Observaciones de Amnistía Internacional sobre el informe nacional presentado por Bolivia para el examen periódico universal de la ONU

Amnistía Internacional considera que el examen periódico universal (EPU) de Bolivia, que se llevará a cabo durante el séptimo periodo de sesiones del grupo de trabajo del EPU en febrero de 2010, es una importante oportunidad para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Tal y como se describe en la información presentada por Amnistía Internacional para el EPU de Bolivia, para garantizar mejoras concretas en la situación de los derechos humanos en los ámbitos local y nacional deben abordarse una serie de retos clave en materia de derechos humanos. Entre ellos, y relacionados específicamente con el sistema judicial, están los relativos a tratar los problemas surgidos a raíz de la impunidad por los abusos cometidos en el pasado y su efectos perdurables, y la incorporación de sólidas salvaguardas de derechos humanos en legislación e instituciones reformadas.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la seriedad con la que se ha incorporado el Estado Plurinacional de Bolivia al proceso del EPU, y aprovecha esta oportunidad para presentar observaciones y recomendaciones a partir del informe nacional de Bolivia, con el fin de apoyar al gobierno para lograr la mejora de la situación de los derechos humanos en Bolivia. Amnistía Internacional toma nota del carácter participativo que han tenido hasta la fecha los preparativos de Bolivia para su examen, y espera que esta situación pueda continuar a lo largo del proceso del EPU para garantizar que los efectos de su resultado son positivos y duraderos.

Amnistía Internacional reconoce que Bolivia está inmersa en un importante proceso de cambio, impulsado por principios de igualdad y justicia social para la plural herencia cultural del país y consagrado en una nueva Constitución que pretende cambiar radicalmente una historia basada en la discriminación racial y la dominación cultural. La organización es consciente de que un proceso así requiere profundas reformas en la legislación y las instituciones nacionales, e insta a que este proceso garantice el pleno respeto por las normas de derechos humanos. También recuerda al gobierno de Bolivia la importancia de mantener conversaciones y debates abiertos, en los que se incluya la participación de la sociedad civil, en torno al alcance y el contenido de propuestas concretas de reforma en todos los sectores de la sociedad boliviana y en foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional espera que el gobierno boliviano demuestre su inequívoca dedicación a la promoción de mejoras en su respeto por los derechos humanos mediante la adopción de recomendaciones clave que le han formulado otros Estados y adoptando durante el EPU compromisos concretos para reforzar la protección de los derechos humanos. A fin de contribuir a lograr un resultado exitoso del proceso de examen, y basándose en las cuestiones planteadas en la información remitida para el EPU, Amnistía Internacional presenta las siguientes observaciones sobre el informe presentado por el Estado de Bolivia, en las que presta especial atención a la necesidad de reforzar el sistema judicial, una cuestión que considera esencial para la situación de los derechos humanos en Bolivia.

La construcción institucional y el marco de derechos humanos

El informe del Estado expone algunas de las nuevas estructuras institucionales que se pondrán en marcha progresivamente en Bolivia conforme a la nueva Constitución del país y los valores consagrados en ella. Amnistía Internacional toma nota del compromiso de garantizar que los cuatro órganos del Estado pueden funcionar en un marco de independencia, separación de poderes, coordinación y cooperación.

En ese sentido, Amnistía Internacional reitera su petición de que se respete estrictamente el principio de separación de poderes, en lo que respecta a los órganos judicial, ejecutivo y legislativo, y que, a la vez que se mantiene la debida independencia, se debatan de forma coordinada las propuestas de futuras reformas que se aplicarán en todo el Estado. La creación de sólidos cimientos para la cooperación, basados en el pleno respeto de las funciones y los poderes complementarios de diferentes instituciones, es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de las reformas.

Amnistía Internacional anima a Bolivia a explicar con mayor detalle, durante el periodo de sesiones del grupo de trabajo, su afirmación de que el proceso de preselección y elección de autoridades judiciales constituirá una garantía de su futura independencia (párr. 35).

