Amnistía Internacional
Bolivia
Información para el examen periódico universal de la ONU
Séptimo periodo de sesiones del grupo de trabajo del EPU del Consejo de Derechos Humanos
Febrero de 2010
Resumen ejecutivo
En este documento, Amnistía Internacional ofrece información con respecto a los apartados b), c) y d) de las Directrices generales para la preparación de la información en el marco del examen periódico universal:1
En relación con el apartado b), Amnistía Internacional expresa su preocupación por el lento ritmo de aplicación de importantes disposiciones de la nueva Constitución y por la injerencia política en el poder judicial.
Con respecto al apartado c), la organización pone de relieve sus motivos de preocupación, a saber: los homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del malestar social y la tensión entre grupos de tendencias políticas opuestas, la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de los derechos humanos y la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos.
En la relación con el apartado d), Amnistía Internacional formula varias recomendaciones sobre medidas que debe adoptar el gobierno para abordar los motivos de preocupación.
Bolivia
Información para el examen periódico universal de la ONU
Séptimo periodo de sesiones del grupo de trabajo del EPU del Consejo de Derechos Humanos, febrero de 2010
B. Marco normativo e institucional del Estado
En octubre de 2008, el Congreso aprobó el texto revisado de una nueva Constitución. Sometido a referéndum en todo el país en enero de 2009, el texto fue aprobado por el 61,43 por ciento de los votos, con una participación de más del 90 por ciento. La nueva Constitución, promulgada el 7 de febrero de 2009, reafirma el carácter “plurinacional” del Estado boliviano y contiene importantes disposiciones nuevas sobre derechos económicos, sociales y culturales, como el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, prevé un sistema de “jurisdicción indígena originaria campesina”. Además de estos cambios fundamentales, la nueva Constitución introduce modificaciones estructurales en el poder judicial, establece un órgano electoral del Estado, entre otros, y crea un nuevo marco para las cuestiones de medio ambiente, recursos naturales y tierras.
El proceso de cambio político impulsado por el gobierno del presidente Evo Morales comporta importantes cambios estructurales y culturales dentro del Estado. La actual administración no ha podido hacer avances significativos en la aplicación de la Constitución ni en la adaptación de la legislación actual debido al inminente traspaso de poder a una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional que se elegirá en diciembre de 2009. Asimismo, importantes departamentos del Estado boliviano, como las oficinas del Defensor del Pueblo y el Fiscal General, tienen una dirección interina desde hace mucho tiempo.
El sistema judicial adolece desde hace mucho tiempo de injerencias políticas y corrupción, exacerbadas por problemas estructurales como consecuencia de los cuales se ha visto menoscabada su independencia, y en los últimos años ha sufrido aún más erosión. Debido a esta situación, desde junio de 2009 el Tribunal Constitucional no tiene jueces, y en estos momentos, agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia cuenta sólo con 7 de sus 12 magistrados.
En diciembre de 2008, Bolivia aprobó su Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia – Para Vivir Bien, 2009-2013, ambicioso proyecto elaborado por medio de un proceso consultivo entre el Estado y la sociedad civil.
C. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno
Reforma constitucional y proceso de cambio político
El antagonismo del gobierno y la oposición durante el proceso de redacción de la nueva Constitución y sus posibles consecuencias en el control de los recursos económicos y naturales de Bolivia dieron lugar a enfrentamientos, malestar social y tensiones entre grupos de tendencias políticas opuestas, que en algunos casos fueron violentas y causaron muertes. Los departamentos con un marcado proyecto autonomista pusieron muchas objeciones a los textos propuestos y al proceso seguido para examinarlos.
En un referéndum revocatorio de agosto de 2008, el 67,4 por ciento de los votantes confirmaron la permanencia del presidente Morales en su cargo durante el resto de sus cuatro años de mandato. Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupan las arraigadas tensiones culturales y raciales latentes entre el movimiento autonomista, especialmente en los departamentos de la Media Luna (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija), y los seguidores del partido en el poder, el Movimiento al Socialismo(MAS). Estas tensiones podrían generar más violencia y nuevas violaciones de derechos humanos en el periodo previo a las elecciones de diciembre de 2009 y después de ellas.
