El referéndum es un mecanismo de participación ciudadana que en un Estado democrático de derecho tiene la finalidad de canalizar las opiniones, inquietudes y reclamos de los gobernados para dar sustento a los procesos decisionales y legitimar a los gobernantes. Se trata también de un mecanismo de control a los poderes públicos constituidos, en la medida en que la participación ciudadana funciona como correctivo de las decisiones tomadas por la autoridad durante el ejercicio de la función gubernativa.
Existen muchas definiciones sobre referéndum pero, la mas acorde con la dinámica política de la democracia participativa y el Estado de Derecho es la que lo define como "una institución democrática a través de la cual el cuerpo electoral de un país o nación expresa su voluntad respecto a un asunto o decisión que sus representantes constitucionales o legales someten a su consulta" (Velazco).
Entonces, mediante el referéndum, son los gobernados los que expresan su voluntad mediante el voto universal directo opinando sobre las decisiones que sus gobernantes con facultades constitucionales o legales van a tomar, las leyes que van a aprobar o los actos administrativos que van a realizar, ratificándolos, aceptándolos o rechazándolos, completándose con ello los procedimientos legislativos o administrativos.
Por tanto queda claro que, el referéndum aplicado a los procedimientos legislativos, en cualquier democracia tiene carácter confirmativo o repelente, pues sólo aprueba o rechaza leyes pero no las crea, lo que significa que el referéndum en la actualidad, en ninguna parte del mundo es utilizado al margen de un procedimiento legislativo, ni como sustituto del procedimiento legislativo como fue usado en el pasado por dictadores y, como pretende ser usado ahora en algunos departamentos de Bolivia por grupos de poder político - empresariales.
Sin lugar a dudas, el procedimiento inventado por la denominada media luna blanca boliviana para aplicar el referéndum a la creación de leyes que rijan la convivencia en determinados espacios territoriales, dejando de lado el procedimiento legislativo, es bastante similar al procedimiento utilizado en el pasado por los gobernantes de facto que también se valieron del referéndum para "legislar" sin poder legislativo.
Por ejemplo Napoleón Bonaparte se hizo declarar cónsul (1799), cónsul vitalicio ( 1802) y emperador (1804) mediante referéndum convocado sin la intervención de órgano legislativo alguno. El dictador español Francisco Franco lo utilizo dos veces para legitimarse y aprobar leyes que garanticen sus intereses (1940 y 1969) y por ultimo, el dictador Chileno Augusto Pinochet lo hizo para hacer aprobar una nueva Constitución redactada por la Junta Militar - que se atribuyo facultades de poder legislativo para garantizar – que en el peor de los casos garantizaba que Pinochet siga siendo jefe de las fuerzas armadas y luego senador vitalicio con inmunidades plenas.
En consideración a lo expuesto, es evidente que la democracia boliviana en determinados espacios territoriales esta retrocediendo para favorecer la constitución de republiquetas donde, lo que el poder local político empresarial vende como "democracia participativa", en realidad es un paquete similar a la forma de gobernar que tuvieron Napoleón, Franco y Pinochet, quienes ignorando cualquier cuerpo legislativo de representación popular, mediante comisiones o asambleas de sus acólitos elegidos a dedo (¿Asamblea Provisional Autonómica?), hacían leyes a la medida de sus intereses para luego engañar al pueblo haciéndole "participar" en su aprobación, metiéndole miedos, a plan de mentiras o, jugando con sus aspiraciones legitimas.
No hay lugar a equivocación que con esta forma de "legislar" no solo el Estado de Derecho (respeto y sometimiento a las leyes) esta en riesgo, sino que la misma democracia esta herida de muerte pues, además de pretender aplicar procedimientos legislativos de facto, al margen de la ley, éstos, son similares a los utilizados por las dictaduras; o sea una pantomima de democracia y participación mediante la cual el prefecto, algunos alcaldes, parlamentarios y otros acólitos, se constituyen de facto en "legisladores departamentales", para hacer ley (estatutos departamentales) a la medida de sus intereses y ambiciones para luego engañar al pueblo diciéndole que participara en su aprobación mediante referéndum.
Solo una muestra de las varias infracciones a las disposiciones legales (que los cívicos – políticos – empresarios dicen defender), es que la ultima parte del articulo 2 de la Constitución vigente establece a titulo de prohibición: "Las funciones del poder publico: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano".. Sin embargo la auto elegida asamblea provisional autonómica, esta compuesta por una mezcolanza de poderes, parlamentarios, constituyentes, prefecto, alcaldes acólitos, consejeros elegidos a dedo, etc. y, su directiva misma esta compuesta por el prefecto (poder ejecutivo), el presidente de la brigada parlamentaria (legislativo), un alcalde acolito y un cívico elegido a dedo; mezcolanza de poderes que, a la cabeza del prefecto, sin tener competencias legislativas en el ámbito departamental, se auto - atribuye para si el derecho de legislar para el pueblo. ¿Esto es democracia?
De esta forma, el discurso de la democratización del poder esta siendo instrumentalizado por los poderes dominantes que, desplazados del manejo del Estado central, arman ahora en las regiones "trincheras – enclaves" que les permita crear institucionalidad estatal suficiente como para mantener sus privilegios y seguir saqueando los recursos públicos impunemente. Esta es la verdadera historia de los referéndums estatutarios.
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