La Ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, informó ayer que el Gobierno propuso al sector de discapacitados "muy graves" dar un bono de Bs. 1.000 por año, además de eliminar los aranceles aduaneros para los equipos de su rehabilitación. Sin embargo, el dirigente y Diputado opositor, Jaime Estivariz, representante del sector en conflicto, rechazó la propuesta y propuso un referéndum para que la población defina el monto del bono.

Ayllón señaló que "en Gabinete se analizó y se decidió tocar el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad y destinar un monto necesario para pagar un bono como renta por 2012 a discapacitados graves de mil bolivianos".

Ayllón acotó que posteriormente se realizaría un estudio para tener estadísticas más fiables de la población que sufre de discapacidad. A ello se suma la propuesta de eliminar todo arancel aduanero para la importación de sillas de ruedas, prótesis y otros equipos para su rehabilitación.

Recordó que el Gobierno consensuó con el sector un proyecto de Ley, que debería ser enriquecido para que se debata en el pleno del Legislativo. "Para dar este bono o renta en esta gestión vamos a tener acercamientos y convenios con las personas con discapacidad para finalmente tener una lista de quienes serán beneficiados por este bono por esta única gestión", explicó.

Los estudios que se vayan a realizar el 2012 permitirían proyectar el bono desde 2013 tanto en la cantidad en relación al universo poblacional.

Rechazan propuesta

Por su parte, al conocer la propuesta, el Diputado Jaime Estivariz -dirigente del sector-, explicó que los discapacitados rechazan la renta y apostarán a que la definición la tome la población nacional, por lo que el mecanismo de consulta debería ser el del referéndum.

"El pueblo debe definir el destino de los 40 millones sea en beneficio de un bono, porque los gobiernos son administradores circunstanciales", declaró.

Desde el año pasado, unos 60 discapacitados han recorrido más de mil kilómetros en sillas de ruedas o con ayuda de muletas desde la población de Trinidad, de donde partieron el pasado 15 de noviembre, hasta el pueblo cochabambino de Parotani, donde hoy se encuentran para dirigirse a la ciudad de La Paz con el objetivo de pedir al Ejecutivo y al Legislativo la aprobación de una Ley de trato preferente para este sector. Demandan la aprobación de un bono de al menos 2.000 bolivianos para los discapacitados "graves" para poder garantizar un ingreso económico que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida.

En 2011, las comisiones de Política Social y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzaron, el tratamiento del Proyecto de Ley Nº 072 que otorga un trato preferencial para las personas con discapacidad. Normativa que propone un bono de 3.000 bolivianos quienes sufran discapacidad severa, 50% de descuento en pasajes y servicios básicos, y podrán acceder a la jubilación a los 45 años, presupuesto que estaría garantizado con los Bs. 40.000.000 que ya no son destinados a las campañas de los partidos políticos desde la gestión de Morales.