sociedad en América Latina: entre la sensación de inseguridad y la desigualdad creciente

En América Latina, la desigualdad es un tema preocupante, al que se suma la violencia contra las mujeres, las y los jóvenes, niños y especialmente niñas además de la generada por el narcotráfico y otras actividades delictivas.

Debe agregarse que, en términos generales, el tejido social está deteriorado, con una marcada desconfianza en las instituciones, en especial la justicia. Una manera de buscar la transformación de esta situación es empezar a construir un pacto democrático de respeto al estado de derecho, mismo que debe ser fundamentalmente asumido por los Estados.

Lo cierto es que hay una “sensación subjetiva” de inseguridad -sea por falta de empleo, ausencia de seguridad social y/o inseguridad ciudadana- que induce a encontrar un soporte en el autoritarismo que tienen en la exclusión una práctica cotidiana de poder que se expresa no sólo contra los inmigrantes extranjeros sino también con los nacionales a quienes se coartan los derechos en búsqueda de un “orden” que afecta el “estado de derecho” y los valores democráticos (así se entiende la criminalización de la protesta, la censura y la consecuente autocensura).

La urbanización de la pobreza y la indigenización de las ciudades es un fenómeno poco analizado en el país que requiere mayor reflexión para repensar las nuevas formas de desigualdad y consumo, los derechos en las ciudades y las nuevas modalidades organizativas así como la reconfiguración de la sociedad civil boliviana.

En este marco es necesario reflexionar sobre la desigualdad en una perspectiva no sólo étnica o sectorial sino también de clase. ¿Existen nuevos ricos y poderosos? (nuevos campesinos ricos, comerciantes, nuevos terratenientes), ¿son las élites políticas realmente nuevas o sus nuevos rostros responden a los intereses de los viejos ricos y poderosos? (banca, sector agroindustrial, empresas constructoras).

La lucha contra la pobreza: mejorando las condiciones de vida o ampliando el consumo y las redes clientelares

Se arguye que uno de los cambios significativos de la década es la lucha contra la pobreza, pero la estrategia utilizada se acerca a los criterios propuestos por el Banco Mundial que priorizan subsidios para los pobres, inyectando recursos para que estos entren al “mundo del consumo”.

Esta forma de “luchar contra la pobreza” nos inhibe de pensar los problemas de desarrollo desde nuestras perspectivas y realidades socioculturales. Los gobiernos progresistas siguen operando con el concepto economicista de crecimiento del PIB, sin plantear un desarrollo integral orientado a la plena realización de las personas y el cumplimiento de sus derechos. La gestión pública no se orienta por un enfoque de Derechos humanos o de resultados de bienestar sino por el volumen de las inversiones y los proyectos realizados sin ponderar sus verdaderos efectos en el bienestar social.

Para algunos panelistas y participantes los bonos y otras políticas de redistribución han facilitado la corrupción, la cooptación y la clientelización generalizada de los electores sin derivar en transformaciones estructurales sustantivas como la generación de empleo y la reducción de la desigualdad. A su vez, dichas políticas han permitido contener las demandas sociales sin satisfacerlas integralmente mientras que el grueso de los ingresos producto de la bonanza se han dirigido a los sectores más poderosos de la economía nacional y las empresas transnacionales.

A su vez la desigualdad social debe ser superada garantizando el derecho al acceso información, la protesta, asociación y la participación, para efectivizar su participación en los procesos de desarrollo de abajo hacia arriba sin que medien imposiciones transitivas desde los ámbitos institucionales nacionales y sub-nacionales. No es posible superar la desigualdad social sin avanzar en la equiparación de las desigualdades en la esfera política. Esto es particularmente importante en los casos de las personas que sufren en mayor medida los efectos de la marginación y la discriminación social tales como las mujeres y las niñas, los indígenas, los campesinos, los adultos mayores y las personas con discapacidad entre otros.

Junto a ello, se requieren de procesos electorales libres y transparentes que permitan a diferentes actores políticos competir en igualdad de condiciones. Un padrón electoral público y un órgano electoral independiente y confiable que no sirva como instrumento para la eliminación de contrincantes con sanciones desproporcionadas.

La inequidad de género en Bolivia: sin cambios sustantivos

Desde la perspectiva de la equidad de género, y la relación entre hombres y mujeres, el gobierno no logra cambios sustantivos en la situación de las mujeres y las niñas.

