Cierran cuatro distribuidoras de GLP por irregularidades

La Paz, 16 Nov (Erbol).- El Superintendente de Hidrocarburos informó este domingo que cuatro distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) fueron clausuradas por promover el contrabando de este carburante.

El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa informó en el programa Hagamos Democracia de la Red Erbol que son 40 los convenios interinstitucionales firmados entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Superintendencia de Hidrocarburos, los Gobiernos municipales y las centrales y subcentrales campesinos; quienes ejercen un control riguroso contra el contrabando en distintos puntos del país.

“Ya casi hemos llegado a los 40 convenios que ayudan a evitar el contrabando, tienen que pasar siete anillos para intentar sacar carburantes del país, además que en las fronteras de acuerdo de las necesidades planteadas en asambleas”, dijo Aruquipa.

El Superintendente de Hidrocarburos señaló que son cuatro las distribuidoras de GLP que fueron clausuradas, en estos dos últimos meses.

“Las distribuidoras son Santiago, Manco Kapac, Suchis, y AROGAS que han sido clausuradas definitivamente por contribuir con el narcotráfico”, indicó Guillermo Aruquipa.

Además, aseveró que el Decreto Supremo 29778 norma las sanciones contra los contrabandistas permitiendo que las mismas sean aplicadas de forma más acelerada.

“Cualquier persona que sea encontrada violando este decreto pesará sobre ella las sanciones correspondientes, que están entre la incautación de los carburantes y su inmediata comercialización, hasta la cárcel”, enfatizó el Superintendente de Hidrocarburos.

Guillermo Aruquipa evaluó la aplicación del Decreto Supremo 29778 de manera positiva.

“Evaluando los tres días de la aplicación del Decreto que se lanzó la pasada semana, se ha normalizado la distribución de GLP”, concluyó Aruquipa.

El Gobierno emitió el Decreto Supremo que se sanciona el contrabando de combustibles bajo las penalidades establecidas por la Ley 1008, que sanciona el tráfico de sustancias controladas, que a su vez dispone que los infractores podrán ser sancionados hasta con 25 años de prisión.