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Febrero 2015
El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional
 
Todas y todos somos defensoras y defensores de derechos humanos
 
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Todas y todos somos defensoras y defensores de derechos humanos
Fecha: 18 de febrero de 2015
Fuente: http://mesadearticulacion.org/

Todas y todos somos defensoras y defensores de derechos humanos

Por Pablo A. de la Vega M.[1]

El pasado 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 53/44, mediante la cual la comunidad internacional incorporó a su amplio catálogo de instrumentos internacionales la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Declaración)[2], cuyo proyecto de resolución fue presentado por Noruega con el respaldo de alrededor de 60 países, entre ellos Ecuador.

Es así como en el seno de las Naciones Unidas se reconoció la legitimidad y el papel fundamental que desempeñan las y los defensores de derechos humanos y la urgencia de realizar esfuerzos especiales para protegerlos. Por tal razón, se definió a la “defensa de los derechos humanos” como un derecho en sí mismo y se reconoció a las personas que trabajan a favor de esos derechos como “defensoras y defensores de derechos humanos”.

No obstante, la labor de las y los defensores de derechos humanos, a favor de la lucha contra la pobreza, del fomento de la paz y la justicia, y la promoción de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, en innumerables ocasiones en América Latina y el Ecuador han sido sometidos a amenazas y acoso por agentes estatales y actores no estatales, cuyos resultados han sido graves restricciones a la libertad de asociación, de expresión o de reunión pacífica, y reiterados abusos en los procedimientos civiles o penales.

Desde la condena a Mónica Chuji a un año de prisión y a una multa de cien mil dólares, en noviembre del 2011, por llamar “nuevo rico” a un miembro del gobierno en la prensa[3], hasta la muerte de José Tendetza, síndico de la Comunidad Yaanua y ex vicepresidente de la Federación Shuar de Zamora, quien fue encontrado muerto el 2 de diciembre del 2014, a orillas del Río Zamora; pasando por la detención arbitraria e ilegal de Vicente Zhunio Samaniego, miembro de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, en enero del 2009; el procesamiento como autores de los delitos de sabotaje, terrorismo y homicidio a Pepe Acacho, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FCSH); Pedro Mashiant, presidente de la Junta Parroquial de Sevilla Don Bosco y presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales de Morona Santiago; y, Fidel Kaniras, miembro del Centro Shuar Sevilla Don Bosco; la detención y posterior acusación de sabotaje a Carlos Pérez, dirigente de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay; Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete; y, Efraín Arpi, dirigente de la Comunidad de San Joaquín, en mayo del 2010[4]; y, la detención, acusación y actual procesamiento por el delito de rebelión a Javier Ramírez, presidente de la Comunidad de Junín, en Íntag, es evidente que las acciones de la institucionalidad estatal y sus agentes son “disfuncionales” a los estándares internacionales de derechos humanos y a los principios y las normas constitucionales que establecen que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia.

Para sostener esta tesis, es pertinente reflexionar sobre el contenido de la Declaración, instrumento internacional para la protección del derecho a defender los derechos humanos.

No obstante, primero, es preciso reiterar la responsabilidad primordial del Estado ecuatoriano de proteger a todos los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción, incluidas las y los defensores de derechos humanos, según las obligaciones adquiridas como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y esa obligación es tanto positiva como negativa. Por un lado, el Estado ecuatoriano debe abstenerse de violar los derechos reconocidos por el Pacto y otros instrumentos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Y, por otro lado, debe proceder con diligencia debida para prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos consagrados en la Declaración.

Desde luego, la responsabilidad primordial ya mencionada incluye la obligación estatal de proteger a las y los defensores de derechos humanos de los actores no estatales. En la actual coyuntura ecuatoriana este enfoque tiene significa relevancia por la activa participación en la vida pública de múltiples empresas privadas nacionales o transnacionales, entre ellas las vinculadas a la extracción de recursos no renovables.

José Tendetza, dirigente shuar, presuntamente asesinado por su oposición a los proyectos mineros en la provincia de Zamora Chinchipe, habría acumulado ocho denuncias de EcuaCorriente S.A., empresa responsable del proyecto minero Mirador. Entre otras acciones de amedrentamiento, en el 2012, esta empresa habría ordenado derribar la casa y dañar los cultivos de Tendetza[5].

