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Junio 2015
Ley de ONG vulnera derecho a libertad de asociación en el país
 
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Ley de ONG vulnera derecho a libertad de asociación en el país
Fecha: 22 de junio de 2015
Fuente:

http://elmundo.com.bo

ANF El relator especial de NNUU, Maina Kiai, emitió un informe que afirma que la legislación boliviana que regula a las ONG vulnera y restringe el derecho internacional de asociación.

21 de Junio de 2015


Según el relator de NNUU, las normas aprobadas “injustificadamente restringen el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”. El documento fue entregado con motivo de la petición de inconstitucionalidad que presentó el Defensor del Pueblo en junio de 2013 sobre dos artículos de la ley nacional 351 y el Decreto Supremo 1597. La iniciativa presentada se denomina “amicus curiae” (cuando terceras partes ofrecen una opinión sobre un tema legal) y fue solicitada por el Tribunal. La Defensoría del Pueblo considera las normas sobre ONG y fundaciones como inconstitucionales. La primera disposición cuestionada es el Art. 7 de la Ley 351 del 19 de marzo 2013, que establece que los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones con actividades en más de un departamento deben declarar su contribución al “desarrollo económico y social”. Según Naciones Unidas, las indicaciones impuestas por esta disposición “son vagas y abiertas a la interpretación amplia, no tienen un objetivo claro y no son necesarias en una sociedad democrática”, expresa el documento. Añade que “esta disposición podría poner límites a que las asociaciones definan libremente sus objetivos, por lograr que, a fin de recibir o conservar su personalidad jurídica, ellas se involucren sólo en las actividades que se considere que contribuyan al desarrollo económico y social”. La pregunta que le surge al relator y que plasma en el informe, es “¿qué tipo de asociaciones y actividades contribuyen al desarrollo económico y social? Por ejemplo, ¿pueden las organizaciones de derechos humanos o las ONG luchar por los derechos de las minorías u oponerse a una política de gobierno y obtener personalidad jurídica?”. El segundo artículo impugnado es el 19 del Decreto Supremo 1597 de 2013, que establece que la personalidad jurídica de las asociaciones puede ser revocada cuando éstas no cumplan con las políticas y/o normas sectoriales. La relatora especial apuntó que “las restricciones impuestas por el Decreto Supremo son desproporcionadas y no cumplen con una finalidad legítima”. Agrega el relator Kiai que “el contenido de ese artículo implica que todos los actos de las asociaciones que deseen conservar su personalidad jurídica tienen que cumplir las políticas y/o las normas del sector. Eso restringe la posibilidad de que ellas decidan libremente al respecto de sus actos. Asimismo, el riesgo de perder su personalidad jurídica restringe su derecho a la libertad de asociación, pues tiene implicaciones importantes en el funcionamiento de las asociaciones. Puede llevar a una situación en la cual una asociación no pueda, o ya no pueda más, llevar a cabo las actividades para las que fue creada”. También objeta que “las decisiones a este respecto, cuyo resultado puede ser la disolución de facto de una asociación, tendrían que corresponderle a un ente judicial y no a las autoridades del Poder Ejecutivo, como se indica en el Decreto Supremo”. El informe de Kiai recuerda que “el derecho a la libertad de asociación impone a los Estados la obligación de crear, de hecho y de derecho, un entorno propicio para el ejercicio de ese mismo derecho. El entorno propicio para el ejercicio del derecho a la libertad de asociación debe estar libre de temor, amenazas o intimidación”. Y agrega que “es deber del Estado prevenir ataques e investigar las violaciones de ese derecho. Los Estados deben tomar las medidas que permitan que la totalidad del marco social, legal y político facilite y fomente que los ciudadanos que así lo deseen se reúnan para formar asociaciones”. Por último, Kiai exhorta a todos los involucrados, incluyendo al Tribunal Constitucional a hacer uso de sus funciones y responsabilidades en pro del disfrute pleno del derecho a la libertad de asociación en su país. Naciones Unidas espera “tentativamente” la decisión del Tribunal Constitucional para el mes de septiembre de 2015.

 
 

 
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