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Febrero 2015
El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional
 
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El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional
Fecha: 26 de febrero de 2015
Fuente: https://www.amnesty.org

El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional
Estado plurinacional de Bolivia
Jefe del Estado y del gobierno: Evo Morales Ayma

Continuó negándose la justicia, la verdad y una reparación plena a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares del pasado. Siguió sin respetarse el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y a un consentimiento libre, previo e informado. Tampoco se garantizó el acceso igualitario a los derechos sexuales y reproductivos.

INFORMACIÓN GENERAL

En octubre, el presidente Evo Morales fue reelegido para un tercer mandato. Más del 50 por ciento de las candidaturas al parlamento eran de mujeres. Este hecho obedecía a que por primera vez se aplicaba la cláusula de igualdad de género de la Ley de Régimen Electoral de 2010.

En octubre, Bolivia aceptó la mayoría de las recomendaciones formuladas en el proceso del examen periódico universal de la ONU, entre ellas las relativas a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y garantizar su reparación plena y efectiva, revisar la legislación que penalizaba el aborto y mejorar las condiciones de las prisiones. El Comité de Derechos Humanos de la ONU1 y el Comité de la ONU contra la Tortura ya habían manifestado su preocupación sobre estos mismos temas en octubre y mayo de 2013, respectivamente.
Impunidad y sistema de justicia

Cincuenta años después del inicio del régimen autoritario militar (1964-1982), no se había realizado ningún avance para proporcionar justicia a las víctimas de violencia política ni se habían tomado medidas para poner en marcha un mecanismo que revelara la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese periodo.2 Las autoridades hicieron caso omiso de las inquietudes expresadas por órganos nacionales e internacionales sobre la falta de transparencia y el carácter injusto del proceso de reparación que concluyó en 2012 y del que se benefició poco más de una cuarta parte de los solicitantes.

En febrero de 2014 estalló un incendio en el campamento de la organización de víctimas Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, ubicado frente al Ministerio de Justicia;3 el fuego destruyó archivos y documentos. Las investigaciones preliminares indicaban que la causa del incendio había sido un fallo eléctrico. Sin embargo, la organización denunció que se trataba de un ataque intencionado. Al concluir el año, continuaban las investigaciones criminales sobre este suceso. Se recibió información4 que indicaba que se habían retrasado las investigaciones de una agresión perpetrada en febrero de 2013 contra un miembro de esa misma organización de víctimas.

En julio, Bolivia presentó en Estados Unidos la segunda solicitud de extradición contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de cargos relacionados con el caso del “Octubre Negro”, ocurrido a finales de 2003 y en el que 67 personas murieron y más de 400 resultaron heridas durante unas protestas en El Alto, cerca de La Paz. La anterior petición de extradición había sido rechazada en 2012. En mayo de 2014, un juez federal de Estados Unidos había admitido una acción civil contra el ex presidente y su ministro de Defensa por su responsabilidad en los hechos.

Prosiguieron, aunque con retrasos, las actuaciones judiciales relativas a la masacre de Pando de 2008, en la que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos, y otras 53 resultaron heridas.

Continuaban las audiencias judiciales sobre el caso de 39 hombres acusados de participar en una presunta conspiración para matar al presidente Evo Morales en 2009. Al concluir el año, no se habían investigado las denuncias de ausencia del debido proceso ni los homicidios de tres hombres muertos en 2009 en relación con el caso. En marzo, el fiscal que dimitió tras denunciar injerencias políticas en el caso y que posteriormente fue acusado de estar involucrado en actos de extorsión solicitó asilo político en Brasil. En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria afirmó que la detención de uno de los sospechosos había sido arbitraria y recomendó su puesta en libertad y reparación inmediatas.

En junio se iniciaron ante la Asamblea Legislativa Plurinacional procedimientos penales contra tres jueces del Tribunal Constitucional por incumplimiento del deber, entre otros delitos. Los jueces fueron suspendidos de sus funciones.
Violencia contra mujeres y niñas

Según un estudio realizado en 2014 por la Organización Panamericana de la Salud, Bolivia presentaba la tasa más elevada de violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas y la segunda más alta de violencia sexual en la región. En octubre se promulgó normativa que regulaba el presupuesto y la aplicación de la Ley 348 de 2013 para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Derechos sexuales y reproductivos

Aunque en febrero el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió que el requisito de autorización judicial para acceder al aborto, según lo dispuesto en el artículo 266 del Código Penal, era inconstitucional, la aplicación de esta decisión seguía pendiente.

