El Estado Boliviano, por primera a vez a lo largo de su historia, realizó por intermedio del Canciller de la República David Choquehuanca, un acto de reconocimiento de Responsabilidad Internacional, referido a la vulneración de Derechos Humanos de la señora MZ (iniciales anónimas), cometido por la justicia boliviana, siendo ella una de las victimas de allanamiento y violencia sexual en el país, donde su agresor quedo libre de la justicia.
MZ, en su oportunidad acudió ante las autoridades judiciales bolivianas para que su agresor sea investigado y sancionado, sin embargo luego de agotar todas las instancias judiciales, el agresor fue absuelto de pena y culpa en contradicción con las pruebas aportadas por la víctima.
Ante una visita realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2006, se manifestó que los casos relacionados con la violencia sexual en nuestro país, requieren pruebas de calidad técnica y científica difíciles de obtener por las victimas lo que impedía el esclarecimiento de estos casos.
El 22 de noviembre del año 2000, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), El Comité Latinoamericano y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y La Oficina Jurídica para la Mujer, interpusieron la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes propiciaron un acercamiento entre representantes de la señora MZ y el Estado Boliviano a objeto de arribar un acuerdo de solución amistosa, realizado en el 131 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha 11 de marzo del 2008 , concretándose gracias a la voluntad jurídica del actual gobierno.
Asimismo, se destacó la voluntad y colaboración que demostró la señora MZ con las mujeres y los derechos que ellas deben exigir a partir de su experiencia, "es importante mencionar que la victima ha renunciado a cualquier tipo de restitución e indemnización compensatoria lo que denota la dignidad de una mujer que a través de su experiencia desea evitar que otras mujeres vean afectados sus derechos, es por eso que el gobierno boliviano destaca la actitud valiente de la señora MZ" indicó David Choquehuanca Céspedes, Canciller de la República
Entre las principales acciones que el Estado Boliviano deberá realizar en el marco del caso MZ son:
Difundir el acuerdo de solución amistosa.
Implementar a través del Instituto de la Judicatura que un 15% de los programas pedagógicos estén dedicados a actividades enfocadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos con enfoque de género, en particular cuestiones vinculadas con la discriminación de género.
Organización de una conferencia destinada a funcionarios judiciales de la Corte Suprema de Justicia, Corte Superior de Distrito, Fiscalía General de la Republica, fiscalías de distrito, Policía Nacional.
Edición de un manual sobre maltrato de víctimas de violencia sexual
Creación de la unidad especializada de atención a victimas de violencia sexual.
Creación de la unidad especial para el desarrollo de los estudios científicos y técnicos para la investigación de los delitos de libertad sexual.
Implementar espacios físicos necesarios para que las victimas de violencia sexual presten sus declaraciones guardando sus condiciones de infraestructura necesarias para garantizar su privacidad.
Estos compromisos se cumplirán en coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, con la finalidad de erradicar la discriminación del sistema de administración de justicia, y violación de los derechos protegidos por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y terminar con la violencia contra la mujer.
Sin duda alguna, este acto de justicia a MZ y por ende a todas las mujeres que sufrieron violencia en nuestro país, es un gran avance en materia de Derechos Humanos, y a la vez un gran retroceso para la justicia boliviana porque se demuestra la falta de seriedad e ineficacia que aun nuestro sistema judicial vive. Sin embargo queda seguir trabajando para lograr la eliminación de aquellas prácticas que dificultan a las víctimas de violencia a un acceso a la justicia transparente y eficaz.
|