La aplicación de la nueva Constitución hará necesaria una considerable reforma y adaptación de la legislación y los procedimientos existentes, así como una nueva ley de deslinde de las jurisdicciones “ordinaria” y “comunitaria” que establece. Asimismo, la nueva Constitución prevé el establecimiento de una Asamblea Legislativa Plurinacional y nuevos procedimientos de elección de los jueces. Amnistía Internacional cree que la coordinación y colaboración entre los distintos poderes del Estado son esenciales para que la aplicación de la Constitución se lleve a cabo de manera respetuosa con el Estado de derecho y las obligaciones internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos.
Violaciones de derechos humanos cometidas durante sucesos violentos, incluidos homicidios ilegítimos
Amnistía Internacional informó de casos de manifestantes muertos y heridos en Cochabamba y Sucre, en enero y noviembre de 2007, en el contexto de las protestas de contenido político que tuvieron lugar en relación con los procesos autonomistas y de reforma constitucional.
Más recientemente, grupos de choque –grupos civiles formados con motivos políticos y que se cree que actúan bajo la autoridad de individuos afines al movimiento de oposición– han participado en actos violentos en Santa Cruz provocados por el debate sobre la autonomía del departamento. En mayo de 2008, un grupo de activistas de la oposición acorralaron a partidarios indígenas y campesinos del presidente Morales en la plaza mayor de la ciudad de Sucre y los golpearon, les quitaron las camisas y les obligaron a quemar sus prendas de vestir y enseñas tradicionales y a corear consignas contra el presidente.
En septiembre de 2008, entre 11 y 19 personas, en su mayoría campesinos, murieron y alrededor de 50 más resultaron heridas al intensificarse la violencia en el departamento de Pando en el periodo previo a un ampliado (asamblea) campesino que tenía previsto celebrarse para tratar cuestiones de importancia local, como la distribución de la tierra y el manejo de los recursos naturales, tras presuntas amenazas a un proceso recién concluido de saneamiento de tierras. Desde que estalló la violencia, diversas investigaciones nacionales e internacionales, incluidas algunas realizadas por Amnistía Internacional en agosto de 2009, han permitido aclarar lo que realmente ocurrió y coinciden en la conclusión de que funcionarios locales de la prefectura y el comité cívico, en manos de la oposición, participaron en la planificación y comisión de actos de violencia. Las investigaciones han puesto también de manifiesto la falta de medidas de la policía para detener la violencia. El12 de septiembre de 2008, el presidente Morales declaró en Pando el estado de sitio, que estuvo vigente durante más de dos meses.
También fueron motivo de preocupación una serie de hechos conexos, como los malos tratos infligidos a 15 campesinos detenidos por su presunta participación en los actos de violencia y el modo en que se detuvo y trasladó a la La Paz, en virtud del estado de sitio y durante los meses siguientes, a diversas personas afines a la prefectura y el comité cívico y presuntamente implicadas en la violencia. Amnistía Internacional recibió denuncias según las cuales estas detenciones se practicaron haciendo uso excesivo de la fuerza y sin las debidas garantías judiciales.
Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que, en el momento de redactar este documento, un año después de los actos violentos, las investigaciones no hayan determinado la responsabilidad de todaslas violaciones de derechos humanos que se cometieron en Pando y posteriormente por no haberse llevado aún ante la justicia a los presuntos responsables. La organización ve también con preocupación las amenazas y el hostigamiento denunciados por defensores y defensoras locales de los derechos humanos y testigos potenciales después de los sucesos violentos, así como los dirigidos contra negocios de personas identificadas con el movimiento indígena y campesino.