Sin embargo, a pesar del complejo andamiaje jurídico internacional que protege a las y los defensores de derechos humanos (y a sus familias), las intimidaciones, las amenazas, las detenciones arbitrarias, la vigilancia, el acoso administrativo y judicial, y las estigmatizaciones, por parte de las autoridades estatales, son frecuentes, por no decir “sistemáticas”. El movimiento social Yasunidos, creado en el 2013, es un claro ejemplo de esta afirmación.

Los Yasunidos se han autodefinido como pacifistas no violentos, apartidistas, no apolíticos, con herencia ecologista, animalista, feminista y pro derechos de los movimientos sociales históricos. Se constituyeron como movimiento social días más tarde de la firma del Decreto Ejecutivo Nº 74, de agosto 15 del 2013, mediante el cual se finiquitó la Iniciativa Yasuní-ITT y el Programa Fondo Yasuní[6], y se abrió la puerta a la explotación petrolera de la denominada “zona de mayor biodiversidad del planeta”, ubicada en un Parque Nacional, que fue declarado como Área Protegida, en julio de 1979, y como Reserva de la Biósfera, por la UNESCO, en 1989. Esta zona de reserva, además, incluye a la Reserva Étnica Waorani y a la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.

La postura pública y lícita, amparada en los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos, como la Declaración, para oponerse a la explotación petrolera del bloque 43, llamado ITT, conformado por los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini, y su llamado a una consulta popular[7], fue la razón para que la institucionalidad estatal sometiera a los Yasunidos a continuos mecanismos de presión y represión, de diverso orden, como el informe elaborado por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador, titulado “Recolección de firmas consulta popular explotación petrolera Yasuní ITT”, conocido por las organizaciones sociales y de derechos humanos, en noviembre del 2013.

Este documento demostró un seguimiento pormenorizado de todas las y los activistas y las organizaciones vinculadas a la campaña de recolección de firmas para la convocatoria a una consulta popular y, a decir del Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, expuso públicamente a las personas del colectivo Yasunidos, sometiéndolos a riesgos injustificados y a situaciones de miedo y temor[8]. Sobre este hecho concreto, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), solicitó al Ministro del Interior, José Serrano Salgado, que certifique que el documento en mención fue efectivamente elaborado por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, que haga público los argumentos jurídicos para elaborar este tipo de documentos y que en caso de ser un documento oficial haga conocer el uso de esta información. Nunca se recibió  respuesta oficial alguna.

Esta breve mención de algunos de los casos relevantes de preocupación del movimiento nacional e internacional de derechos humanos, sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, permite sostener la importancia de analizar y reflexionar sobre el alcance y la dimensión de la Declaración. Para la ex Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya[9], los derechos específicos de las y los defensores de derechos humanos que los Estados deben respetar, proteger y garantizar, son los siguientes:

1.- El derecho a la libertad de reunión que incluye varias formas de reunión que van desde una reunión dentro de una residencia particular hasta reuniones y conferencias en lugares públicos, manifestaciones, vigilias, marchas, huelgas y otros tipos de reuniones, ya sea en interiores o al aire libre, con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos.

2.- El derecho a la libertad de asociación que incluye el derecho de las personas a interactuar y organizarse entre sí para expresar, promover, perseguir y defender colectivamente sus intereses comunes. Para Manfred Nowak, la libertad de asociación se encuentra en un ámbito en que los derechos civiles y políticos se superponen[10]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha subrayado que el artículo 16 de la CADH establece el derecho de toda persona a formar y participar libremente en organizaciones, asociaciones y grupos no gubernamentales orientados a la vigilancia, denuncia y promoción de los derechos humanos[11].

3.- El derecho a acceder y a comunicarse con organismos internacionales que también se encuentra en los Protocolos Facultativos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), mediante una disposición específica que solicita a los Estados Parte que tomen todas las medidas apropiadas para garantizar que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos o intimidación por comunicarse con los órganos de fiscalización de los respectivos instrumentos. De igual manera, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (CAT) establece que ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará ninguna sanción contra ninguna persona u organización por haber comunicado al Subcomité para la Prevención o a sus miembros cualquier información; asimismo, ninguna persona u organización sufrirá perjuicio alguno[12].

4.- El derecho a la libertad de opinión y expresión es otro de los derechos consustanciales a la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos. La CorteIDH ha manifestado que la libertad de expresión, “es un derecho fundamental en el desarrollo de una sociedad democrática, es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también “conditio sine qua non” para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. El derecho a la libertad de opinión y de expresión se conforma por tres elementos diferentes: a) el derecho a tener opiniones sin interferencia; b) el derecho a buscar y de recibir información, o el derecho al acceso a la información; y c) el derecho a difundir informaciones e ideas de toda índole.