Los criterios que permiten realizar esta afirmación son los siguientes:

  • Educación sexual en adolescentes inexistente (el dato de la realidad es el aumento de embarazo en menores de 15 años)
  • El trabajo y el tiempo de las mujeres no es reconocido, valorado e igualmente remunerado (no se sabe cuánto aportan al PIB)
  • El aporte de las mujeres es invisibilizado (tanto en área rural como el área urbana)
  • No hay políticas sociales que subvencionen el trabajo del cuidado (trabajo exclusivo de las mujeres).
  • No hay registros fiables sobre violencia de género ni políticas de prevención a nivel de toda la sociedad y las familias
  • Un tercio de las mujeres que trabajan no tienen ingresos propios (no hay autonomía económica de las mujeres)

Este cuadro expresa que la política de género del gobierno es insuficiente, mal enfocada, se reduce a lo formal y no así a la implementación.

Resulta muy llamativo que en los últimos años, en instancias tales como el Fondo Indígena, el caso CAMC y otros, tenemos a varias mujeres en la cárcel, las cuáles han sido subordinadas o utilizadas por el poder como muestra del marcado machismo que impregna las esferas del poder. Esto sucede porque los hombres se cuidan entre ellos pero sí se condena a varias líderes mujeres por los casos de corrupción. Como contrapartida se muestra que varios hombres responsables de muertes, represiones, violencia contra las mujeres y actos de corrupción no sólo no reciben castigo sino que es premiado con cargos tanto en las organizaciones como en el Estado y en puestos de prestigio dentro y fuera del país. Así el poder masculino que en última instancia es responsable de varios de estos casos, sigue encaramado en el poder.

Las OSC: problemas para el Estado o agentes de ampliación de la democracia

Los gobiernos progresistas operan con la perspectiva del poder por el poder. Es decir, con esquemas en los que ejercen el poder como instrumento de imposición que evade consensos y ejerce normas y prácticas no democráticas. Frente a este proceder se deben construir voluntades en todos los niveles y ámbitos, buscando ser autónomos -pensar por nosotros mismos como individuos y colectivos-, ejerciendo la libertad de expresión que incorpora la crítica en la vida social como elemento central de concertación.

Un aspecto relevante en la regulación de las organizaciones de la sociedad civil por parte del Estado es la limitación a la libertad de asociación. El disfrute de este derecho está condicionado a la adhesión y/o aceptación acrítica de las decisiones gubernamentales, en especial aquellas vinculadas a la aplicación del modelo de desarrollo primario exportador. De esta forma, se han generado marcos normativos específicos que imponen a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil severos requerimientos para el otorgamiento de personalidades jurídicas y/o controles que dificultan el libre desarrollo de sus objetivos y/o limitan su desempeño. Es este sentido se puede afirmar que para varios Estados de la región sólo hay dos clases de instituciones y organizaciones de la sociedad civil: las que no generan problemas y las que generan problemas; las primeras son las alineadas a las políticas gubernamentales o aportan en un perspectiva asistencialista, las segundas son las que reclaman el cumplimiento de los derechos y las obligaciones estatales.

Desde la perspectiva de varios de los participantes de organizaciones de base, las ONG son ámbitos que facilitan la formación en derechos humanos, el acceso a información y el debate público, por lo cual deben continuar su labor en un entorno favorable y sin restricciones que les permita seguir aportando a las luchas y reivindicaciones de los sectores sociales más empobrecidos y la ampliación de espacios democráticos.

Es necesario ampliar el espacio democrático para el trabajo y el rol de las organizaciones de la sociedad civil así como la articulación de acciones en contra de normas restrictivas que afecten su aporte a la democracia y el desarrollo.

El acceso a la información es un derecho y no una concesión, por lo cual debemos exigirlo y lograr su cumplimiento por medio de diferentes mecanismos de carácter formal e informal que articulan la acción colectiva y el uso de nuevas tecnologías. Esto permitirá también ejercer un control social colectivo sobre la gestión y la información pública. Ante la ausencia de normas que favorezcan dicho derecho se debe trabajar por elaborar propuestas de marcos normativos progresivos que ayuden al ejercicio de este derecho, obliguen al Estado en todos sus niveles a cumplirlo y que permitan sancionar su incumplimiento.

Debemos manifestar nuestra voz frente a la persecución política, la instrumentalización política de la justicia, la criminalización, la censura y la represión sin importar hacia quién se dirija, e independientemente de su orientación ideológica y su filiación política en el marco del respeto a los principios del debido proceso, proporcionalidad, igualdad, equidad y dignidad humana. ¡No más presos políticos!

