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El Estado continúa violando los derechos laborales
 
07 de noviembre de 2011
Fuente: Programa Urbano - Unitas
   
Nota de prensa

 

El Estado continúa violando los derechos laborales

La Gobernación de Beni despidió a 400 trabajadores del ex - Sepcam

Como en los peores tiempos de la flexibilización laboral y la relocalización minera, el Estado continúa violando los derechos laborales de los trabajadores, esta vez se trata de aproximadamente 400 trabajadores del ex Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam) de Beni. En este marco, organizaciones laborales tienen una propuesta para mejorar la situación actual de los derechos laborales en el país.

La Paz 7 de noviembre de 2011.- A pesar de que, a nivel nacional como internacional existe una serie de normas que resguardan los derechos laborales, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Económicos Sociales y Culturales, pasando por los 47 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptadas por el Estado boliviano, además de la Ley General del Trabajo y la propia Constitución Política del Estado; en Beni bastó un simple decreto departamental (02, del 30 de junio de 2010) para echar a la calle a aproximadamente 400 trabajadores del Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam).

El argumento que utilizó en ese entonces la Gobernación de Beni fue que, en el marco de la Ley de Autonomías y Descentralización, el Sepcam debía cambiar de razón social y convertirse en Servicio Departamental de Caminos (Sedcam). "Pero al hacerlo se ha dejado de lado la garantía constitucional de la estabilidad laboral y el fuero sindical de los trabajadores dependientes de esta institución", argumenta el abogado y secretario de Derechos Humanos de la Central Obrera Departamental de La Paz, José Luis Campero, quien brinda asesoramiento jurídico a este caso.

La demanda

De esos 400 trabajadores que fueron despedidos, 20 iniciaron la demanda contra el ex Sepcam; 18 de ellos recibieron indemnización, concluyendo así su relación laboral con la institución. Mientras que dos de ellos aún no han sido indemnizados ni restituidos a sus fuentes laborales.

"Pedimos la anulación del decreto 02/2010 y que el Ministerio del Trabajo le instruya al gobernador la restitución inmediata a nuestras fuentes de trabajo", señala Víctor Hugo Torres, secretario de Actas de la Central Obrera Departamental de Beni y uno de los trabajadores despedidos del ex Sepcam, "…se ha procedido conforme a lo que establece el D.S. 0495 que modifica, en parte, el D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006 (…), que señala que cuando el despido es injustificado, el Ministerio de Trabajo conminará a la reincorporación del trabajador y, si el empleador se resiste a reincorporarlo, éste podrá interponer la acción constitucional correspondiente, que en este caso es la acción de amparo constitucional", argumenta Campero.

Fuero sindical

En el caso de Víctor Hugo Torres, además de que se han violado su derecho a la estabilidad laboral y al pago de beneficios sociales, también se ha violado su derecho al fuero sindical, un precepto constitucional de cumplimiento obligatorio, "el cual no solo garantiza la estabilidad laboral de todo trabajador que ejerce la dirigencia sindical, sino de la inamovilidad laboral y de cualquier proceso en su contra por actos inherentes a la responsabilidad", puntualiza el abogado.
"En el caso del ex Sepcam, el gobernador ha conculcado este derecho, despidiendo a trabajadores que ejercen la dirigencia sindical, con un simple decreto departamental, que en ningún caso puede estar por encima de la Constitución Política del Estado", añade.

Pero además de estos derechos se violaron también los derechos a la seguridad social, ya que el ex Sepcam no hizo efectivo el depósito respectivo para que los trabajadores accedan a los seguros de salud, pagos a las AFP, entre otras cosas, según denunció Torres.

La ruptura entre la norma y la práctica

Esta es solamente una muestra del divorcio que existe en nuestro país entre lo establecido en las normas laborales y la realidad, traducida en prácticas empresariales y estatales, contrarias a los derechos laborales, dando como resultado la violación sistemática de los derechos.

En este marco, según el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas existe una gran contradicción al interior del Estado (gobierno central, gobernaciones y municipios) porque:

  • Desconce la legislación laboral vigente, se rige en el Estatuto del Funcionario Público, la Ley de Municipalidades en su régimen social, la Ley SAFCO, la Lay Marco de Autonomías.
  • Promueve y adopta la figura de servidor público como negación de una relación laboral.
  • Promueve contratos civiles y de consultoría en línea e individuales en el sector de salud y en la administración pública.
  • Desconoce los derechos laborales colectivos: sindicalización, huelga y negociación colectiva
  • Penaliza la huelga en salud y educación.