Amnistía Internacional valora el hecho de Bolivia haga hincapié en su compromiso de interpretar su Constitución de conformidad con instrumentos de derechos humanos ratificados por el Estado. La organización expresa su esperanza de que Bolivia continúe implementandosin dilación su Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, aprobado en 2008, incluidos los compromisos de implementar el Estatuto de Roma. También acoge con satisfacción la promesa de Bolivia de ponerse al día con todos los informes pendientes que debía presentar a los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU (párr. 26), y pide al gobierno que garantice la remisión sin demora de los informes que debe presentar con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención contra la Tortura y a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Justicia

En su informe, Bolivia cita problemas heredados en el sistema judicial que provocan retrasos en la administración de justicia y generan graves obstáculos para hacer frente a la impunidad. Explica algunas medidas que ha adoptado para abordar estos obstáculos, buscando salidas alternativas a los conflictos y ofreciendo protección a víctimas y testigos. Amnistía Internacional acoge con satisfacción iniciativas adoptadas hasta la fecha, e insta a Bolivia a encontrar el modo de abordar la cultura de impunidad por los abusos cometidos en el pasado a la vez que respeta las normas internacionales de derechos humanos, a fin de garantizar que las reformas proporcionan estabilidad al sector judicial en el futuro.

En concreto, en la información remitida al EPU, Amnistía Internacional ha hecho hincapié en la necesidad de utilizar las futuras reformas en el sector judicial como forma de encontrar soluciones duraderas a los problemas en torno a la independencia del órgano judicial y para poner fin a la impunidad. Una serie de organizaciones y organismos internacionales han planteado importantes motivos de preocupación con respecto a posibles injerencias políticas en el órgano judicial durante el anterior mandato del actual gobierno, al igual que había ocurrido previamente con otros gobiernos.

La organización plantea motivos de preocupación concretos en relación con la necesidad de que se haga justicia en el caso de la violencia desencadenada en el departamento de Pando en septiembre de 2008, que debe sumarse a los importantes gestos humanitarios que el Estado ha tenido con las víctimas hasta el momento. Amnistía Internacional aprovecha esta oportunidad para insistir en la importancia de que se lleven a cabo investigaciones imparciales y de que se apliquen las normas sobre juicios con las debidas garantías a lo largo de todo el proceso de llevar este caso ante la justicia. La organización ha instado a que el proceso judicial iniciado tenga en cuenta todos los actos violentos cometidos y también toda omisión en que hayan incurrido las autoridades en el ejercicio de sus funciones en este sentido. Para que sean procesados los responsables de todaslas violaciones de derechos humanos, también deben investigarse una serie de hechos conexos, como la detención de 15 campesinos y los presuntos malos tratos que sufrieron y las denuncias de uso excesivo de la fuerza durante la detención y el traslado de personas afines a la prefectura y el comité cívico que están imputadas, siendo investigadas o en ambas situaciones.

Amnistía Internacional también propone otras medidas más generales que considera fundamentales para el fortalecimiento de la estructura judicial en Bolivia; entre ellas, la necesidad de garantizar que la legislación propuesta que establecerá límites entre la jurisdicción “ordinaria” y la “jurisdicción indígena originaria campesina” es objeto de un debate global y efectivo, a fin de garantizar que se mantienen las normas de derechos humanos en ambas jurisdicciones.

Amnistía Internacional desea recalcar la importancia de las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha formulado a Bolivia en el reciente seguimiento de su informe sobre el acceso a la justicia, como las relativas al cumplimiento de las normas de independencia e imparcialidad en los procedimientos de designación de jueces y fiscales y a la implementación de mecanismos de control externo e interno de las autoridades judiciales. Las recomendaciones formuladas por la Comisión demuestran la necesidad de iniciativas coordinadas entre los diferentes sectores para reforzar en todos los niveles un órgano judicial que ha estado debilitado históricamente.1

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que en el informe remitido al EPU por el Defensor del Pueblo boliviano conste que este organismo no ha sido invitado a asesorar sobre los aspectos de derechos humanos en la revisión del sistema de justicia penal, a pesar de que la Constitución así lo exige. Instamos al gobierno boliviano a que promueva activamente la aportación de información por parte de actores clave dentro y fuera de Bolivia, a fin de garantizar que las reformas introducidas gozan de credibilidad y de la confianza de la sociedad boliviana para hacer que el funcionamiento del sistema judicial se rija por las normas exigidas.

Dado el actual estado del órgano judicial, con un Tribunal Constitucional sin jueces y una Corte Suprema de Justicia en la que no hay quórum, Amnistía Internacional insta al gobierno a aprovechar la oportunidad que brinda el EPU para explicar cómo tiene previsto garantizar las funciones de supervisión y toma de decisiones necesarias para resolver casos abiertos en el sistema actual a la vez que introduce estas ambiciosas reformas. La organización insta a Bolivia a que se comprometa durante el EPU a garantizar que todas las reformas respetan debidamente los principios consagrados en los Principios Básicos de la ONU Relativos a la Independencia de la Judicatura.

