Alex Contreras Baspineiro
ALAI AMLATINA, 05/08/2008, Cochabamba.- A cinco días de la realización
del referéndum revocatorio para el Presidente y Vicepresidente de la
República y también para ocho de los nueve prefectos del país, las
movilizaciones con el saldo de muertos y heridos, el enfrentamiento
entre bolivianos, los piquetes de huelga de hambre, el agravio a la
investidura presidencial y la incertidumbre reinan en el país, ubicado
en el corazón del continente latinoamericano.
Sectores radicales de la ultraizquierda y la ultraderecha se unieron,
con diversas demandas, para evitar la voluntad del soberano.
Hoy, en la población de Caihuasi-Oruro, el desplazamiento de los
efectivos policiales para despejar el bloqueo de caminos derivó en la
muerte confirmada de dos trabajadores mineros: Hernán Montero y Miguel
Vicente Alegre y más de una treintena de personas que resultaron
heridas, entre ellas dos uniformados.
Se investigan los hechos porque de acuerdo a informe forense se
utilizaron armas de fuego y se teme que ocurran más decesos.
Mientras que sectores de la educación, salud, minería, discapacitados y
otros realizan desde hace más de dos semanas violentas jornadas de
bloqueo de caminos y movilizaciones en torno a la demanda de una Ley de
Pensiones que plantea la Central Obrera Boliviana (COB), cerca de un
millar de representantes cívicos de la denominada “media luna”
iniciaron piquetes de huelga de hambre con el objetivo de exigir al
gobierno que deje sin efecto el descuento del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
“Lamentablemente nos encontramos ante un gobierno dictador. Los
trabajadores exigimos a todas las organizaciones laborales del país a
plegarse a la huelga general indefinida hasta que el gobierno apruebe
nuestra Ley de Pensiones sin ninguna modificación, porque mover un
dígito del proyecto y su estudio actuarial, sería retroceder”, afirmó
el secretario ejecutivo de la COB de Oruro, Jaime Solares.
Por los sucesos sangrientos ocurridos hoy, las medidas de presión en
diferentes puntos del país se radicalizan: fue dinamitado un puente en
la carretera hacia Cochabamba, quemaron un bus de transporte
interdepartamental, se apedreó un canal de televisión en Oruro, padres
de familia y estudiantes se enfrentaron con los maestros en poblaciones
vallunas y diversas actividades presidenciales están siendo paralizadas
por la presión regional.
“Creemos que la irresponsabilidad de algunos dirigentes está
conduciendo a estos hechos lamentables”, aseveró el Ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
“La huelga de hambre no tiene nada que ver con el referéndum
revocatorio, se trata de la recuperación de nuestros recursos y, por
eso, diariamente se irá masificando esta medida”, justificó Branko
Marincovik, uno de los dirigentes cívicos de Santa Cruz opositores al
gobierno y que impulsa las autonomías departamentales.
Desde hace dos semanas, en seis capitales de departamento del país se
suspendieron las labores escolares generando un perjuicio generalizado
para los escolares y los ingresos a algunas ciudades están
prácticamente interrumpidos por los bloqueos.
El Ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, lamentó en esta coyuntura “la extraña coincidencia” de las medidas de presión de los sectores
laborales con los cívicos y autonomistas.
“Es preocupante ver esta situación porque se entiende que los
trabajadores mineros son aliados del gobierno, pero ahora sus medidas
van en convergencia con la huelga de hambre instalada por cívicos de la
media luna”, dijo el ministro.
Presidente vetado
Bolivia, conmemora el 6 de agosto, su 183 aniversario de independencia
y, lamentablemente, atraviesa uno de los momentos más complicados
después de dos años y medio del Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural.
Históricamente todos los actos patrios se los realizaba en la casa de
la Libertad de Sucre, la Capital de la República; sin embargo, el
Presidente Constitucional de la República, Evo Morales Ayma, está
prohibido de pisar esa ciudad.
Desde Sucre, se anunció que si el Jefe de Estado “no pide perdón” por
los tres muertos y más de 400 heridos suscitados en la zona de La
Calancha cuando en noviembre del año pasado fue aprobado el proyecto de
la nueva Constitución Política del Estado “no se responsabilizaban de
lo que pueda pasar”.
La Prefectura y el Comité Interinstitucional de Chuquisaca
prácticamente borraron de los programas oficiales al Primer Mandatario
de la Nación y, en las últimas horas, el gobierno no tuvo otra alternativa que aceptar el veto.
Bajo el argumento de “evitar enfrentamientos entre bolivianos” el Poder
Ejecutivo, acató la prohibición y se quedó con ganas de conmemorar el
aniversario patrio en la Capital de la República.
Asimismo, hoy los presidentes de Argentina y Venezuela, Cristina
Fernández y Hugo Chávez y el anfitrión boliviano suspendieron a último
momento su arribo a la ciudad de Tarija, ubicada al sur del país,
debido a los violentos disturbios que fueron protagonizados por
sectores cívicos, universitarios y vecinales que se movilizaron para
evitar la llegada de los gobernantes, bajo la lógica que días antes del
referéndum revocatorio sólo son parte de una campaña electoral.
La cumbre tri-nacional tenía previsto firmar un acuerdo que inicie el
diseño de ingeniería conceptual y básica, los estudios económicos y
medio ambientales para la instalación de una planta de extracción de
licuables y la inauguración del proyecto petrocasas.
