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Alistan CIDH y ONG cuestionamientos a gobierno de Peña
Fecha: 04 de marzo de 2015
Fuente: http://www.proceso.com.mx

Peña Nieto durante un anuncio de inversiones en México.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto será sometido una vez más al escrutinio internacional en materia de derechos humanos durante las audiencias públicas del 154 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevarán a cabo en su sede en Washington, Estados Unidos.

Según el calendario de audiencias publicado por el organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), el viernes 20 una delegación de la actual administración participará en cinco sesiones para dar respuesta a cuestionamientos de organizaciones civiles y de los integrantes de la CIDH.

La serie de reflexiones iniciarán con la “Situación general de derechos humanos en el estado de Guerrero”, solicitada por la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La Comverdad es un organismo público autónomo creado durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que concluyó sus labores el 14 de octubre tras entregar un informe sobre graves violaciones a derechos humanos cometidos durante la llamada “guerra sucia” en el estado de Guerrero, en específico, desapariciones forzadas, cometidas en su mayoría por miembros del Ejército mexicano.

A esa audiencia le sigue otra sobre “Denuncias sobre hechos de desaparición forzada e impunidad en México”, en la que el Estado mexicano dará respuesta a los señalamientos de representantes de una veintena de organizaciones sociales nacionales e internacionales.

Entre las organizaciones internacionales que participarán para abordar ese tema destacan Human Rights Watch (HRW), Washington Office on Latin América (WOLA), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Robert F Kennedy Human Rights (RFDHR).

La jornada incluye sesiones para presentar “Denuncias de tortura sexual contra mujeres en México”, que serán presentadas por el Centro Prodh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan y Asociadas por lo Justo (Jass).

Esas organizaciones impulsan la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, que arrancó el 5 de mayo pasado con los testimonios de 11 mujeres víctimas durante los operativos violentos de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, y que mantienen un litigio contra el Estado mexicano en la CIDH.

La representación del gobierno de Peña Nieto también tendrá que dar respuesta a los señalamientos de organizaciones mexicanas y centroamericanas que defienden a migrantes, así como al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que solicitaron la audiencia titulada “Acceso a la justicia para personas migrantes en México”.

En el salón Padilha Vidal también se abordará la sesión “Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México”, que agenda por el Centro Prodh, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Grupo Indignación, Promoción y Defensa de Derechos Humanos y Greenpeace México.

Cabe destacar que a esta audiencia específica sobre las consecuencias de la reforma energética en materia de derechos humanos, durante el 154 periodo de sesiones de la CIDH, el mismo 20 de marzo se llevará a cabo una audiencia regional temática para tratar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de los habitantes de los asentamientos precarios en el continente.

De acuerdo con información difundida por Fundar Centro de Análisis e Investigación, en el continente 111 millones de personas viven en asentamientos precarios, por lo que la audiencia busca “incidir en la agenda de trabajo de la reciente conformada Unidad DESC de la CIDH y aportar elementos sobre las líneas en las que podrían su actuación en el tema”.

La audiencia fue impulsada por la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL), la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y respaldada por 29 organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México, Perú y Uruguay.

 
 

 
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