Los Estados deben respetar los principios y tratados que han suscrito y no solo utilizar los mecanismos de protección o de resolución de controversias en exclusivo favor de sus intereses y su conveniencia. Es necesario exigirles coherencia y consecuencia para también respetar los mecanismos y sus resoluciones cuando son utilizados por la sociedad civil. Sin que esto derive en amedrentamiento o represalias de cualquier clase. Es necesario recordarles sus compromisos internacionales, visibilizar su accionar y llamar a la alerta respecto a estos compromisos a nivel nacional e internacional. La forma de fortalecer estos mecanismos es haciendo uso racional y estratégico de ellos. En esto el papel de la sociedad civil organizada es también crucial.

El mito del desarrollo y la manipulación de las organizaciones de base.

En nuestro país hay un desencuentro entre las exigencias de las luchas sociales y la política real que opera desde el Estado. Este desencuentro se debe a la forma en que el gobierno gestiona políticamente la relación de la sociedad con el Estado, que impacta en las dinámicas organizativas y la democracia interna de las organizaciones sociales.

La regulación social (gestión política) con la que opera el Estado sobre las organizaciones sociales es funcional para los poderes económicos que concentran la riqueza y generan la desigualdad. En esta perspectiva, los gobiernos progresistas tienden a continuar, sino profundizar, el capitalismo en la región apelando a:

  • Fomentar las actividades primario exportadoras (centralidad de las actividades extractivistas)
  • Incrementando la deuda externa en beneficio de empresas y gobiernos extranjeros
  • Condicionando el goce de unos derechos a cambio de otros. Por ejemplo los derechos económicos y sociales (ejecución de proyectos vinculados a salud, educación o protección social) a cambio del apoyo o aceptación de sus iniciativas de desarrollo y la renuncia a derechos como la consulta previa, el derecho de las comunidades al territorio o a definir sus propias prioridades de desarrollo.
  • Mercantilizando y patrimonializando proyectos y otros beneficios sociales provenientes de recursos públicos en función de un mayor respaldo político.

La continuidad de las dinámicas económicas que generan desigualdad suponen la negación de los derechos fundamentales, in-visibilizando las problemáticas urgentes y centrales de mujeres, jóvenes, trabajadores, indígenas entre otros, y perfilando la participación de los sectores populares de manera funcional o simbólica para despolitizarlos.

Ser orgánicas y autónomas: el desafío de las organizaciones de base

La manipulación de las organizaciones por parte del Estado, nos lleva a preguntarnos acerca de qué hacer, es decir qué planteamientos y propuestas construimos para reconstituir las organizaciones, fortalecerlas, democratizarlas. Esta tarea es un desafío para que las organizaciones alcancen su autonomía a tiempo de exigir sus derechos al poder estatal. En otras palabras, recuperar la capacidad de pensar y decidir.

Lo más grave que ha sucedido en estos 10 años es la diseminación de la corrupción en el corazón y en el alma de las organizaciones. Las dinámicas de poder nos permean y nos afectan a pesar de lo pequeño de la organización. El poder daña, no importa si este es chico o grande y afecta nuestro sentido de esperanza. Debemos restaurar el principio de esperanza en nuestros corazones, recuperar nuestros liderazgos legítimos, el debate, la decisión y el control colectivo sobre nuestros representantes.

A su vez, las autonomías indígenas son la condición para hablar de la existencia de un Estado Plurinacional, sin el respeto a las estructuras de autogobierno, la justicia indígena y el territorio no se puede hablar de plena autonomía, por eso se debe luchar por profundizarla reconociendo figuras ausentes de la CPE como el ayllu y luchar por el pleno cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Los principios restaurativos y preventivos de la justicia indígena originaria pueden contribuir a aplicar reformas profundas en la Justicia Formal.

Es necesaria la formación académica y política de las y los jóvenes indígenas y campesinos con el fin de que tengan las herramientas y el compromiso para defender sus territorios y sus recursos naturales.

En la actualidad se habla del fin de un ciclo de gobiernos progresistas en la región. No obstante, los balances son aún unilaterales. Si hubo algo de positivo en la década, es la maduración de la lucha democrática y los cambios constitucionales. 
No obstante, cabe señalar que los gobiernos progresistas no se plantearon metas complejas y ricas, que incorporen la generación de empleo y la promoción de la producción de bienes elaborados con trabajo humano intensivo y de uso de largo plazo.