Pese al fuerte resguardo policial y militar, los sectores movilizados
rodearon el aeropuerto Oriel Lea Plaza de Tarija y, en más de una
oportunidad, se enfrentaron a los uniformados.
Desde que el Presidente de la República, Evo Morales Ayma, asumió la
Presidencia de Bolivia, 44 bolivianos y bolivianas fallecieron en
diversas
circunstancias: 22 en 2006, 10 en 2007 y 12 en esta gestión. Ninguno de
los casos fue esclarecido, existe total impunidad.
Intereses políticos
El domingo 10 de agosto en Bolivia se debe realizar el referéndum
revocatorio y/o ratificatorio para el Presidente y Vicepresidente de la
República y además para ocho de los nueve prefectos; la única que no se
somete a esta consulta popular es la prefecta de Chuquisaca, Savina
Cuéllar quien fue elegida a través del voto popular hace pocos días.
La determinación de asumir medidas de presión por los sectores
opositores al gobierno fue tildada de política y un intento de
perjudicar el revocatorio por el Poder Ejecutivo.
A los piquetes de bloqueo y huelga de hambre, se organizan marchas de
cacerolas vacías y otras medidas violentas por parte de los prefectos y
otras autoridades de Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y
Cochabamba, quienes están aglutinados en torno al debilitado Consejo
Nacional Democrático (CONALDE).
El Presidente Evo Morales Ayma, en una masiva concentración realizada
en la población valluna de Aiquile, manifestó que la mayoría de los
prefectos representan al viejo modelo neoliberal.
“Mario Cossío ¿quién era? Era presidente de la Cámara de Diputados, por
lo tanto, diputado de Sánchez de Lozada; Leopoldo Fernández era
senador, ministro de Tuto Quiroga, diputado de ADN y ahora prefecto de
Podemos ¿Quién era Manfred Reyes Villa? Aliado de Goni, de Bánzer, su
hermano era ministro de Goni, de Bánzer y de Tuto, era parte del equipo neoliberal”.La percepción del gobierno sobre las medidas de presión es clara porque
la consulta popular que ingresó en su etapa final debería convertirse
en una fiesta democrática y no en jornadas de violencia y luto.
Diversas informaciones dan cuenta que los sectores contrarios al
gobierno -tanto de la ultraderecha como de la ultraizquierda-
intentarán por todos los medios instalar un clima de violencia y
confrontación, entre bolivianos del campo y la ciudad, para tratar de
evitar el desarrollo normal del referéndum revocatorio.
¿Temor al pueblo?
Las últimas encuestas de diversas empresas coinciden en que el
Presidente y Vicepresidente de la República serían ratificados con más
del 54 por ciento de los votos; por lo menos tres de los ocho prefectos
prácticamente ya estarían revocados y, por eso, se oponen a la consulta popular.
Aunque en los últimos días, Bolivia vive un clima de confusión total de
cara al revocatorio, el próximo domingo será el soberano quien defina
la continuidad o no de sus autoridades.
En esta coyuntura particular de caos jurídico y legal, se impone la
decisión política: la Ley 3850 aprobada por el Congreso Nacional fue
cuestionada por diversos sectores por el contenido de la pregunta y los
porcentajes diferentes asignados a cada uno de los prefectos; la única
magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, recomendó
mediante un decreto que la consulta debería paralizarse; la Corte
Nacional Electoral y varias cortes departamentales determinaron
interpretar la ley y otorgar el porcentaje del 50 por ciento más uno a
todos los prefectos y se iniciaron procesos contra algunas autoridades,
tanto del oficialismo y de la oposición.
La única magistrada que queda en el Tribunal Constitucional fue elegida
en
2003 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y la mayoría de
las cortes departamentales, como Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz están
controladas por ciudadanos que amparan hechos ilegales y
anticonstitucionales como la realización de los referéndums sobre autonomías.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, fue acusado a un juicio por
genocidio por la Fiscalía de la República; el prefecto de Santa Cruz,
Rubén Costas, enfrentará un juicio de responsabilidades por sedición y
malversación y la magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia
Salame, será demandada por prevaricato y otros delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones.
Aunque siete de los ocho prefectos admitieron que están de acuerdo con
participar en el revocatorio y que sea el soberano quien defina su
futuro, existe uno, Manfred Reyes Villa de Cochabamba, que se resiste a
cumplir la ley y junto a diversos sectores reaccionarios impulsa la
autonomía departamental.
El Presidente de la República, Evo Morales Ayma, ante esa conducta
antidemocrática lamentó que el prefecto cochabambino se escape del referéndum.
“Quiero decirle a Manfred Reyes Villa que sea hombrecito y que se meta
al referéndum revocatorio y no esté escapando del pueblo boliviano”, afirmó.
Lo cierto es que en este país donde se construye un proceso de cambio,
existen sectores que no sólo son contrarios a la gestión de gobierno,
sino que como ocurrió en otros países se pretende debilitar, destruir y
corroer los pilares básicos de la democracia; en suma, se pretende
imponer a nombre de las autonomías, la “balcanización” parte de las
guerras indirectas…
- Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano, ex
vocero de gobierno.
alexadcb@hotmail.com
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