El juicio involucra a 17 acusados, pero sólo ocho estarán en la sesión; el resto está fuera del país porque alega falta de seguridad jurídica

Sucre/CORREO DEL SUR y Agencias

Hoy, lunes 18 de mayo, se abre el histórico juicio contra ex dignatarios de Estado y el ex Alto Mando Militar, por la muerte de 67 personas y otras 400 heridas en las jornadas de septiembre y octubre de 2003, cuando pobladores salieron a las calles de La Paz y El Alto para rechazar la venta de gas a través de territorio chileno.
El principal acusado, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y ocho de sus ex ministros no están en Bolivia para afrontar la acusación por el delito de genocidio en su figura de masacre sangrienta; sin embargo, todo está listo para la apertura del proceso denominado "Octubre Negro".
El Ministerio Público estará encabezado por el fiscal General, Mario Uribe, y los fiscales de Recursos Milton Mendoza y Mirna Arancibia, que la anterior semana presentaron más de 6.000 pruebas que, según ellos, establecerán la culpabilidad de los acusados.
La Corte Suprema de Justicia habilitó los ambientes donde se movilizarán las partes y tiene habilitado el Tribunal de Juicio integrado por dos ministros y ocho conjueces que juzgarán a los acusados por el Ministerio Público.
Los ex jefes militares presentaron unos 500 expedientes de prueba y traerán cerca de 200 testigos, entre ellos el presidente de la República, Evo Morales; el ex vicepresidente Carlos Mesa y ex dirigentes sindicales como Jaime Solares y otros.

PRESIÓN SOCIAL
De los familiares de las víctimas, unas 20 personas ya están en la capital junto a sus abogados y se prevé que hoy lleguen otras 100 para sostener la acusación.
Unas 80 personas, 50 pertenecientes a la Central Obrera Regional (COR) El Alto y 30 pertenecientes a la Fejuve se trasladaron a la capital de la República para seguir el juicio contra el ex Mandatario, así lo confirmó el dirigente vecinal Rubén Martínez, quien aseguró que la delegación sería reforzada con otras personas en el curso de los próximos días y de esa manera hacer fuerza hasta que finalice el proceso. Pese al temor de ser sometidos a un juicio con mucha presión política, ocho de los acusados anunciaron su presencia hoy, en la audiencia de juicio. En la audiencia de hoy está previsto la consideración de la medida cautelar de detención preventiva solicitada por la Fiscalía.

ACUSADOS Y TRIBUNAL
Los acusados son 17, pero el juicio comenzará sólo contra ocho; entre ellos los ex ministros Dante Pino, Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, además de los miembros del ex Alto Mando Militar Juan Veliz Herrera, Luis Alberto Aranda Granados, José Oswaldo Quiroga Mendoza, Roberto Claros Flores y Gonzalo Alberto Rocabado Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia dejará en suspenso el proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague declarados rebeldes, mientras comparezcan ante la justicia o sean conducidos con una aprehensión. La misma figura podría aplicarse para los ex ministros Guido Áñez Moscoso, Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Javier Torres Goitia, los tres últimos asilados en el Perú. Además, están en la misma situación Yerko Kukoc y Hugo Carvajal Donoso -probablemente en España-, cuyo paradero se desconoce.
El Tribunal de Juicio estará integrado por los ministros Ángel Irusta Pérez (Presidente) y Hugo Roberto Suárez Calbimonte. Además de los conjueces; Elizabeth Maldonado Loayza, Daysi Careaga Alurralde, Édgar Ruck Arzabe, José Ortuste Quiroga, Freddy Tomás Rojas Castellón, Freddy Lupa Totola, Víctor Hugo Escóbar Herbas, Eduardo Arteaga Ribera.

EL PROCESO HASTA EL JUICIO
La autorización congresal para el enjuiciamiento de las ex autoridades se dio el 14 de octubre de 2004. El 16 de mayo de 2005, la Fiscalía General imputó formalmente a nueve ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada por los delitos de genocidio en su variable de masacre sangrienta y otros; un año después, por resoluciones del 10 de abril y el 5 de septiembre, se amplió la imputación contra el Alto Mando Militar de septiembre y octubre de 2003. Finalmente, el 18 de diciembre de 2006, se imputó a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.
Ante la incomparecencia a la justicia de los tres ex altos dignatarios de Estado, el 28 de marzo de 2007, la Corte Suprema de Justicia, a solicitud del Ministerio Público, declaró la rebeldía y el mandamiento de aprehensión contra Sánchez de Lozada y dos de sus ex ministros que desde 2003 radican en Estados Unidos.
Los familiares de las víctimas de la denominada "Guerra del Gas", señalan que durante todos estos años, el juicio tropezó con retardación de justicia, por las equivocaciones y demoras del Fiscal General y de la misma Corte Suprema de Justicia.

LOS ACUSADOS AUSENTES VEN JUICIO POLÍTICO
Carlos Sánchez Berzaín declaró desde Miami a El Deber que, "Evo Morales ha elegido para encubrir los delitos que él mismo ha cometido en octubre de 2003 y antes. Es un juicio político, nulo de pleno derecho, yo no estoy ni siquiera notificado". La ex autoridad dijo que: "Me encantaría estar en Bolivia para hacer oposición y luchar para evitar que Evo consolide un gobierno autoritario, pero como él sabe esto, me persigue para anularme. Bolivia tiene en el Gobierno de Evo Morales la administración más violenta, antinacional, corrupta e ineficiente de la historia".

FISCALÍA Y LOS ESCOLLOS
Según el fiscal asignado al caso, Milton Mendoza, para llegar a esta instancia del juicio tuvieron que superar varios escollos y prácticamente hacer camino al andar, porque no había un procedimiento claro. La Ley 2445 de juicio de responsabilidades tenía sólo cinco artículos y se tuvo que acudir al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia para definir qué procedimiento aplicar.
Se enfrentaron a unas 72 figuras jurídicas como enmiendas, excepciones y recursos constitucionales con las que los imputados pretendían que se extinga el proceso o evitar que avance el juicio. Otro trámite moroso fue el levantamiento del secreto militar que era un impedimento para que los militares sean sometidos a la justicia ordinaria.

EN BUSCA DE UNA SANCIÓN
El abogado de las víctimas de Octubre Negro, Rogelio Mayta, considera que llegar a esta instancia del juicio no fue sencillo, pero ahora se buscará una sanción contra los responsables de las muertes de septiembre y octubre de 2003 y evitar la impunidad. Anunció la llegada de unas cien personas, la mayoría testigos para estar frente con los presuntos responsables de la masacre.
El abogado de los heridos de Octubre Negro, Freddy Ávalos anunció la llegada de 300 y 400 personas a Sucre quienes se movilizarán desde las 7:00. A las 9:00 se dirigirán hacia la Corte Suprema de Justicia. Pero un grupo de entre 10 y 20 delegados ingresará a la sala de audiencias para presenciar la sesión donde se considerará las medidas cautelares de detención preventiva solicitada por el Ministerio Público.