Justicia e impunidad
Los problemas de que adolece desde hace mucho tiempo el poder judicial han obstaculizado la lucha contra impunidad en Bolivia. Amnistía Internacional espera que las reformas aprobadas en el sistema de justicia sean un medio de consolidar su independencia y garantizar justicia a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y un juicio justo a todos sus presuntos autores. La organización toma nota del encarcelamiento de Luís Arce Gómez, ministro del Interior durante la dictadura de Luís García Meza, que fue devuelto a Bolivia desde Estados Unidos en julio de 2009 en virtud de una sentencia de 1993 de la Corte Suprema de Justicia en la que se lo condenaba por participación en delitos como genocidio.
En octubre de 2008 se presentó al gobierno estadounidense una solicitud de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos ex ministros, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. Todos ellos están acusados de implicación en el homicidio de 67 personas durante unas manifestaciones celebradas en El Alto en 2003, pero su extradición continúa pendiente. Asimismo, en noviembre de 2008 se presentaron cargos contra otros ex ministros y militares en relación con los homicidios, pero parece que cuatro ex ministros llevados también a juicio junto con Sánchez de Lozada han huido a Perú. El juicio oral comenzó en mayo de 2009, pero se ha suspendido varias veces debido a las recusaciones presentadas. Aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción los esfuerzos por llevar este caso ante la justicia, el proceso contra Sánchez de Lozada y otras personas debe respetar las normas internacionales relativas a los derechos de los acusados, que no deben ser objeto de actuaciones procesales in absentia.
A pesar de estos avances, a Amnistía Internacional le preocupa que las batallas jurisdiccionales que se libran en otras causas clave (a saber, el caso Pando y el denominado caso de “terrorismo”2) hayan malogrado varios procesos judiciales recientes, lo cual podría sentar un precedente negativo para la administración de justicia duradera e imparcial en el futuro.
Amnistía Internacional espera que, independientemente de los problemas históricos del sistema de justicia y del actual proceso de reforma, estos casos se lleven ante la justicia de una manera respetuosa con el Estado de derecho y las normas internaciones sobre el debido proceso. Este tipo de casos ofrecen al actual gobierno la oportunidad de demostrar su respeto por la separación de poderes y su compromiso político con el fortalecimiento del sistema de justicia a largo plazo.
Las demoras causadas por las batallas jurisdiccionales sin resolver y las numerosas impugnaciones presentadas contra funcionarios judiciales relacionados con causas delicadas desde el punto de vista político, como el caso Pando, crean una situación de incertidumbre legal que afecta a las víctimas y a sus familiares, así como a los presuntos autores de los delitos. El ex prefecto de Pando está sometido a detención preventiva desde septiembre de 2008, acusado de ser autor intelectual de la violencia. La causa abierta contra él debe instruirse con carácter urgente a fin de garantizar que se dicta sentencia de manera oportuna y respetuosa con los derechos humanos.
En agosto de 2009 se informó de los primeros resultados de los esfuerzos por localizar a identificar los restos de 26 personas desaparecidas en la zona de Teoponte del departamento de La Paz desde la década de 1970. Amnistía Internacional acoge con satisfacción el hallazgo de los restos de cinco personas en tanto que parte esencial de la búsqueda de la verdad de las violaciones de derechos humanos cometidas en Bolivia en el pasado. Otro elemento decisivo de este proceso es la apertura de los archivos del periodo de gobierno militar y autoritario, que podrían proporcionar pruebas de los abusos cometidos.
Discriminación y violencia contra los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de los derechos humanos
Amnistía Internacional considera motivo de preocupación los informes sobre ataques de motivación racial contra organizaciones y personas que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas ha observado la frecuencia del discurso racista, empleado por algunos partidos políticos y grupos cívicos de presión y difundido por algunos medios informativos, contra los pueblos indígenas en todos los niveles de la sociedad.3Amnistía Internacional ve también con preocupación la situación de las familias indígenas guaraníes de la región del Chaco, que viven en un estado de servidumbre semejante a la esclavitud, como han descrito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas.4
Por ejemplo, más de 40 personas resultaron heridas en febrero y abril de 2008 cuando terratenientes y grupos de hombres armados atacaron a miembros de la comunidad guaraní en Santa Cruz durante el proceso de esclarecimiento de escrituras de propiedad de tierras tradicionales guaraníes. Las agresiones a que un grupo de activistas de la oposición sometió a partidarios indígenas y campesinos del presidente Morales en Sucre en mayo de 2008 (véase supra) también tenían un evidente carácter racista.
