Date: Fri, 19 Sep 2008 18:42:05 -0400
Sobre tres escenarios posibles, pero no del todo confiables
Enviado por Indy La Paz el Vie, 19/09/2008 - 16:23.
• Análisis
• Comunicación Alternativa
San Julián movilizado
Tres escenarios marcan el actual proceso que atraviesa Bolivia: el de la política, la justicia y el social. En el plano de la política se lleva adelante el diálogo entre el gobierno del presidente de Evo Morales y el bloque de prefectos de la media luna con dos novedades: el bloque perdió al aliado de Pando. Lo que no se hizo en el referéndum revocatorio, lo hizo el propio prefecto al borrarse del escenario por sus propios errores y delitos. La otra novedad es que aparece en el diálogo la señora Savina Cuellar, prefecta de Chuquisaca, como invitada de piedra, sin tener mucho que decir ni proponer...
En este diálogo político se conformaron tres comisiones que deben trabajar arduamente para resolver el tema de quién dispone de los recursos obtenidos por impuestos de los hidrocarburos, si el Estado o las prefecturas. Supuestamente este era el tema mayor, motor de las medidas de presión, con robo y saqueo de por medio, que las prefecturas, los cívicos, los grupos de choque y paramilitares llevaron adelante en las últimas semanas. En lugar de esto, toma mayor trascendencia la situación de la Nueva Constitución Política del Estado que incluye las autonomías y que la media luna —ahora menguante— pretendía compatibilizar con los estatutos autonómicos. Esto ya no será tan posible, porque el diálogo se encuentra cercado por las organizaciones sociales que dicen que “no permitirán” ninguna modificación al nuevo texto sin antes aprobarlo en un referéndum popular.
Aparte, el escenario del diálogo está totalmente “observado” por representantes internacionales de varios países suramericanos que dieron al presidente Morales un respaldarazo incluso con la expulsión del embajador de EEUU de Bolivia. Además hay personeros de una Comisión Europea, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas. A nivel interno, el gobierno desplazó a la iglesia católica de su lugar privilegiado y convocó también a la metodista y evangelista, así como a los presidentes de ambas cámaras congresales, entre otros. De tal modo que no habrá lugar para las bravuconadas vacías de sentido, tan típicas de los prefectos de hoy.
El cerco al diálogo
Así trabajan las comisiones en Cochabamba, donde miles de compañeros movilizados se encuentran a su alrededor alertas a que este intento no fracase en su propósito y porque cierta desconfianza ronda a los negociadores políticos. Las organizaciones sociales han decidido mantener esta medida, entre las cuales se encuentran de campesinos, productores de hoja de coca y mineros cooperativistas.
Pero el otro escenario social de presión es el departamento de Santa Cruz donde también se encuentran movilizados los colonizadores, campesinos e indígenas, además de la gente que habita en el Plan 3 Mil, quienes amenazaron con mantener el cerco a la capital en estos días cuando pretenden llevar a destiempo la Feria Internacional de los empresarios.
Desde el norte cruceño, partieron contingentes de marchistas de Yapacaní, Buena Vista y San Carlos con el objetivo de llegar a Warnes e ir sumando gente a su paso. Por el lado este se encuentran movilizados en San Julián y Cuatro Cañadas; y desde el sur partieron marchistas de Vallegrande, Mayrana El Torno y otras comunidades, concentrándose en Mora.
Entre todos se coincide en exigir la restitución de las instituciones públicas saqueadas y robadas; la investigación y juzgamiento de los hechos delincuenciales de violencia; la censura a los medios de información que distorsionan la verdad y, en algunos casos, se exige la renuncia del prefecto Rubén Costas. En el fondo también se trata de un reclamo de indignación por la secuencia de humillación que ha sufrido la población migrante en el oriente una vez advertida la toma silenciosa, pero laboriosa de ese territorio por la cultura colla.
La justicia bajo toda sospecha
Paralela y curiosamente, la justicia ha actuado de manera acelerada aunque no sin errores y contradicciones evidentes. A una semana de la masacre de Porvenir el principal sindicado por asociación delictuosa, asesinato y terrosimo, el todavía prefecto de pando Leopoldo Fernández, se encuentra tras la rejas en el penal de San Pedro. De ahí seguirá el proceso que seguramente será largo y sinuoso, aunque no se puede confiar en los administradores de justicia pues suelen sorprender con fallos a favor de los acusadores y no de los acusados.
Así pasó en la Fiscalía General de la República donde el fiscal, Mario Uribe, lanzó un requerimiento contra Fernández pero también contra Miguel Becerra, ex alcalde de Cobija y Abraham Cuellar, senador pandino por Unidad Nacional. La inclusión de estas personas es injustificada cuando fueron las primeras en pronunciarse por un juicio contra Fernandez al conocer los hechos del 11 de septiembre. Además Cuellar es conocido defensor de la Amazonia quien trabajó durante años junto a las organizaciones campesinas e indígenas, motivo por el cual le quemaron su vivienda y lo persiguieron los grupos de poder del norte amazónico.
Por otra parte, cayó cuando menos incomprensible el reciente comunicado del Poder Judicial desde Sucre donde se pide al presidente Morales, a nivel institucional, que levante el estado de sitio en Pando cuando sus atribuciones indican administrar la justicias y no opinar sobre las medidas del gobierno. Con todo, se espera que el proceso judicial avance su curso de la manera más transparente posible, porque hasta ahora el pueblo exige justicia, no venganza. No vaya a ser que la inoperancia y la corrupción rebasen los límites de la paciencia y el dolor, y la gente quiera hacer justicia con sus propias manos.
Entre tanto, los militares no deben cesar en la búsqueda de los desaparecidos y posibles cadáveres, que contribuyan a la investigación de los sucesos, como ocurrió ya con la aparición de un hombre y un niño, aumentando el número de fallecidos a 16.
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