El Defensor del Pueblo condena la represión policial en Cayhuasi y exorta a la solución pacífica de los diferentes conflictos

Frente a los hechos de violencia suscitados en la región de Cayhuasi, donde se suscitó hasta el momento la muerte de dos personas, condenamos la represión policial contra los trabajadores mineros que acarreó una consecuencia funesta con saldo de heridos y muertos.

El Defensor del Pueblo no desconoce la función constitucional que tiene la policía de resguardar el orden interno, sin embargo esa tarea debe cumplirse en el marco del respeto a los derechos humanos, particularmente preservando el derecho a la vida y la integridad de las personas, situación que en el presente caso no se previno.

Esas muertes no deben quedar en la impunidad y se impone una inmediata investigación a efecto de determinar responsabilidades, en aras de la sanción penal de los autores.

El país está experimentando una coyuntura extremadamente difícil por la convulsión social que se vive, circunstancia ante la cual, exhortamos a los dirigentes sindicales de la COB, Federación de Mineros, a extremar esfuerzos en aras de posibilitar una solución pacífica y consensuada respecto a su demanda planteada ante el gobierno.

Por otro lado, ante el surgimiento de otros conflictos en algunos departamentos, apuntalados por entidades cívicas y organizaciones juveniles, que dio lugar a la toma física de edificios públicos, bloqueo de vías y huelgas de hambre, insistimos en la necesidad de abrir espacios de diálogo que permita encontrar consensos y evite subsecuentes hechos de violencia.

La crítica situación que vivimos no puede agudizarse para culminar en una espiral de violencia que se torne irreversible.

Hacemos un llamado a poner en primer plano el respeto a la vida, a la paz y fundamentalmente a los intereses democráticos y patrióticos, aspecto que deben ayudar a preservar las fuerzas políticas de gobierno, oposición y los líderes sociales.

La Paz, 5 de agosto de 2008

WALDO ALBARRACIN SÁNCHEZ
DEFENSOR DEL PUEBLO DE BOLIVIA