La Corte Nacional Electoral (CNE) ha determinado evaluar la próxima semana el Decreto Supremo 0003 del Poder Ejecutivo, a través del cual le instruye garantizar la participación de los inmigrantes bolivianos en las elecciones generales del 6 de diciembre, en el marco de la implementación de la nueva Constitución Política del Estado y en cumplimiento del artículo 27.

Según la secretaría general del organismo electoral, la próxima semana los vocales se reunirán en sala plena a fin de analizar el asunto, ya que hasta ayer no habían recibido oficialmente el documento. A partir de ahí se tomará una decisión formal, apuntó la fuente.

Mientras tanto, en la Cancillería se pudo conocer que el decreto en cuestión ya fue enviado a todas las legaciones diplomáticas que tiene el país en el mundo para que vayan tomando sus “recaudos”.

La medida ha recibido críticas y observaciones por parte de la oposición y también de algunas cortes electorales regionales, que consideran que la misma no debió instruirse de tal forma.

El presidente del Senado, Oscar Ortiz (Podemos), señaló que con esta medida el MAS quiere reemplazar el apoyo perdido en el país y advirtió sobre las posibles irregularidades que se puedan dar en las embajadas con funcionarios puestos por el oficialismo.

Aclaró que no están en contra del voto de los bolivianos en el exterior, pero que éste debe ser garantizado a fin de que sea transparente y no distorsione los resultados electorales.

Según el senador, se está quebrando la democracia del país y se está desconociendo la nueva Constitución. “Todos los bolivianos debemos demandar al Presidente si va a gobernar con la Constitución o de una vez se va a declarar dictador, porque ni la anterior ni la actual le dan el derecho a disponer este tipo de temas por decreto”, protestó.

Por su parte, el presidente de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, dijo que la entidad electoral nacional debió haber iniciado el proceso de adecuación del voto boliviano fuera de las fronteras en el marco de la Carta Magna y no recibir instructivas de otro poder. De todas formas, apuntó, la regional no ha recibido aún ninguna comunicación oficial al respecto. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, también se refirió al tema y señaló que prevé un “fraude” de magnitud si los que se encargan de administrar el control del voto son los funcionarios de las embajadas y consulados.