Además, Amnistía Internacional pide al gobierno boliviano que ofrezca durante el EPU una respuesta clara a la cuestión de cómo pondrá en práctica el compromiso de abrir los archivos del periodo de gobierno militar y autoritario que arrojan luz sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en esa época.

Amnistía Internacional considera que las iniciativas adoptadas por el actual gobierno durante su primer mandato, encaminadas al fortalecimiento de los programas sociales y, a través de ellos, al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, demuestran su compromiso de abordar las necesidades de los miembros más vulnerables de la población boliviana. La organización insta al Estado a que se comprometa durante el EPU a adoptar medidas necesarias para el fortalecimiento del sistema judicial, de modo que se garanticen soluciones duraderas para los graves problemas históricos de la impunidad y la falta de independencia del órgano judicial.

Amnistía Internacional espera que Bolivia aproveche la ocasión que ofrece el EPU para dar ejemplo a otros Estados de su compromiso de respetar las normas de derechos humanos en todas las fases de un ambicioso proceso de reforma constitucional y posterior fortalecimiento institucional. La organización considera que el EPU ofrece una oportunidad clave para que Bolivia demuestre su voluntad de debatir abiertamente las reformas previstas, continuando así el diálogo que promueve a través de la participación directa de activistas y movimientos sociales en estas reformas.

Índice AI: AMR 18/001/2010

Enero de 2010

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de seguimiento - Acceso a la justicia e inclusión social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Agosto de 2009, OEA/Ser/L/V/II.135.

Amnesty International’s Comments on the National Report presented by Bolivia for UPR

Amnesty International looks forward to the Universal Periodic Review of Bolivia, during the 7thsession of the UPR Working Group in February 2010, as an important opportunity to further the promotion and protection of human rights in the country. As described in Amnesty International’s submission for the UPR of Bolivia, there are a number of key human rights challenges that must be effectively addressed to ensure concrete improvements to the situation of human rights at the national and local levels. These include the challenge of dealing with problems arising from past impunity and its lasting effects, as well as incorporating strong human rights safeguards in reformed institutions and legislation, with specific reference to the justice system.

Amnesty International welcomes the seriousness with which the Plurinational State of Bolivia has entered into the Universal Periodic Review process, and takes this opportunity to present comments and recommendations arising from the Bolivian National Report, with a view to supporting the government towards improving the human rights situation in Bolivia. Amnesty International takes note of the participatory nature of Bolivia’s preparation for its review to date, and hopes that this can be continued throughout the UPR process so as to ensure the long-lasting positive effects of its outcome.

Amnesty International recognises that Bolivia is undergoing a significant change process, motivated by principles of social justice and equality for the country’s plural heritage and enshrined in a new constitution that sets out to reverse a history based on racial discrimination and cultural domination. The organisation is aware that such a process requires profound reforms to domestic institutions and legislation, and urges that this process guarantee full respect for human rights standards. The organisation reminds the government of Bolivia of the importance of open discussion and debate, including with civil society, around the scope and content of concrete proposals for reform at all levels of Bolivian society and in international forums such as the Human Rights Council.

Amnesty International hopes that the Bolivian government will demonstrate its unequivocal dedication to furthering improvements in its respect for human rights by adopting key recommendations made to it by other states and by making concrete commitments to strengthen the protection of human rights during the UPR. With a view to contributing to the successful outcome of the review process and based on the issues raised in its submission to the UPR, Amnesty International offers the following comments on the report submitted by the Bolivian State, paying particular attention to the need to strengthen the justice system, an issue it considers fundamental to the human rights situation in Bolivia.

Institution-building and the human rights framework

The State report sets out some of the new institutional structures that will be implemented progressively in Bolivia in accordance with the country’s new Constitution and the values enshrined within it. Amnesty International takes note of the commitment to ensuring that the four branches of the state are able to operate within a framework of independence, separation of powers, coordination and cooperation.

In this respect, Amnesty International reiterates its concern that the principle of separation of powers be rigorously respected, with regards the Judiciary, the Executive and the Legislative, and that while maintaining due independence, proposals for future reforms to be implemented across the State should be discussed in a coordinated manner. Creating a solid basis for cooperation, based on full respect for the complementary functions and powers of different institutions, is essential to the success and sustainability of reforms.

Amnesty International encourages Bolivia to elaborate on its assurance that the process of pre-selection and election of judicial authorities will constitute a guarantee of their future independence (para35) during the working group session.