En septiembre de 2008, en el contexto del debate autonomista y de reforma constitucional, las oficinas de varias ONG que trabajan con comunidades indígenas y campesinas sufrieron ataques en varias ciudades, especialmente en Santa Cruz, y se destruyó material de oficina y documentación.
Derechos económicos, sociales y culturales
Aunque hay mucha pobreza, particularmente entre los campesinos y los pueblos indígenas, se han realizado avances en el área de los derechos económicos, sociales y culturales sobre el papel y en la práctica. Entre ellos figuran importantes avances logrados en la nueva Constitución y en la introducción de programas para combatir el analfabetismo y mejorar la asistencia escolar, abordar la malnutrición, construir más viviendas sociales, pagar pensiones de jubilación y prestar apoyo a las mujeres embarazadas o con hijos recién nacidos, así como avances en el saneamiento de tierras en favor de campesinos y pueblos indígenas. Sin embargo, según el Fondo de Población de la ONU, Bolivia continúa teniendo la mayor tasa de mortalidad materna de Sudamérica (aproximadamente de 290 por 100.000 nacimientos vivos).
D. Recomendaciones sobre medidas que deber tomar el Estado objeto de examen
Amnistía Internacional insta al gobierno a:
Reforma constitucional y proceso de cambio político
Tomar todas las medidas posibles para lograr una buena transición a la nueva Constitución y las instituciones nacionales conexas, con las debidas garantías de respeto del Estado de derecho y los derechos humanos.
Promover y fomentar una mayor colaboración y coordinación entre los poderes del Estado, especialmente el ejecutivo y el judicial, y garantizar que el poder judicial puede desempeñar sus funciones con eficacia, con independencia y sin injerencias políticas.
Ratificar el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
Violaciones de derechos humanos cometidas durante sucesos violentos, incluidos homicidios ilegítimos
Acelerar la realización de investigaciones imparciales y exhaustivas sobre todos los hechos violentos ocurridos en Pando en septiembre de 2008, así como sobre otros sucesos, con el fin de identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia en un tribunal competente, independiente e imparcial.
Aclarar el papel de la fuerzas armadas, la policía y las autoridades judiciales antes, durante y después de los actos de violencia de Pando, incluida la falta de medidas para responder a la violencia o detenerla.
Justicia e impunidad
Determinar medios por los que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional puedan desempeñar sus funciones, especialmente mediante la designación de miembros de demostrada competencia técnica, probidad moral e independencia de toda influencia externa.
Aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en la legislación nacional y adaptar esta legislación al derecho internacional, incluso con respecto a la definición de tortura.
Introducir en la legislación nacional una disposición sobre la imprescriptibilidad del genocidio y otros delitos de derecho internacional.
Hacer esfuerzos concertados por localizar y hacer públicos los archivos relacionados con abusos contra los derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno militar y autoritario.
Cursar una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que visiten Bolivia.
Discriminación y violencia contra los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de los derechos humanos
Realizar investigaciones sobre la discriminación contra los pueblos indígenas y tomar las medidas apropiadas contra los funcionarios del Estado regionales y nacionales responsables.
Garantizar que se aplican plenamente y con prontitud las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas.
Derechos económicos, sociales y culturales
Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Asignar recursos suficientes a la aplicación de las políticas nacionales para reducir la mortalidad materna, eliminar las barreras que impiden a las mujeres indígenas y pobres el acceso a servicios de atención de la salud materna y reproductiva –lo que incluye prestar apoyo lingüístico y formación a los profesionales de la salud– y proporcionar a las mujeres información clara y accesible sobre sus derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud.