5.- El derecho a la protesta que se basa en el reconocimiento y la protección de una serie de derechos que incluyen la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y los derechos sindicales, en particular el derecho de huelga.

6.- El derecho a desarrollar y debatir nuevas ideas sobre derechos humanos que es una disposición importante para el desarrollo continuo de los derechos humanos. Este derecho puede ser visto como una extensión del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la libertad de asociación, que están protegidos por la Declaración, así como por otros instrumentos regionales e internacionales.

7.- El derecho a un recurso efectivo que en el marco de la Declaración, esta obligación implica que el Estado debe garantizar, sin demoras indebidas, una investigación pronta e imparcial de las presuntas violaciones, el enjuiciamiento de los autores independientemente de su estatus, el otorgamiento de una reparación, incluida una indemnización adecuada para las víctimas, así como la ejecución de las decisiones o sentencias. Cuando no se procede de esta manera, con frecuencia se repiten los ataques contra las y los defensores de los derechos humanos y se siguen violando sus derechos.

8.- El derecho a acceder a recursos, es decir la capacidad de solicitar, recibir y utilizar fondos, como un elemento inherente al derecho a la libertad de asociación. De acuerdo con la Relatora Especial, “para que las organizaciones de derechos humanos puedan realizar sus actividades, es indispensable que se les permita desempeñar sus funciones sin impedimentos, entre los que cabe mencionar las restricciones a su financiación”.

En cuanto al origen de los fondos, la Declaración protege el derecho a recibir financiamiento de diferentes fuentes, incluyendo la financiación extranjera. De acuerdo con la titular del mandato, habida cuenta de los limitados recursos que disponen las organizaciones de derechos humanos a nivel local, los requisitos legales de contar con una autorización previa para recibir fondos internacionales han afectado gravemente a la capacidad de los defensores y las defensoras de los derechos humanos para llevar a cabo sus actividades.

Esta descripción de las obligaciones emanadas de la Declaración, sin la menor duda, someten al Estado ecuatoriano y a su institucionalidad pública a un constante escrutinio público para que respete, proteja y garantice los derechos de las y los defensores de derechos humanos, representados en activistas sociales, dirigentes sociales, líderes indígenas y comunitarios, sindicalistas, voceros de la comunidad GLBTI, líderes feministas y miembros de ONG, que todos los días trabajan a favor del desarrollo, la justicia, el medio ambiente o los derechos de la naturaleza.-

Quito, febrero del 2015



[1] Coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y coordinador del Área de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM).
[2] Véase: Resolución 53/144, Documento ONU: A/RES/53/144, de marzo 8 de 1999.
[3] Amnistía Internacional, Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de derechos humanos en América, Madrid, EDAI, 2012, p.21.
[4] Amnistía Internacional, “Para que nadie reclame nada”: ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? (Índice AI: AMR 28/002/2012).
[5] Véase: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/muerte-jose-tendetza-la-ley-del-silencio/pagina/0/1
[6] Véase: http://suia.ambiente.gob.ec/web/yasunitransparente/declaratoria; y, http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/2013-08-15-AnuncioYasuni.pdf
[7] Véase: Art. 407 de la Constitución de la República: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.
[8] Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, Estrategias de represión y control social del Estado ecuatoriano. ¿Dónde quedó la Constitución? Caso Yasunidos, Quito, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Enero 2015, pp. 58 y 59.
[9] OACDH, Comentario acerca de la Declaración sobre defensoras y defensores de los derechos humanos, Bogotá, Guatemala y México DF, Julio 2011.
[10] Nowak, Manfred, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, Comentario al PIDCP, 2ª edición revisada, N. P. Engel, 2005, p. 496.
[11] El Decreto Ejecutivo Nº 16 es una norma secundaria que ha sido sujeta a un detenido análisis a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que estaría restringiendo el derecho a la libertad de asociación  y el de reunión pacífica establecidos en la Declaración. En la actualidad, se encuentra sometida a tres acciones públicas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional sin que exista un pronunciamiento oficial de este máximo órgano de justicia constitucional.
[12] Sin embargo, en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la opinión pública ecuatoriana ha sido testigo de las descalificaciones, las estigmatizaciones y los amedrentamientos provenientes de altas autoridades gubernamentales en contra de quienes han participado en los períodos de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington DC.


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