En el caso del ex Sepcam, el Estado en su nivel departamental desconoce las leyes vigentes y los compromisos asumidos al violar los derechos de aproximadamente 400 trabajadores.

Según datos del CEDLA, en nuestro país, se da una sistemática violación de los derechos laborales, entre los cuales podemos citar:

  • El derecho al trabajo es constantemente vulnerado, ya que el desempleo el 2006 era de 11.5%; el 2007 de 9.5%; el 2008 de 10.2% y para el 2009 alcanzó al 11%. Y a pesar de que esta cifra bajó el 2010 a 8.8%, entre los jóvenes de 20 a 24 años se registró un 15.8% de desempleo.
  • Otro de los derechos más vulnerados es el de la estabilidad laboral, pues solo el 40.7% de los empleos son estables, en tanto que el 59.3% son a contrato o eventuales.
  • Existe una persistencia de despidos injustificados e intempestivos, los mismos que se dan sobre todo en la administración pública: gobiernos municipales, departamentales, además en los sectores de salud e industria.
  • La estabilidad laboral está condicionada a contratos atípicos, recontrataciones, presupuestos arbitrarios y terciarización laboral.
  • Por otro lado existe una desprotección laboral, ya que solo el 36,7% de los trabajadores aporta al sistema de pensiones, mientras que el restante 63.3% no lo hace.

Una propuesta desde las organizaciones

El Programa Urbano de la Unión de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), tiene como finalidad generar acción política organizada en la población urbano-popular de las ciudades del país. Como producto de la línea de incidencia, se ha diseñado colectivamente la estrategia de exigibilidad de este caso con el apoyo de los participantes del Curso FIEDESC, realizado en el mes de junio.

Con el objetivo de elaborar una propuesta, destinada a mejorar el actual contexto de los derechos laborales, UNITAS organizó el Foro Urbano sobre Derechos Laborales en las ciudades. El evento, que se realizó en Trinidad la semana pasada, contó con la participación de representantes de la Central Obrera Bolivia (COB), de la Central Obrera Departamental de Beni, el analista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas y organizaciones laborales y sindicales de todo el país.

En este espacio de análisis y debate se construyó la siguiente propuesta, que será presentada a las autoridades correspondientes, con la finalidad de que sirva de base para mejorar la política pública en el marco de los derechos laborales:

1. La lucha por el cumplimiento y ejercicio de los derechos laborales es la lucha de los trabajadores por la transformación de la sociedad capitalista actual que oprime a la clase obrera en general.

2. El proyecto de nueva ley de Trabajo y otros vinculados con los derechos de los trabajadores sea en consenso con los trabajadores.

3. La designación de los jefes departamentales de Trabajo sea en base a personas propuestas por las organizaciones laborales.

4. Exigir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado con relación al derecho al trabajo, los derechos laborales y los derechos humanos en general, con control obrero. En el mismo sentido, con relación a la legislación laboral vigente.

5. Necesidad de reactivar el aparato productivo en las diferentes regiones para posibilitar la generación de empleos y el cumplimiento de derechos.

6. Industrialización de los recursos naturales del país a fin de generar recursos para fomentar actividades económicas sostenibles y empleos con derechos.

7. Exigir un mayor número de inspectores de trabajo en los departamentos y regiones del país a partir de criterios que permitan compromiso y servicio al cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

8. Con relación al derecho al trabajo, el Estado debe promover la protección y fomento de las actividades familiares y artesanales, como en el caso de los tejeros del Beni.

9. Persistir en la lucha por un salario que permita cubrir todas las necesidades básicas de los trabajadores y beneficie a todos los trabajadores sin discriminación.

10. Exigir la incorporación de los trabajadores (y sus familias) de las estancias ganaderas, trabajadores asalariados del campo, zafreros de la castaña, zafreros de la caña de azúcar y funcionarios públicos a la legislación laboral vigente, constituyendo sindicatos.

11. Exigir el pleno ejercicio del derecho a la sindicalización de los trabajadores en todos los sectores y actividades económicas.

12. Por mandato del foro, exigir dejar sin efecto las disposiciones departamentales que emanen de las gobernaciones (Beni) que vulneren derechos laborales de los trabajadores de caminos reconocidos en la Ley 3613 y que contravengan la CPE.

 

 

 
 
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