Garantizar que se aplican plenamente y con prontitud las disposiciones de la nueva Constitución para la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales mediante políticas efectivas y sostenibles de ámbito nacional y local y mediante la asignación de recursos suficientes.
Anexo: Documentos de Amnistía Internacional para consulta
Informe 2009 de Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo
Bolivia: Respetar los derechos humanos, fundamental para detener la escalada de violencia, 15 de septiembre de 2008 (Índice: AMR 18/002/2008)
Bolivia: Inaceptables las protestas violentas en contra de mejorar las vidas del pueblo indígena Guaraní, 21 de abril de 2008 (Índice: AMR 18/001/2008)
1 Contenidas en la Decisión 6/102 del Consejo de Derechos Humanos, seguimiento de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, apartado I, aprobada el 27 de septiembre de 2007.
2 En el que, en abril de 2009, tres presuntos mercenarios murieron y otros dos fueron detenidos por su presunta participación en una presunta conspiración de asesinato del presidente Evo Morales durante una operación policial llevada a cabo en un hotel de Santa Cruz.
3 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen: Misión a Bolivia, A/HRC/11/11 párrs. 65-73, 18 de febrero de 2009.
4 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, OEA/Ser.L/V/II.134, cap. II.D.i; Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen: Misión a Bolivia, A/HRC/11/11, párrs. 50-54, 18 de febrero de 2009; Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Misión a Bolivia: Informe y recomendaciones, agosto de 2009, pp. 17-19.
Índice AI: AMR 18/002/2009 Amnistía Internacional
Tomado de: http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR18/002/2009/en/5dc60797-f37e-428e-b5e9-7262c98bb309/amr180022009spa.html
Amnesty International
Bolivia
Submission to the UN Universal Periodic Review
Seventh session of the UPR Working Group of the Human Rights Council
February 2010
AI Index: AMR 18/002/2009
Executive summary
In this submission, Amnesty International provides information under sections B, C and D as stipulated in the General Guidelines for the Preparation of Information under the Universal Periodic Review:1
Under section B, Amnesty International raises concern over the slow pace of implementation of key provisions of the new Constitution and political interference in the judiciary.
Section C highlights Amnesty International’s concerns about human rights violations, including unlawful killings, in the context of civil unrest and tension between politically opposed groups, discrimination and violence against Indigenous peoples and human right defenders, and continued impunity for human rights violations.
In section D, Amnesty International makes a number of recommendations for action by the government to address the areas of concern.
Bolivia
Amnesty International submission to the UN Universal Periodic Review
Seventh session of the UPR Working Group, February 2010
B. Normative and institutional framework of the State
In October 2008, Congress approved a revised text for the new Constitution. The new text was put to a nationwide referendum in January 2009 and approved with 61.43% of the vote and a turn-out of over 90%. The new Constitution, promulgated on 7 February 2009, asserts the “pluri-national” character of the Bolivian State and contains significant new provisions on economic, social and cultural rights, such as the recognition of sexual and reproductive rights, and the rights of persons with disabilities. It also envisages a system of “indigenous, native and campesinojurisdiction” [“jurisdicción indígena originaria campesina”]. As well as these substantive developments, it introduces structural changes regarding the judiciary, establishes an electoral branch of the State, among others, and a sets up a new framework for environmental, natural resource and land issues.
The political change process driven by the government of President Evo Morales implies significant structural and cultural changes within the State. The current administration has been unable to make significant advances with implementing the Constitution or adapting existing legislation, due to the imminent handover to a new Pluri-national Legislative Assembly to be elected in December 2009. Likewise, key offices within the Bolivian State, such as the Ombudsman’s Office [Defensor del Pueblo] and the Prosecutor General [Fiscal General], have been under interim leaderships for prolonged periods.
The judicial system has long suffered from political interference and corruption, exacerbated by structural problems that have resulted in its independence being undermined, and in recent years the system has seen further erosion. As a consequence of this situation, since June 2009 the Constitutional Court has no judges and as of August 2009 the Supreme Court has only 7 out of 12 judges.
