La Paz, 18 de noviembre de 2008.- La intención del Gobierno del MAS de restaurar la reserva fiscal no modificará sustancialmente la orientación del Código Minero vigente, porque no afectará las concesiones pre-constituidas; al contrario, reforzará el liderazgo del capital transnacional, señala el Boletín Informativo del Observador Boliviano de Industrias Extractivas (OBIE), publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
El estudio publicado por el OBIE, en octubre pasado, ha llegado a esta conclusión a partir del análisis de la política minera del MAS, las concesiones mineras realizadas durante y antes de su administración, así como las reformas al Código Minero.
En este documento se afirma que: “la declaratoria de reserva minera no afectó la explotación de los grandes yacimientos mineralógicos, concedidos al sector minero, pues el Gobierno garantizó respetar las inversiones, los contratos de riesgo compartido y los arrendamientos, incluidas las concesiones cedidas a las cooperativas”.
Más aún, “la declaración de reserva fiscal no ha sido impedimento para la entrega de los yacimientos del Mutún a la transnacional Jindal Steel & Power”, añade el estudio.
En términos generales, según el OBIE, el Estado –que originalmente era el propietario de la tierra y receptor de la renta, desde la puesta en vigencia del Código de Minería de Sánchez de Lozada– continúa siendo desplazado de la producción y convertido en simple administrador de contratos de riesgo compartido.
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