La crisis de los gobiernos progresistas no debe impedir seguir con la lucha y las esperanzas sino plantearse nuevos desafíos que nos permitan esclarecer utopías y horizontes. Identificar e incorporar lecciones separando lo positivo y lo negativo en una perspectiva crítica con los gobiernos pero también autocrítica respecto al accionar de las organizaciones en todo este periodo.

 
Objetivo del Foro Nacional de Organizaciones
Sociales


El Foro Nacional de Organizaciones Sociales tiene como objetivo "promover el debate sobre el contenido y el sentido transformador del cambio demandado históricamente por las organizaciones sociales urbanas y rurales de Bolivia, para articular esfuerzos de participación e incidencia nacional".

Reflexionar acerca del rol que tienen las organizaciones sociales en el desarrollo del país y los mecanismos de participación social con los que se cuentan para contribuir en la construcción del Estado Plurinacional.

Evaluar la aplicación de políticas públicas y sus efectos, reflexionar y proponer rutas críticas en los ámbitos socioeconómicos, políticos y culturales para garantizar la protección de derechos de la población boliviana que vive en situación de pobreza y desigualdad.

Reflexionar sobre la democracia y el ejercicio de derechos en Bolivia en el marco de la aplicación de la constitución política del estado, la normativa y las políticas actuales.

Intercambiar experiencias de las organizaciones sociales urbanas y rurales para avanzar en la construcción de visiones conjuntas (campo-ciudad) y en la articulación de agendas asumiendo retos que fortalezcan la capacidad organizativa de la sociedad civil y la democracia participativa.

 
Programa


Sesión inicial:

“PERSPECTIVAS Y DESAFIOS PARA LAS OSC EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL”.

  • Fabio Barbosa dos Santos, Doctor en Historia Económica de la Universidad de Sao Paulo y autor del libro Orígenes del Pensamiento y de la Política Radical en América Latina, Brasil
  • Sonia Montaño. Socióloga. Activista e intelectual boliviana. fue responsable de dar seguimiento a los Objetivos del Milenio los últimos quince años de su vida, como jefa de la División de Asuntos de Género en la Cepal. Fundadora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem)
  • Camilo Castellanos, Ex Director del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (Ilsa) Colombia. Activista de los DD.HH. Abogado Defensor de Derechos Humanos, ex Secretario Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

Sesión 2:

“PARTICIPACION SOCIAL Y REALIDAD ORGANIZATIVA”

  • Ronald Andres. Capitán Grande de Charagua Norte.
  • José Barba, Presidente del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB)
  • Bertha Bejarano, líder indígena, presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPMB)
  • Alejandro Almaráz, Fue viceministro de Tierras en la primera fase del Gobierno de Evo Morales y el principal impulsor de la Ley 3545, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
  • Ricardo Calla Ortega, sociólogo y antropólogo boliviano.

Sesión 3:

“DEFENSORES/AS EN LA MIRA: RETOS PARA LA DEFENSA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS”

  • Rolando Villena Villegas. Defensor del Pueblo hasta mayo de 2016. Es teólogo de profesión, obispo de la iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
  • Emilio Álvarez Icaza Longoria fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 16 de agosto de 2012 al 15 de agosto de 2016. De nacionalidad mexicana, Álvarez Icaza es Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México).
  • Elba Nuñez Ibáñez. Coordinadora Regional de CLADEM. Feminista paraguaya, abogada y trabajadora social. Diplomada en Derechos Humanos. Docente universitaria. Desde hace más de quince años milita y trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. (por confirmar)

Sesión 4:

“PARTICIPACION CIUDADANA, ACCESO A INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS EN DEMOCRACIA”.

  • Moisés Sanchez, Chileno. Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, coalición de 23 organizaciones de 19 países de las Américas.
  • Eduardo Rojas, Coordinador Ejecutivo de Red TIC Bolivia (libertades y sociedad de la información). Vicepresidente y Fundador de Internet Society Bolivia. Investigador sobre investigación sobre Violencia Digital. Presidente Ejecutivo de Fundación Redes.
  • Alfonso Gumucio, Boliviano. Periodista, escritor, cineasta, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo y participación comunitaria así como en medio ambiente, derechos humanos, salud y gobernabilidad de base, además de poseer gran experiencia en diseño e implementación de estrategias de comunicación participativa, análisis de movilización social y estudios de caso (por confirmar)
 
Lugar y fecha


8 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andres.

9 de noviembre en el Real Plaza Hotel, Av. Arce.