Política

La autoridad explica los ajustes concertados en la Ley de Autonomías y recuerda que las regiones tienen recursos para aplicar sus competencias.

Carlos Romero, ministro de Autonomía

Uno de los impulsores de la Ley de Autonomías es el ministro Carlos Romero. Él, en la siguiente entrevista, explica algunos aspectos de la norma, los ajustes realizados y la factibilidad económica de los entes autónomos para aplicar sus competencias establecidas en la Constitución Política del Estado.

—¿Cuáles son las principales modificaciones al proyecto original de la Ley Marco de Autonomías?

—Han sido cuatro elementos fundamentales, como la eliminación de la categoría de leyes de armonización, procedimiento que se había establecido para casos de dispersión legislativa autonómica. Esta categoría fue sustituida por las leyes de compatibilización, que en esencia es la misma, porque son normas que serán sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para casos de interés general. El otro tema tiene que ver con la clarificación de la ruta de los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, que en 2008 optaron por ser autónomos.

En función a los acuerdos de la mesa de concertación (en el tratamiento del proyecto de Ley Marco), el artículo 61 establece que las asambleas departamentales por dos tercios de votos deberán adecuar los estatutos a la Constitución y luego someterlos a control de constitucionalidad; a diferencia de esto, las asambleas departamentales de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, por dos tercios de votos, aprobarán los estatutos, luego los llevarán a control de constitucionalidad y a referendo.

El otro elemento tiene que ver con la disposición transitoria, que establece que los ministerios de Autonomía y Economía deben hacer estudios técnicos con base en el Censo de 2011 para proyectar un pacto fiscal.

Luego se destaca la eliminación de algunas potestades en el Servicio Estatal de Autonomías, referidos a dictámenes técnicos para las asignaciones económicas. La obligatoriedad de este servicio para la resolución de los conflictos administrativos también fue modificada por procedimiento voluntario. Estas fueron las modificaciones de fondo, las otras han sido de forma. En general, el espíritu de la ley se mantuvo.

—¿Están garantizados los recursos económicos para la ejecución de las competencias de las entidades autónomas?

—Hay una estructura fiscal financiera fruto de pactos y acuerdos de hace 15 años y están establecidos con los recursos de la coparticipación tributaria, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los recursos provenientes del alivio de la deuda externa (HIPC). De acuerdo con los datos, entre 2004 y 2010 los ingresos de las gobernaciones se han incrementado en 156 por ciento. El incremento tiene que ver con el aumento de las regalías petroleras de mil millones de bolivianos a 1,7 mil millones de bolivianos. También con el incremento significativo de la regalía minera, que en esa época estaba en 50 mil millones de bolivianos y ahora supera los 500 mil millones de bolivianos. En aquel entonces el IDH no existía y ahora representa 640 mil millones de bolivianos.

Ha habido un incremento, pese a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos en 2008 y pese a los críticas de que la Renta Dignidad ha impactado. El incremento es del 156 por ciento. A su vez, los recursos no ejecutados a noviembre de 2009 fueron de más de 7 mil millones de bolivianos y hasta junio de este año son de 5 mil millones de bolivianos.

—¿La Ley Marco de Autonomías contribuirá a la lucha contra la pobreza?

—Las movilizaciones de la población por las autonomías fueron por bienestar. Las mayores competencias en la autonomía departamental están dirigidas para el ámbito productivo. Entonces, el desafío de las autonomías es diversificar la economía, acumular excedentes económicos; y los municipios tienen responsabilidades prioritarias sobre los servicios básicos en las comunidades. El éxito de la autonomía se medirá no sólo con la transformación democrática del Estado, sino con el mejoramiento de las condiciones de vida de los bolivianos.

—¿Qué es el Fondo de Producción y Solidaridad?

—En el proyecto ya está definido este Fondo, pero fruto de los acuerdos y las negociaciones en la Asamblea Legislativa su procedimiento es genérico y se aplicará a través de una ley. El Fondo, entre otros, captura excedentes de los precios altos de los hidrocarburos. Es un mecanismo de reserva para compensar la baja de precios de exportación y es un Fondo solidaridad para fortalecer las economías de las gobernaciones con menores ingresos y con dificultades financieras.

—¿Cómo se garantizará el funcionamientos de las autonomías si, por ejemplo, bajan los precios de los hidrocarburos?

—El soporte financiero de las entidades autónomas no debe estar en función a las rentas que genera el Estado, ésa sería una visión rentista que afectaría a las autonomías y al nivel central del Estado. El Estado central tiene muchas obligaciones como salud, educación, pensiones, Renta Dignidad, subvenciones a las universidades. La única manera de que las autonomías sean sostenibles en el tiempo es a través de la diversificación económica. Sus fuentes de financiamiento no tienen que ser rentistas, sino deben apuntar a capturar otras fuentes de ingreso.

—¿Cuál es el rol del control social?

—En la Ley Marco esta figura es muy general y contempla la obligatoriedad de su inclusión. Tiene que haber un ley específica de control que debe ser desarrollada en las entidades autónomas, según las particularidades de cada región. Es un desafío que deben implementar las cuatro entidades autónomas para transparentar los recursos.

—¿En que ámbitos tienen que ajustarse los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija?

— En primera instancia, el sistema político de los estatutos no coincide con la Constitución Política del Estado. Además, restringe algunos derechos como de los pueblos indígenas originario campesinos, y el tercer elemento está referido al nivel competencial. Se atribuye competencias como seguridad y el control de los recursos naturales. Define un modelo desarrollo contrario a la Constitución, que dice que la economía es plural y no neoliberal.

—¿La suspensión de autoridades con acusación formal afectará la gobernabilidad?

—La Ley de Municipalidades está vigente desde 1999. Se aplicó en 26 oportunidades, incluido el recientemente suspendido alcalde de Sucre, Jaime Barrón. Entonces no es un procedimiento que se inventó recién. Según el ex Viceministerio de Descentralización y ahora Ministerio de Autonomía, los conflictos municipales por corrupción o por dualidad de autoridades se dieron en un promedio de 89 por año. Esa figura contemplada en la Ley de Autonomías no debería generar ingobernabilidad. Además, el razonamiento de los penalistas es que antes el juez dirigía la causa, ahora lo hace el fiscal.

—¿Cuáles son los desafíos por delante?

—El mayor desafío tiene que ver con la socialización de los temas medulares de la ley. Otro reto es la necesidad de (conformar) los pactos autonómicos en Tarija, Santa Cruz, Pando, Beni, donde no existen los dos tercios (de votos de los asambleístas).