Denuncia contra los cívicos fue presentada antes de firmarse el acuerdo del 16 de septiembre

La Paz, 2 Oct (Erbol).- El viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, informó este jueves que la denuncia contra los dirigentes cívicos por los delitos de terrorismo y sedición, fue presentada antes de la firma del documento base para instalar el diálogo y construir un gran acuerdo nacional entre el gobierno y los prefectos.

Gamarra, en declaraciones a la Red Erbol, señaló que el 10 de septiembre el Ejecutivo presentó ante el Ministerio Público una demanda contra Jorge Vaca Ortiz y otros, por una presunta participación en el atentado contra el gasoducto Yacuiba – Río Grande a la altura de El Palmar.

“Los actos políticos que sean de oposición al gobierno, como marchas, bloqueos y otros son admitidos en democracia. Soy muy opositor al señor Tuto Quiroga, puedo discutir con ideas, pero otra cosa es que le ponga una bomba a su auto”, ejemplificó el funcionario al referirse al atentado terrorista que dejó un pérdida económica al estado de por lo menos 100 millones de dólares según el reporte de YPFB.

El Viceministro de Gobierno denunció que al promediar la una la mañana del 10 de septiembre, Jorge Vaca Ortiz, junto a otros ciudadanos, tomaron físicamente la planta de gas en la región de Vuelta Grande, inmediatamente después se trasladaron a la zona de El Palmar para que a la cinco de la mañana dinamitaran una válvula del ducto.

“En consecuencia es un hecho delictivo, era una manifestación delictiva el 10 de septiembre. Se presentó ante el Ministerio Público la denuncia por los hechos de terrorismo y sedición”, sostuvo.

El 16 de septiembre la Fiscalía intentó entregar una citación a Vaca, éste no quiso recibir el comparendo, y el 19 de septiembre, a petición de la parte denunciante, se solicita la ejecución del mandamiento de aprehensión, que se ejecuta 10 días después y el 30 de septiembre se aprehende al denunciado, relató.

Gamarra aseguró que los prefectos opositores no tienen conocimiento de las actividades del ahora detenido en la cárcel de San Pedro por orden del Juez Quinto de Instrucción en los Penal y persuadió a las autoridades departamentales a no ser cómplices de actos delincuenciales.

“Debemos ser justos y mesurados, ellos (los prefectos) cuestionaron la detención sin tener conocimiento sobre los hechos, los procedimientos”, enfatizó a tiempo de señalar que los prefectos se convierten en cómplices al defender al acusado y descartó que las acciones emprendidas sean una persecución política.