La Paz, 18 feb (ABI) - La detención de siete personas sospechadas de participar en la matanza de campesinos en Pando, en setiembre pasado, reflotó el caso y agitó el escenario político en medio de un feroz cruce de acusaciones este miércoles en Bolivia.

La fuerza pública que obedecía una orden de la Fiscalía boliviana, lanzaron una operación de captura de siete ex funcionarios de la Prefectura de Pando, concejales y munícipes de las localidades amazónicas de Porvenir y Filadelfia, escenario de la matanza de al menos 18 indígenas hace 5 meses.

La captura nocturna de Edwin Ventura (alcalde de Porvenir), Marcial Peña, Hugo Mopi (jefe a la sazón del departamento de Comunicación de la Prefectura pandina), Roberto Rea (oficial mayor del municipio de Porvenir) y los concejales de ese distrito Dilson Da Silva, Herman Justiniano y Vilma Benegas, encendió una dura polémica en el país.

La oposición al presidente Evo Morales le acusó de promover la acción con fines estrictamente políticos y el gobierno respondió con que se trataba de una decisión judicial en el ámbito del proceso de investigación abierto contra el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, detenido en la cárcel de San Pedro en La Paz y acusado de desplegar la violencia.

El vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, afirmó que las detenciones son acciones de la justicia en las que el Gobierno no puede entrometerse.

"La información que tengo es que hay orden de detención de la Fiscalía . Es la justicia la que está actuando ahí y el Gobierno no se entromete. Son los fiscales del área y el Poder Judicial que están tomando decisiones", explicó en una conferencia de prensa.

García Linera justificó la presencia de militares en el departamento de Pando y dijo que la situación no cambiará y que se extenderá a otras regiones donde la presencia del Estado es débil.

Las Federación de Campesinos de Pando aplaudió la redada y denunció que grupos de personas que se refugiaron en Brasil, después de la matanza de indígenas y que volvieron al país a cuenta gotas, se rearticulan con fines vindicativos.

"Nos sentimos seguros (ahora) porque los sicarios se estaban reorganizando", sostuvo el líder campesino de Pando, Antonio Moreno.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien la oposición dirigió varios de sus dardos por una presunta reactivación de las pesquisas, descartó el miércoles la participación de militares en en operativo y aseguró que se trataba de un tema de competencia de la Fiscalía que investiga la masacre de septiembre del año pasado.

"Las denuncias (en contra suya) son una actitud por demás lamentable de la ultraderecha pandina, orquestada por el senador Paulo Bravo que no termina de entender que el tema de la detención de las personas involucradas en la masacre de Pando es responsabilidad de la Fiscalía", argumentó.

Bravo y su colega y correligionario, Róger Pinto, responsabilizaron a Quintana por las detenciones.

"Es una acusación mentirosa, cantinflesca y difamatoria, tendría que ser el espíritu santo para estar en dos lugares. Esta mañana estaba en la reunión de Gabinete", puntualizó y acusó por su parte a Bravo y otros senadores de la bancada de Podemos del ex presidente conservador Jorge Quiroga) de estar comprometidos con el saqueo y la corrupción en la Prefectura de Pando, en los últimos años.

Fernández, junto a los Bravo y Pinto "tienen que responder al país por la malversación y corrupción en Pando", gatilló.

"Este operativo fue realizado por orden del Ministerio Público, en particular por la comisión de fiscales que investiga la masacre de campesinos en Porvenir", corroboró de otra parte el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán.

Pinto salió a la réplica y tildó a Quintana de "pelele", mientras que el también senador opositor Jorge Becerra dijo que la operación judicial creaba en Pando "una relación un poquito tensa".

El prefecto opositor de Santa Cruz, Rubén Costas sostuvo que las nuevas detenciones tensaban la situación política en el país, al tiempo de asegurar, a manera de represalia, que "no asistiré al diálogo" que el gobierno de Morales convocó para implantar el régimen de autonomías previsto en la nueva Constitución.

El también opositor diputado por Santa Cruz, Pablo Klinsky condenó la detención de los implicados en la masacre de campesinos.

"Se trata de una venganza política por "la derrota de la Constitución" en el referendo del pasado 25 de enero en Pando.

Otro fiero opositor del gobierno, John Caba, dirigente de un Comité Insterinstitucional de Chuquisaca, reseñó que "no es otra cosa que una revancha" política de la administración Morales

Las aprehensiones volvieron a levantar a los familiares de los asesinados a bala en Porvenir y Filadelfia, que en La Paz volvieron a reclamar justicia.
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