El proyecto de ley del Gobierno boliviano para regular las próximas elecciones generales causó críticas en las organizaciones de los pueblos indígenas, que se sienten "traicionadas" por el gabinete del "primer presidente indígena", como se presenta internacionalmente a Evo Morales Ayma. Las organizaciones consideran insuficientes los 15 escaños asignados por la propuesta gubernamental a los pueblos indígenas. Algunos dirigentes opinan que cada pueblo debería tener al menos un representante en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a conformarse en los comicios del 6 de diciembre próximo.

Ante la emergencia por la aprobación de esta ley, cuyo plazo de debate es de 60 días en el Congreso, la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) presentó su propio proyecto de Ley Transitoria del Régimen Electoral, donde eleva a 18 la cifra de escaños para los pueblos indígenas. "El proyecto de la CIDOB tiene un nivel superior de coherencia con la nueva Constitución", sostuvo Iván Bascopé, responsable de la oficina del Centro de Estudios Jurídico e Investigación Social (CEJIS) de La Paz.

"Esta propuesta no ha sido recibida con agrado por los pueblos indígenas. Creemos que existen enemigos del Poder Ejecutivo, nos han madrugado con esta propuesta", dijo a la Red Erbol Pedro Nuni, vicepresidente de la CIDOB sobre la propuesta gubernamental. Hace días, abogados del Ministerio de Defensa Legal habían trabajado un proyecto de ley distinto para presentar al Congreso. Nuni criticó la actuación del Gobierno: "No puede ser que lo haga de forma unilateral, cuando ya habíamos tenido un acuerdo de coordinación para realmente poder elevarla a rango de ley. Con esta opción no hay forma de garantizar nuestra presencia y denunciamos que estas autoridades actuaron de mala fe", dijo.

El Jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Elías Quelca Mamani, dijo que para elaborar este proyecto de ley "no fuimos convocados. Es una propuesta sin consenso que salió de algún ministerio. Siempre hemos coordinado con el hermano Presidente, pero ahora no nos dijo nada, es muy raro".

Según Diego Faldín, presidente de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), "fue grande nuestra sorpresa cuando el Gobierno, sin tomar en cuenta nuestra propuesta o consulta a los pueblos indígenas de las once regionales de la CIDOB, nos presentó a través de periódicos los 15 escaños para los indígenas, cuando nosotros planteábamos 34 a nivel nacional".

Tras este coro de críticas, el Gobierno llamó a las organizaciones a trabajar otra vez para mejorar el proyecto de ley electoral. En algunos casos, esta idea no fue mejor recibida. "Queremos adelantar que nadie va participar de las reuniones convocadas por el Gobierno y; sobre todo, el movimiento indígena en todas las convocatorias que nos hagan, porque no hay respeto hacia las organizaciones y menos de todas sus decisiones que plantean para que este proceso siga avanzando", afirmó Faldín.

Ayer, el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, viajó a La Paz para presentar el proyecto de ley de la confederación. "El Ejecutivo se ha lanzado sólo, dejando de lado la propuesta de la CIDOB. Por eso hemos decidido presentar otro proyecto de ley asumiendo el derecho democrático. Nosotros pedimos 18 escaños considerando la participación de los hermanos del occidente", dijo a la prensa en la plaza Murillo.

Por su parte, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce Zaconeta, sostuvo que la cantidad de escaños "es un tema que no está definido. Sólo hay el proyecto de Ley que fue de conocimiento de los indígenas. Las observaciones que presentó la CIDOB pueden ser consideradas en el Congreso sobre la base del proyecto presentado por el Gobierno".

Sobre el reclamo de las organizaciones, indicó que el Gobierno ha "planteado 15 escaños, pero es un tema trabajable. No hay una divergencias, lamento mucho algunas declaraciones desaprensivas de algunos dirigentes indígenas que no están bien asesorados".

Dos proyectos uniformizables

Javier Aramayo Caballero, integrante del equipo de Investigación del CEJIS, evidenció que el proyecto de ley del Gobierno "combina dos elementos importantes. Uno es político-estratégico, el otro es técnico-jurídico. El político estratégico obedece a la coyuntura nacional: el Gobierno tiene el desafío de implementar la nueva Constitución ante la oposición regional, y en función a eso generar espacios que reconocen conquistas y derechos de los pueblos indígenas, pero no en la dimensión en que esperan sus organizaciones".

"En lo técnico-jurídico, el desarrollo de la Constitución no es incorporado a plenitud en el proyecto de ley. Podría ser razonable y entendible si de verdad la Asamblea Plurinacional, en 2010, aprobara las leyes que asienten las bases definitivas de los procesos electorales. Pero si estos derechos constitucionales no son interpretados y desarrollados por los asambleístas, los pueblos indígenas podrían verse perjudicados en el ejercicio de sus derechos políticos", agregó Aramayo. Consideró que el proyecto de ley presentado ayer por la CIDOB "recoge una lectura más cercana y real de los sentimientos de los pueblos del Oriente. El Gobierno nacional tiene dificultades para asimilar esta realidad de los indígenas de esta parte del país".

El proyecto de la CIDOB garantiza que la organización a la que responderán los legisladores indígenas dependerá de esa organización nacional. Según Aramayo, esa medida responde a "una amenaza que existe fundamentalmente desde las prefecturas del Beni, Pando, Santa Cruz y Chuquisaca, que han otorgado personería jurídica a organizaciones indígenas paralelas obedientes a intereses de grupos de poder económico. Sería injusto reconocer a otras organizaciones indígenas que no sean las nacionales, porque las creadas por las prefecturas no son legítimamente representativas. No responden a las bases y a los pueblos indígenas, sino que están motivadas por intereses de particulares".

Por ahora, en la Comisión del Constitución del Congreso hay dos proyectos de ley. El del Gobierno y el de la CIDOB. Posiblemente, la semana próxima el CONAMAQ presente su proyecto. No se conoce hasta la fecha ningún proyecto de ley proveniente de la oposición, cuyos legisladores indicaron que estudiarán la viabilidad de los proyectos presentados.

"La oposición no tiene mucha facultad para inviabilizar los proyectos de ley. La CIDOB espera lograr incidencia con diputados del MAS y del Poder Ejecutivo. Esperan que se puedan uniformizar ambos proyectos. De hecho, el articulado del proyecto de la CIDOB está elaborado sobre la base del proyecto del gobierno", dijo Iván Bascopé, responsable de la oficina de CEJIS en La Paz.

Para el abogado, las opiniones del ministro Arce sobre el asesoramiento de las organizaciones indígenas entran en el campo del subjetivismo. "Tendríamos que debatir en público las propuestas de ley. Y se comprobaría que el proyecto de la CIDOB tiene un nivel superior de coherencia con la nueva Constitución Política del Estado. El Gobierno ha omitido un acuerdo con las organizaciones indígenas. Ahora, los pueblos indígenas están en todo su derecho de plantear una propuesta desde su visión".

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