In December 2008, Bolivia adopted an ambitious national human rights action plan (Plan Nacional de Accion de Derechos Humanos Bolivia – Para Vivir Bien, 2009-2013), developed through a consultative process between the State and civil society.
C. Promotion and protection of human rights on the ground
Constitutional reform and the political change process
Antagonism between the government and the opposition during the process of drafting the new Constitution and its possible implications for the control of Bolivia’s economic and natural resources led toconfrontations, civil unrest and tensions between politically-opposed groups, some of which were violent and resulted in deaths. Those departments pursuing a strong autonomist agenda raised many objections to both the proposed texts and the process by which these were discussed.
In a recall referendum in August 2008, 67.4 per cent of voters had confirmed President Morales in his presidency for the remainder of his four-year term. However, Amnesty International is concerned that deep-rooted cultural and racial tensions are latent between the pro-autonomy movement, especially in “media luna” departments of Beni, Pando, Santa Cruz and Tarija, and those supporting the ruling Movimiento al Socialismo(MAS) party. This could generate further violence and human rights violations in the run-up to the December 2009 elections and beyond.
Implementation of the new Constitution will require significant reform and adaptation of existing laws and procedures, as well as a new law [“ley de deslinde”] to set boundaries between the “ordinary” and “community” jurisdictions that it establishes. Similarly, the new Constitution provides for a Pluri-national Legislative Assembly and new procedures for electing judges. Amnesty International believes that a coordinated and collaborative approach between different branches of the State is essential so that implementation of the Constitution can be carried out in a manner that is respectful of the rule of law and Bolivia’s international human rights obligations.
Human rights violations during violent incidents, including unlawful killings
Amnesty International has reported deaths and injuries of demonstrators in both Cochabamba and Sucre in January and November 2007, in the context of the politically-charged protests around the pro-autonomy and constitutional-reform processes.
More recently, clash groups (grupos de choque) – politically-motivated civilian groups believed to be operating under the authority of individuals allied to the opposition movement - have been involved in violence in Santa Cruz sparked by debates around departmental autonomy. In May 2008, Indigenous and campesino(peasant farmers) supporters of President Morales were corralled by a group of opposition activists in the city of Sucre’s main square where they were beaten, their shirts were stripped off and they were forced to burn their traditional clothing and flags and to chant slogans critical of the President.
In September 2008, between 11 and 19 people, mainly campesinos, were killed and around 50 others injured when violence escalated in Pando department in the run-up to a planned assembly (ampliado campesino) to discuss issues of local importance, such as land distribution and natural resource management in the wake of perceived threats to a recently-completed process of land titling. Since the violence, a number of national and international investigations, including research conducted by Amnesty International in August 2009, have been able to clarify what actually happened, and coincide in finding that local officials of the opposition-led prefecture and civic committee were involved in the planning and commission of violent acts. The investigations also highlighted the failure by police to stem the violence. On 12 September 2008, President Morales declared a state of emergency in Pando which remained in place for more than two months.
A series of related events also give cause for concern, such as the ill-treatment of 15 campesinosdetained for their alleged role in the violence, and the manner in which a number of people allied to the prefecture and civic committee allegedly involved in the violence were detained and transferred to La Paz under the state of emergency and in subsequent months. Amnesty International heard allegations that these detentions were carried out with excessive use of force and lack of corresponding judicial guarantees.
Amnesty International is concerned that at the time of writing, one year after the violence, investigations have not established responsibilities for all violations of human rights that took place in Pando and subsequently by the fact that that those responsible have not yet been brought to justice. The organisation is also concerned about threats and harassment reported by local human rights defenders and potential witnesses in the wake of the violence as well as against businesses owned by people identified with the indigenous and campesinomovement.
