ABI / La Paz

El gobierno boliviano aprobó el miércoles un decreto para incautar bienes de ciudadanos, empresas y organizaciones civiles que sean formalmente imputados por financiar grupos terroristas y secesionistas, en aplicación de convenios internacionales en el tema y leyes nacionales vigentes, informaron fuentes oficiales.

“La decisión del Estado es combatir la delincuencia que busca destruir la unidad nacional, busca generar el caos, busca crear hostilidad armada dentro del Estado Nacional”, informó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, en conferencia de prensa y luego de que el Gabinete aprobó la norma en Palacio de Gobierno.

Chávez aclaró que el decreto tiene la característica de medida preventiva, en línea a lo que dispone la Constitución Política del Estado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Consejo Interamericano Contra el Terrorismo y otras organizaciones, que mandan “que todo Estado debe emitir disposiciones que prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo”.

El Viceministro de Coordinación Gubernamental señaló que el decreto es en realidad “una mera reglamentación, de tratados internacionales y de procedimientos que ya existen en el país en materia de narcotráfico, de aduanas que se regulan con normas similares”, lo que, a su juicio, da legitimidad a la nueva norma que fue anticipada el martes por el presidente Evo Morales y que recibió duras críticas de la oposición.

“Es una medida preventiva para que las personas o grupos ya no continúen con esa actividad y en el marco de convenios internacionales y leyes vigentes”, insistió y aclaró que el decreto se aplicará sólo después de que un Fiscal impute “a los acusados, instigadores o cómplices de las conductas tipificadas como terrorismo, sedición o alzamiento armado”. Chávez explicó que el decreto se aplicará después de que un juez “en materia penal” valorare y fundamente su decisión de una anotación preventiva de bienes.

“Luego de celebrar un juicio y si determina la culpabilidad y una sentencia condenatoria, recién los bienes pasan a la categoría de confiscados, sin derecho a indemnización alguna y se destinarán al programa de seguridad ciudadana y seguridad del Estado”, precisó. El gobierno boliviano emitió la norma después de la denuncia.