Desconocidos lanzaron cuatro bombas caseras molotov a las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en Santa Cruz este miércoles 13 de agosto al promediar las 18.30. Otras tres bombas explosionaron en el interior de un domicilio vecino y dos más en la acera del frente. Los responsables del atentado se dieron rápidamente a la fuga en un vehículo de color rojo que los esperaba.
Efectivos de la Policía Nacional atendieron los llamados de los alarmados vecinos una hora después y ahora son responsables de la investigación y el esclarecimiento del repudiable atentado.
No es la primera vez que el CEJIS sufre agresiones de este tipo, al igual que otras instituciones como el CIPCA, ALAS, PASOC y Derechos Humanos que trabajan en la región desde hace varios años en defensa de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas de Santa Cruz y del país.
El último atentado contra el CEJIS con bombas molotov ocurrió la madrugada del sábado 17 de noviembre de 2007, cuando un grupo de violentos, amparados en la oscuridad, arrojó dos bombas. En esa oportunidad, la intervención del sereno evitó daños materiales mayores.
El atentado de este miércoles se produce dos días antes de la celebración de la histórica Marcha indígena por el Territorio y la Dignidad del 15 de agosto de 1990, que permitió abrir un camino de justicia e igualdad en el marco de la legislación nacional.
El hecho criminal ocurre en un complicado momento político y social luego del Referéndum Revocatorio del 10 de agosto, en el cual grupos radicales marginales pretenden sembrar y ahondar la intranquilidad e inseguridad, en franco desconocimiento de principios del Estado de Derecho, la pluralidad y la democracia.
Ante la situación de amedrentamiento, atentados y violencia, el CEJIS denunció a la opinión pública nacional e internacional el vandálico atentado de grupos violentos que pretenden sembrar el terror ignorando todo principio democrático.
Luego de 30 años de vida institucional de servicio incondicional a la democracia, a la justicia social, los derechos humanos y las libertades democráticas de indígenas, campesinos y la sociedad en general, ratificamos nuestro compromiso de continuar aportando al desarrollo de la región y el país pese a todas las adversidades, dice un comunicado del CEJIS.
La institución pidió a los actores sociales y políticos de la región y del país buscar la resolución de los conflictos por el cauce del verdadero diálogo en democracia, que fortalezcan la unidad y viabilidad de la institucionalidad y de las estructuras del Estado.
"Repudiamos y condenamos todo tipo de acto criminal e intimidatorio que atente contra los derechos fundamentales de las personas, las garantías constitucionales y la democracia. Pedimos a la Fiscalía del Distrito, a la Policía Nacional y a toda autoridad competente de la región y de Bolivia la investigación, esclarecimiento y sanción de ley a los autores materiales e intelectuales de este deplorable hecho delictivo", dice el comunicado.
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