Justice and impunity
Long-standing problems in the judiciary have hindered Bolivia’s fight against impunity. Amnesty International hopes that the approved reforms in the justice system are a means to consolidate its independence to ensure justice for all victims of human rights violations and fair trials for all alleged perpetrators. Amnesty International notes the imprisonment of Luis Arce Gómez, former Interior Minister under the dictatorship of Luis Garcia Meza, who was deported to Bolivia from the US in July 2009 on the basis of a 1993 Supreme Court judgement sentencing him for his role for crimes including genocide.
In October 2008, an extradition request was filed with the US government regarding former President Gonzalo Sánchez de Lozada and two former ministers, Carlos Sánchez Berzaín and Jorge Berindoague. All have been implicated in the killings of 67 people during demonstrations in El Alto in 2003, but their extradition is still pending. In addition, several other former ministers and military officers were notified in November 2008 of charges in connection with the killings, but it is understood that four ex-ministers also on trial alongside Sánchez de Lozada have fled to Peru. Oral proceedings started in May 2009, but have been suspended several times as a result of legal challenges. While Amnesty International welcomes efforts to bring the case to justice, the process against Sánchez de Lozada and others should respect international standards on the rights of the accused and should not proceed against the accused in absentia.
Despite these developments, Amnesty International is concerned thatjurisdictional battles in other key cases (namely the Pando case and the case known as the ‘terrorism’ case2) have marred several recent judicial processes. These could set negative precedents for the pursuit of lasting and impartial justice in the future.
Notwithstanding the historical problems faced by the justice system and the current reform process that is underway, Amnesty International hopes that these cases will be brought to justice in a manner that is respectful of the rule of law and international standards of due process. Cases such as these will be an opportunity for the current government to demonstrate its respect for the separation of powers and its political commitment to strengthening the justice system in the long term.
Delays caused by unresolved jurisdictional battles, and numerous challenges against law officers involved in politically-sensitive cases such as the Pando case, create a state of legal uncertainty that affects both victims and their relatives, as well as the alleged perpetrators. The former Prefect of Pando has been under preventive detention since September 2008, charged for his role as suspected intellectual author of the violence. His case should be clarified as a matter of urgency in order to ensure that it is adjudicated in a manner that is both timely and respectful of human rights.
In August 2009, the first results were reported of efforts to locate and identify the remains of 26 missing persons in the Teoponte area of La Paz department since the 1970s. Amnesty International welcomes the finding of the remains of five people as an essential part in the search for truth for the human rights violations of Bolivia’s past. Another crucial element of this process would be the opening of archives from the period of military and authoritarian rule that could provide evidence of the abuses committed.
Discrimination and violence against Indigenous Peoples and human rights defenders
Amnesty International is concerned at reports of racially-motivated attacks on organizations and individuals working for the rights of Bolivia’s Indigenous Peoples and campesinos. The UN Special Rapporteur on indigenous people has observed that racist discourse, employed by some political parties and civic committee pressure groups and disseminated by some media outlets, against Indigenous Peoples at all levels of society remains prevalent.3The organisation is also concerned by the situation faced by Indigenous Guaraní families in the Chaco region living in a state of bondage analogous to slavery, as described by the Inter-American Commission on Human Rights, the Special Rapporteur on indigenous people, and the UN Permanent Forum on Indigenous Issues.4
For example, more than 40 people were injured in February and April 2008 when landowners and groups of armed men attacked members of the Guaraní People in Santa Cruz during the process of clarifying title deeds to traditional lands of the Guaraní. The attacks against Indigenous and campesinosupporters of President Morales in Sucre in May 2008 by a group of opposition activists (see above) also had an apparent racist undertone.
In September 2008, the offices of several NGOs working with Indigenous and campesinocommunities were attacked in the context of autonomy and constitutional reform debates in several cities, notably Santa Cruz, and office equipment and documentation were destroyed.