Amnesty International acknowledges Bolivia’s underscoring of its commitment to interpret its Constitution in conformity with human rights instruments ratified by Bolivia. The organisation expresses its hope that Bolivia will continue to implement without delay its National Human Rights Plan, approved in 2008, including commitments to implement the Rome Statute. It also welcomes Bolivia’s promise to deliver overdue reports to the United Nations treaty bodies (para26), and calls on the government to ensure prompt submission of reports to be submitted under the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention Against Torture, and the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

Justice

In its report, Bolivia cites inherited problems in the justice system that lead to delays in reaching justice, and generate serious obstacles in tackling impunity. It sets out some measures it has taken to address such obstacles by using alternative conflict-resolution and providing protection to witnesses and victims. Amnesty International welcomes initiatives taken to date, and urges Bolivia to find a way to address the culture of impunity from the past while respecting international human rights standards to ensure that reforms bring stability to the justice sector in the future.

Specifically, in its submission to the UPR, Amnesty International has highlighted the need for future justice sector reforms to be used as a way of finding lasting solutions to the long-standing problems around independence of the judiciary and to bring an end to impunity. Significant concerns around possible political interference in the judiciary have been raised by a number of organisations and international bodies under the current government’s previous term in office, as they have been with past administrations.

The organization presents specific concerns regarding the need to reach justice in case of the Pando violence in September 2008, which must be considered in addition to the important humanitarian gestures made by the State to the victims to date. It takes this opportunity to urge the need for politically impartial investigations and the application of fair trial standards throughout the process of bringing the case to justice. The organisation has urged that the judicial proceedings initiated take into consideration all of the violent acts committed, as well as any omission by authorities in carrying out duties in this regard. A series of related events, such as the detention and alleged ill-treatment of 15 campesinos, and the allegations of excessive use of force employed in the detention and transfer of individuals allied to the prefecture and civic committee that are under investigation and/or charged, must also be investigated in order to bring to justice those responsible for allviolations of human rights.

Amnesty International also proposes other measures it considers essential to strengthening the framework for justice in Bolivia more generally; among these, the need to ensure that the proposed law that will set boundaries between “ordinary” and “indigenous, campesino and aboriginal” jurisdictions is the subject of inclusive and effective debate to ensure that human rights standards are maintained in both jurisdictions.

Amnesty International would like to underscore the importance of recommendations made to Bolivia by the Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States in a recent update to its report on access to justice, including those on complying with standards of independence and impartiality for the appointment of judges and prosecutors, and implementing mechanisms of internal and external control for judicial authorities. The recommendations made by the Commission demonstrate the need for a concerted effort between sectors to strengthen a historically debilitated judiciary at all levels.1

Amnesty International is concerned to read in the report of the Bolivian Ombuds Office submitted to the UPR working group that the body has not been invited to advise on the human rights aspects to overhauling the criminal justice system, despite a constitutional mandate requiring it to do so. We urge the Bolivian government to promote actively the input of key actors within Bolivia and outside, to ensure that the reforms introduced have credibility and the confidence of Bolivian society to bring required standards to the operations of the judicial system.

Given the current state of the judiciary, with no judges sitting in the Constitutional Court and no quorum in the Supreme Court, Amnesty International urges the government to use the opportunity of the UPR to explain how it plans to ensure the functions of oversight and decision-making necessary to resolve cases currently passing through the system while it is introducing these ambitious reforms. It urges Bolivia to commit during the UPR to ensuring that all reforms pay due respect to the principles enshrined in the UN Basic Principles of the Independence of the Judiciary.

In addition, Amnesty International requests the Bolivian government to provide a clear answer during the UPR on how it will put into practice a commitment to making available archives dating to the period of military and authoritarian rule that shed light on human rights abuses committed at the time.

Amnesty International believes that efforts made by the current government in its first term in office towards strengthening social programmes and through these the enjoyment of economic, social and cultural rights, demonstrate its commitment to addressing the needs of the most vulnerable members of the Bolivian population. The organisation urges the State to commit during the UPR to taking careful steps towards strengthening the justice system, in such a way as to ensure lasting solutions to serious historical problems of impunity and lack of independence of the judiciary.

Amnesty International hopes that Bolivia will use the opportunity of the UPR to provide an example to other states of its commitment to respect human rights standards at all stages of an ambitious process of constitutional reform and subsequent institution-building. The organisation believes that the UPR is a key opportunity for Bolivia to demonstrate its willingness to discuss openly its planned reforms, continuing in this way the dialogue it promotes through the direct participation of social movements and activists in these reforms.

AI Index: AMR 18/001/2010

January 2010

1 Inter-American Commission on Human Rights, Follow-up report – Access to justice and social inclusion: The road towards strengthening democracy in Bolivia. August 2009, OEA/Ser/L/V/II.135