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La preocupación por la Ley de ONG de Sudán del Sur en medio de la profunda crisis
 
 
La preocupación por la Ley de ONG de Sudán del Sur en medio de la profunda crisis
Fecha: 06 de octubre de 2014
Fuente: http://civicus.org/

(Traducido con Google Translate. Haga clic aquí para leer la versión original en inglés)

MEDIA ESTADO

La preocupación por la Ley de ONG de Sudán del Sur en medio de la profunda crisis

06 de octubre 2014 - Las organizaciones civiles están pidiendo a las autoridades de Sudán del Sur para detener la aprobación de una ley sobre las ONG restrictiva en medio de temores de que podría obstaculizar gravemente las actividades de la sociedad civil y socavan los esfuerzos para hacer frente a la continua crisis humanitaria en el país.

Alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS y el Empoderamiento comunitario basado Sudán del Sur para Organización Progreso (CEPO) ha instado a la Asamblea Nacional Legislativa de Sudán del Sur para detener el proyecto de ley que está actualmente bajo consideración parlamentaria.

Una gran preocupación son vagas disposiciones de la propuesta de 2013 ONG Bill que le da al gobierno facultades discrecionales excesivas para controlar las operaciones de los grupos de la sociedad civil. De acuerdo con el proyecto de ley, todas las ONG en el país deben registrarse con el gobierno y alinear su trabajo con el plan nacional de desarrollo del gobierno. Por otra parte, las organizaciones se ven obligadas a cumplir con los requisitos de mal definidas "respetar (por) la soberanía de la República de Sudán del Sur, su institución y las leyes."

"Estos requisitos dejan margen para la interpretación amplia, no reconocen las diversas prioridades y funciones de la sociedad civil y pueden limitar severamente las actividades permitidas a los grupos de la sociedad civil a los aprobados por el gobierno. Esto socavará gravemente la independencia del sector de la sociedad civil ", dijo Mandeep Tiwana, Jefe de Política e Investigación de CIVICUS.

El proyecto de ley de ONG, que al parecer es en su cuarta y última lectura parlamentaria, también pone prohibiciones arbitrarias en el número de empleados extranjeros de las organizaciones no gubernamentales que operan en el sur de Sudán. Según el proyecto, los ciudadanos de Sudán del Sur deben comprender al menos el 80% del personal de una organización. Tales disposiciones innecesariamente obstaculizar las actividades de los grupos de la sociedad civil, humanitarias y de otro tipo que continúan actuando como un baluarte esencial contra la posibilidad de escasez de alimentos y una mayor inestabilidad política en el país.

"Sudán del Sur se enfrenta a una crisis y la sociedad civil es una parte clave de la solución que debe ser abrazada y alentó - no rechazado", dijo Tiwana.
Grupos de la sociedad civil y sus empleados se encuentran en violación de la ley también pueden ser sometidos a sanciones excesivas. Según el proyecto, la Oficina de las ONG, la agencia gubernamental encargada de supervisar la aplicación y el cumplimiento de la ley propuesta, se da amplios poderes e interpretativos para evitar que los grupos de la sociedad civil lleven a cabo su trabajo. Principalmente, el registro de una organización puede ser revocada por la contravención de cualquier disposición de la ley propuesta o por no llevar a cabo sus actividades prescritas por un año.

Por otra parte, la Oficina de las ONG puede imponer fuertes multas de hasta 10.000 SSP (aproximadamente 2.000 USD) para las organizaciones y 5000 SSP (aproximadamente 1.000 USD) para los empleados de una organización no gubernamental que viola las disposiciones del proyecto. Las decisiones de la Junta ONG preocupante no están sujetas a revisión judicial y persisten serias preocupaciones de que las disposiciones serán invocadas para silenciar a las organizaciones que critican al gobierno.
 
CIVICUS y CEPO instan a las autoridades de Sudán del Sur a tomar todas las medidas necesarias para crear un entorno propicio para la sociedad civil, incluyendo a través de garantizar que todas las leyes y políticas que rigen las operaciones de la sociedad civil están en conformidad con las obligaciones constitucionales e internacionales del país para proteger el derecho a la libertad de asociación.

 

 

Versión en inglés

 

MEDIA STATEMENT

Concern over South Sudan NGO Law amidst deepening crisis

6 October 2014 - Civil society organisations are calling on South Sudanese authorities to stop the adoption of a restrictive NGO bill amidst fears that it could severely hinder civil society activities and undermine efforts to address the continuing humanitarian crisis in the country.

Global civil society alliance, CIVICUS and the South Sudan based Community Empowerment for Progress Organization (CEPO) has urged the National Legislative Assembly of South Sudan to stop the bill that is currently under parliamentary consideration.

Of critical concern are vague provisions of the proposed 2013 NGO Bill which gives the government excessive discretionary powers to control the operations of civil society groups. According to the bill, all NGOs in the country must register with the government and align their work with the government's national development plan. Moreover, organisations are forced to adhere to ill-defined requirements to "respect (for) the sovereignty of the Republic of South Sudan, its institution and laws."

"Such requirements leave scope for broad interpretation, fail to recognize the diverse priorities and functions of civil society and can severely limit the permissible activities of civil society groups to those approved by the government. This will severely undermine the independence of the civil society sector," said Mandeep Tiwana, Head of Policy and Research at CIVICUS.

The NGO Bill, which is reportedly in its fourth and final parliamentary reading, also places arbitrary prohibitions on the number of foreign employees of NGOs operating in South Sudan. Under the bill, South Sudanese nationals must comprise at least 80% of an organisation's staff. Such provisions would needlessly hamper the activities of humanitarian and other civil society groups which continue to act as an essential bulwark against the possibility of food shortages and further political instability in the country.

"South Sudan is facing a crisis and civil society is a key part of the solution that should be embraced and encouraged - not shunned," said Tiwana.
Civil society groups and their employees found in violation of the bill can also be subjected to excessive penalties. Under the bill, the NGO Board, the government agency mandated to oversee implementation and adherence of the proposed law, is given broad and interpretative powers to prevent civil society groups from carrying out their work. Principally, an organisation's registration can be revoked for contravening any provision of the proposed law or for failing to undertake their prescribed activities for one year.

Moreover, the NGO Board can levy hefty fines up to 10,000 SSP (approximately 2000 USD) for organisations and 5000 SSP (approximately 1000 USD) for employees of an NGO for violating the bill's provisions. The decisions of the NGO Board are worryingly not subject to judicial review and serious concerns persist that the provisions will be invoked to silence organisations critical of the government.

CIVICUS and CEPO urge South Sudanese authorities to take all necessary measures to create an enabling environment for civil society including through ensuring that all laws and policies governing the operations of civil society are in accordance with the country's constitutional and international obligations to protect the right to freedom of association.

 
 

 
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