Economic, social and cultural rights
Despite high levels of poverty, particularly among campesinosand Indigenous Peoples, there have been positive developments in the area of economic, social and cultural rights both on paper and in practice. These include significant advances achieved in the new Constitution and in the introduction of programmes to improve literacy and school attendance, to address malnutrition, to increase social housing, to provide retirement pensions and to support pregnant women and those with newborn children, as well as advances reached in the titling of land in favour of campesinosand Indigenous Peoples. However, according to the United Nations Population Fund, Bolivia continues to have the highest incidence of maternal mortality in South America (approximately 290 per 100,000 live births).
D. Recommendations for action by the State under review
Amnesty International calls on the government:
Constitutional reform and the political change process
To take all possible measures to ensure a smooth transition to the new Constitution and related national institutions, paying due respect to guarantees for the rule of law and human rights;
To promote and encourage enhanced collaboration and coordination between the branches of the State, especially the Executive and the Judiciary, and to ensure that the Judiciary is able to fulfil its functions efficiently, independently and without political interference;
To ratify the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, and the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty.
Human rights violations during violent incidents, including unlawful killings
To expedite impartial and comprehensive investigations into all of the events surrounding the violence in Pando in September 2008 as well as other incidents, with the aim of identifying those responsible and bringing them to justice in a competent, independent and impartial court.
To clarify the roles of the armed forces, the police and judicial authorities before, during and after the violence in Pando, including any failure to respond to or stem the violence.
Justice and impunity
To identify means by which the Supreme Court and the Constitutional Court can carry out their functions, especially through the designation of members of proven technical ability, moral probity and independence from any external influence;
To implement the Rome Statute of the International Criminal Court in national law, and to bring such legislation in line with international law, including the definition of torture;
To introduce a provision in domestic legislation on the non-applicability of statutory limitations for genocide and other crimes under international law;
To make concerted efforts to locate and make available archives relating to human rights abuses committed during the period of military and authoritarian rule;
To issue a standing invitation to the Special Procedures of the UN Human Rights Council to visit Bolivia.
Discrimination and violence against Indigenous Peoples and human rights defenders
To investigate and take appropriate action against state officials, both regional and national, for discrimination against Indigenous Peoples;
To ensure the prompt and full implementation of the recommendations of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous peoples, the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, and the Inter American Commission on Human Rights.
Economic, social and cultural rights
To ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
To allocate adequate resources to implement national policies to reduce maternal mortality, to remove barriers preventing poor and Indigenous women from accessing reproductive and maternal health care, including through providing language support and training of health professionals, and to provide clear and accessible information to women about their sexual and reproductive rights and right to health;
To ensure the full and prompt implementation of the provisions to strengthen economic, social and cultural rights in the new Constitution through effective and sustainable policies at the national and local levels and through the allocation of adequate resources.
Appendix: Amnesty International documents for further reference5
Amnesty International Annual Report 2009: The State of the World’s Human Rights
Bolivia: Respect for human rights is fundamental to stop escalation of violence, 12 September 2008
Bolivia: Inaceptables las protestas violentas en contra de mejorar las vidas del pueblo indígena Guaraní, 21 April 2008
1 Contained in Human Rights Council Decision 6/102, Follow-up to Human Rights Council resolution 5/1, section I adopted 27 September 2007.
2 In which three alleged mercenaries were killed and two others were detained in April 2009 on suspicion of involvement in an alleged plot to assassinate President Evo Morales during a police operation in a hotel in Santa Cruz.
3 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Rodolfo Stavenhagen: Mission to Bolivia, A/HRC/11/11 paras. 65-73, 18 February 2009.
4 Inter-American Commission on Human Rights, Annual Report 2008, OEA/Ser.L/V/II.134, Chapter II.D.i; Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Rodolfo Stavenhagen: Mission to Bolivia, A/HRC/11/11 paras. 50-54, 18 February 2009; UN Permanent Forum on Indigenous Issues, Mission to Bolivia: Report and Recommendations, August 2009, pp 17-19.
5 All of these documents are available on Amnesty International’s website: http://www.amnesty.org/en/region/bolivia
INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM
Tomado de: http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR18/002/2009/en/d7290099-18a8-4a47-b229-19f8d68469cd/amr180022009eng.html |
