En octubre de 2007, 3 adolescentes del internado San Miguel de localidad de Icla acudieron a las oficinas de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Chuquisaca (APDHCH), para denunciar que durante muchos años se venía cometiendo abusos sexuales por parte del párroco del internado San Miguel de Icla [1], hechos que en su momento no les creyeron ni sus mismos progenitores, por considerar que el curita del pueblo sería “incapaz” de cometer dichos abusos. Cansados los jóvenes de ser maltratados por el sacerdote de Icla y llevando la voz de muchos de sus compañeros, inician las denuncias ante el Ministerio Público con el apoyo de la APDHCH, y de esta manera iniciar el proceso investigativo.
Una vez realizada la denuncia ante la Fiscal de Distrito, los 3 jóvenes con denuncia en mano retornan a la localidad de ICLA, lugar donde estaba previsto una reunión de la junta escolar, con la participación de padres de familia, alumnos y el párroco responsable del Internado ( mismo que no asistió a la reunión) par ver asuntos concernientes al tema educativo. Una vez instalada la reunión los 3 jóvenes denuncian los hechos que se venían presentando desde hace mucho tiempo en el internado y el maltrato sexual que se venía produciendo por parte del párroco, una vez conocidos estos hechos, las personas que se encontraban en la reunión comenzaron a llorar de sorpresa e impotencia y algunos padres de familia pedían disculpas a sus hijos por no haberles creído y es en ese mismo instante toman la decisión de trasladarse a la ciudad de Sucre para pedir ayuda y se proceda a la investigación y sanción del responsable.

Una vez que se constituyeron en la ciudad de Sucre los padres de familia, la junta escolar, maestros y los alumnos del internado San Miguel de Icla, en las oficinas de la APDHCH se realiza la denuncia pública a través de los medios de comunicación, denuncia que posteriormente traería sus consecuencias, ya que a los días de conocida la denuncia por toda la población, la iglesia determina el cierre del Internado (mismo que fue reabierto el mes de abril de 2009), se exigió al presidente de la APDHCH qiue se retracte de la denuncia, posteriormente presiones vienen y van en contra de la abogada de la defensoría de la niñez de Icla María Elena Videz, quién valientemente apoyo, respaldo y asesoró, conjuntamente la Defensoría del Distrito 1 de Sucre dependiente del Centro Juana Azurduy a los adolescentes víctimas de los abusos cometidos, pero fue más la presión, ya que cuando se ingresaba en la etapa final de la acusación irresponsablemente el alcalde del municipio de Icla despide a la abogada de la defensoría, dejando sin el apoyo a los jóvenes que iniciaron la denuncia; así mismo y paralelamente la fiscal de materia asignada al caso la Dra Gladys Segovia, quién imputó y solicitó la detención preventiva del sacerdote fue cambiada de destino, enviándola a una de las provincias más alejadas de nuestro departamento, seguramente con intenciones de no continuar con la investigación, pero, el reclamo de instituciones como el Centro Jana Azurduy Plan Internacional y la APDHCH ante el Fiscal General de la República logro revertir dicho traslado y posibilitar que la Dra. continúe con la investigación, esta situación también implicó amenazas y presiones para la fiscal para conseguir que se aparte del proceso.

Por las características de la denuncia, por el interés de algunas instancias para que no se continué con la investigación, el proceso duró aproximadamente 1 año y medio y pese a las adversidades en fecha 7 de abril de 2009 se declaró una sentencia histórica, a nivel local, departamental y nacional en contra de un sacerdote que cometió delitos sexuales en contra de adolescentes y jóvenes de la localidad de Icla y consideramos más que nunca que esta sentencia deba ser el camino para luchar por los derechos de nuestros niños, adolescentes y jóvenes y que cualquiera fuera el poder económico, político o religioso, se debe luchar de manera abierta y sin tregua en contra de este tipo de abusos.

Rescatamos y valoramos el coraje de las víctimas, adolescentes, jóvenes, sus padres que aún la presión existente interna y externa continuaron sin desmayar con el proceso hasta la sentencia, a la fiscal Dra. Gladys Segovia que contra tiempo y marea comprendió de manera clara que no se podía permitir la impunidad en nuestro departamento y era momento de dar un nuevo rostro a la justicia en nuestro país y al Centro Juana Azurduy que respaldaron el proceso hasta conseguir la sentencia.

Por último dejamos clara nuestra posición ante las mentiras y falacias proclamadas de manera tendenciosa de señalar que la APDHCH a través de la denuncia y posterior sentencia estaría atacando de la Iglesia Católica, al respecto, reafirmamos nuestro respeto a una institución de fe como es la Iglesia Católica, más aún cuando fundadores de nuestra institución como son los padres Luis Espinal, Federico Aguiló, Julio Tumiri, Teodoro Buss y otros lucharon junto a su pueblo por días mejores y por la defensa innegociable de los Derechos Humanos y afirmamos que nuestras acciones fue por la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad.

Por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Chuquisaca


Cristian Sanabria Durán
PRESIDENTE

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[1] http://correodelsur.com/2007/1011/reader.shtml?reporte2.htm