Comisión de Unasur concluye que en Porvenir hubo masacre
La comisión de Unasur entrevistó a al menos 60 personas de diversos sectores.
La comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que investiga los hechos violentos en Pando concluyó que el 11 de septiembre hubo una masacre en la localidad de Porvenir y que el número de muertos, 18 según la información recabada en la zona, podría ser mayor.
La misión de investigación fue formada el 15 de septiembre por los presidentes que integran el bloque regional. Inició la indagación sobre los hechos en Pando el 15 de octubre. Ayer, sus integrantes informaron que concluyeron su trabajo, por lo que preparan un informe para fin de mes.
Durante su permanencia en Bolivia tomó declaraciones a al menos 60 personas, tanto en Pando, La Paz, Brasil y Beni.
El representante de esa misión, Rodolfo Mattarollo, explicó que esta comisión concluyó que el 11 de septiembre hubo una masacre en Porvenir sobre la base del protocolo de Naciones Unidas, el cual indica que una situación de este tipo se presenta cuando hay “privación ilegal de la vida de tres o más personas en el mismo acto, en el mismo acontecimiento. Estamos evidentemente ante un fenómeno de esa naturaleza. Efectivamente nosotros consideramos que hubo una masacre”.
Sin embargo, aclaró que las características y el marco en el que ocurrieron esos hechos serán conocidos por el informe que será presentado a fin de mes a la presidenta de Chile y titular de Unasur, Michelle Bachelet.
Sobre la cantidad de personas que perecieron en aquellos luctuosos acontecimientos, el representante internacional explicó que la comisión tiene una lista de 18 muertos, pero “pensamos que puede haber más víctimas por las circunstancias del río” Tahuamanu, es decir, hubo gente que huyó por ese caudal, de la que no se sabe si retornó a su comunidad o fue arrastrada por la corriente tras la balacera.
Mattarollo explicó que para dar con esos pobladores y para recoger los testimonios sobre lo ocurrido en Porvenir se trasladaron a comunidades que están fuera de la jurisdicción pandina, es decir, a Beni, más propiamente a Riberalta.
Aclaró que tuvieron que ir a ese departamento porque “hay personas que han ido de (una) distancia considerable a Pando”. Con esta versión, el experto confirmó que los movimientos sociales movilizaron a Cobija a campesinos de otras regiones.
Mattarollo explicó que antes de presentar el documento en conclusiones seguirán buscando datos de las personas que pueden estar desaparecidas.
El representante de la comisión de Unasur no quiso anticipar criterio respecto de los posibles responsables de los hechos en la localidad de Porvenir.
Explicó que aunque en determinado momento la discusión en la misma comisión estuvo referida a si el informe final iba a incluir nombres de posibles autores sin entrar en el ámbito penal, se optó por señalar “responsabilidades ahí donde las encontremos porque es parte de la verdad”.
“Es material que nosotros hemos logrado obtener por testimonios directos. La fuente primaria son testimonios, ésa va a ser fuente principal de actividad junto a peritajes, pero en función de esas fuentes sacaremos nuestras conclusiones y se establecerán responsabilidad del nivel central, local, etcétera”.
Sobre el video en el que se observa a campesinos huyendo de las balas y que fue usado por el Gobierno en mensajes propagandísticos, el representante de la comisión informó que los peritos todavía no accedieron al máster de esa filmación y que necesitan el casete original para evaluarlo. No precisó por qué no pudieron acceder a la cinta original.
Durante la etapa de investigaciones, el experto explicó que uno de los elementos que llamó la atención de la comisión es la “impresionante pasividad de las fuerzas policiales que aparece de manera patente en documentos audiovisuales y será uno de los problemas que tendremos que atacar en informes”.
La declaración de testigos también permitió a la comisión de Unasur establecer que durante los hechos de Porvenir no hubo participación extranjera.
Luego de los sucesos de Porvenir, el Gobierno denunció la presencia de sicarios brasileños y peruanos en la matanza, mientras que la oposición dijo que cinco venezolanos murieron en esos acontecimientos, versión que incluso fue difundida por un medio de Venezuela.
Según Mattarollo, no encontraron “un solo testigo que nos haya dado elemento cierto, verosímil, creíble de la participación extranjera”.
Entre las recomendaciones de la misión de Unasur también estará el hecho de que el Gobierno debe consolidar el Estado de derecho y el respeto a las instituciones, pues considera que la solución a este tipo de problemas reside en el refuerzo institucional, principalmente de los órganos de justicia, para que no haya impunidad.
Se dilata el plazo para el traslado del ex Prefecto
El plazo para que el gobernador del penal de San Pedro, coronel Manuel Guzmán, cumpla con el traslado del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández a Sucre se dilata por al menos 48 horas más.
La autoridad penitenciaria interpuso la semana pasada un recurso de complementación y enmienda ante el Tribunal de Hábeas Corpus de la Corte de Distrito de Chuquisaca, que ordenó el traslado de Fernández a Sucre para que sea puesto a disposición del fiscal general, Mario Uribe, a quien también conminó a asumir competencia en ese caso.
La vocal de esa Sala, Elena Lowenthal, informó ayer que se resolvió rechazar la solicitud de aclaración y se ratificó el fallo emitido el lunes de la anterior semana. Explicó que una vez que el gobernador del recinto penitenciario sea notificado con esa resolución, correrá el plazo de 48 horas para que se proceda con el traslado de la ex autoridad a la capital.
El lunes de la anterior semana, la Sala Penal Tercera de la Corte de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Hábeas Corpus, declaró procedente un recurso que fue presentado por la defensa del ex Prefecto.
Al principio, el fiscal Uribe se negó a dar cumplimiento al fallo alegando no tener competencia en ese caso, pero cambió de opinión y ayer reiteró que cumplirá la orden judicial en el marco estricto de la ley.
El viceministro de Justicia, Wálter Chávez, sostuvo que la Corte de Distrito de Chuquisaca agrava la desinformación en torno a este caso, porque en lugar de responder a la solicitud de complementación y enmienda que hizo el gobernador Guzmán, pretende imponer una jurisdicción, a pesar de que el Fiscal General determinó que esta investigación está en la vía ordinaria.
Entretanto, la esposa del ex Prefecto pandino, Pilar Soria de Fernández, y su abogada, Sandra Almanza, presentaron una denuncia contra el Gobernador de San Pedro ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, presidida por Luis Vásquez (Podemos), en la que solicitaron que se sancione a esa autoridad policial.
El legislador aclaró que la única facultad que tiene su comisión es la de fiscalizar, por lo que no descartó convocar a Guzmán para que preste un informe ante esa instancia legislativa.
Detalles
La comisión de Unasur llegó al país en dos ocasiones, una de ellas fue en septiembre.
La primera vez, sin embargo, fue una visita informal, para reconocer el terreno.
Las investigaciones comenzaron el 15 de octubre en La Paz, Pando, Brasil y Beni.
El representante de esa misión, Rodolfo Mattarollo, resaltó la celeridad en la indagación.
También destacó la “imparcialidad” en su trabajo porque incluyó a todos los actores.
Entre los entrevistados estuvo el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
La misión también se trasladó a Brasil, adonde huyeron pobladores de Pando.
Otro de los entrevistados fue el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La comisión elaborará una base de datos sobre violación de derechos humanos.
El informe será entregado a la presidente de Chile y de Unasur, Michelle Bachelet.
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