La Asamblea Legislativa Plurinacional seguía debatiendo un proyecto de ley de 2012 sobre derechos sexuales y reproductivos que garantizaría el derecho a recibir información sobre servicios de salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos no planificados o no deseados, así como el derecho a la educación sexual en las escuelas, entre otras disposiciones.
Derechos de los pueblos indígenas

En noviembre, 14 funcionarios policiales fueron imputados en relación con el uso excesivo de la fuerza durante una marcha pacífica celebrada en 2011 contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. La fiscalía desestimó la implicación de altas autoridades civiles denunciada por las víctimas. El plan de construcción de la carretera permaneció suspendido tras la controvertida consulta a las comunidades indígenas afectadas, efectuada en 2012.

La nueva Ley de Minería aprobada en mayo excluía la consulta con los pueblos indígenas para proceder a la prospección y exploración mineras, y no reconocía el principio de consentimiento libre, previo e informado en relación con los proyectos que les afectaran. Concluyó la redacción de un anteproyecto de ley de consulta previa, libre e informada.
Defensores y defensoras de los derechos humanos

Persistía la preocupación por los requisitos especificados en una ley de 2013 para otorgar personalidad jurídica a las ONG. En virtud de dicha regulación, las organizaciones debían especificar su “contribución al desarrollo económico y social” del Estado. En 2013, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó que Bolivia eliminara tales exigencias porque restringían la capacidad de las organizaciones de operar con libertad, independencia y eficiencia.

En enero, unos miembros del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) que mantenían una vigilia frente a la oficina de su organización en La Paz fueron desalojados de forma violenta por otros grupos indígenas que se habían atribuido la dirección del CONAMAQ. Según denuncias, la policía no intervino para evitar el desalojo violento.

En marzo, la ONG danesa IBIS Dinamarca canceló la mayoría de sus proyectos en Bolivia después de que, en diciembre de 2013, el gobierno anunciara su expulsión del país alegando que estaba interfiriendo en temas políticos y contribuyendo a crear divisiones en el seno del movimiento indígena.
Condiciones de reclusión

Persistía la preocupación por la falta de seguridad y las precarias condiciones en los centros penitenciarios. Tanto las demoras que impedían la conclusión de juicios en un plazo razonable como la práctica excesiva de la prisión preventiva y el uso limitado de alternativas a la detención contribuyeron al hacinamiento en las prisiones. Los decretos presidenciales promulgados en 2013 y 2014, que concedieron indultos y amnistías con el objetivo de paliar el problema del hacinamiento en las cárceles, no estaban dando el resultado esperado.

En agosto, la Defensoría del Pueblo informó de que se había avanzado poco en la investigación sobre la muerte de más de 30 reclusos de la cárcel de Palmasola, Santa Cruz, ocurrida en agosto de 2013.5

En septiembre, cuatro internos murieron y una docena resultaron heridos en un enfrentamiento entre reclusos en la prisión de El Abra, en Cochabamba. Al concluir el año, continuaban las investigaciones sobre este suceso.

Bolivia: Información para el Comité de derechos Humanos de las Naciones Unidas (AMR 18/005/2013),
www.amnesty.org/es/library/info/AMR18/005/2013/es

Bolivia: "No me borren de la historia": Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964-1982) (AMR 18/002/2014),
www.amnesty.org/es/library/info/AMR18/002/2014/es

Bolivia: Arde un campamento de víctimas de los gobiernos militares (AMR 18/001/2014),
www.amnesty.org/es/library/info/AMR18/001/2014/es

Bolivia: Una manifestante agredida mientras la policía hace caso omiso (AMR 18/001/2013),
www.amnesty.org/es/library/info/AMR18/001/2013/es

Bolivia: Las autoridades bolivianas deben investigar completamente la tragedia en la cárcel de Palmasola (AMR 18/004/2013),
www.amnesty.org/es/library/info/AMR18/004/2013/es

 
 

 
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