La comisión investigadora del Gobierno encontró indicios de daño económico al Estado en el contrato entre la empresa Catler Uniservice y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la construcción de una planta de licuables.

"Hemos podido detectar que existen algunos indicios que tiene que ver con contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y también negociaciones incompatibles con el beneficio del cargo" que ejercía Santos Ramírez en YPFB, informó la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.

La ministra, cabeza de la indagación que implica al destituido Presidente de YPFB, entregó este miércoles al fiscal anticorrupción, Edgard Mollinedo, que sustancia el caso, la información inherente al contrato para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande de la provincia Cordillera de Santa Cruz.

Ramírez permanecía detenido por segundo día consecutivo en una carceleta de la Fiscalía en La Paz, a la espera de que un juez cautelar le devuelva su libertad o lo remita con detenido a la cárcel pública.

Ramírez, sospechado de corrupción en el caso YPFB-Catler Uniservice, que tiene un trasfondo criminal, fue detenido provisionalmente la noche del martes, después de comparecer ante Mollinedo.

La comisión gubernamental conformada por los ministerios, de Transparencia y de la Defensa Legal del Estado concluyó con su trabajo técnico - legal sobre dicho contrato y resolvió dejar la documentación en manos del fiscal encargado de investigar el robo, asesinato y corrupción que envuelven a la estatal petrolera.

El Presidente en funciones de YPFB, Carlos Villegas, sucesor de Ramírez y quien se ha comprometido a canalizar la documentación que requiera la indagación, se presentó a declarar a demanda del fiscal de la causa.

Villegas reveló la existencia de una carta de crédito por 35 millones de dólares tramitada en Estados Unidos en la perspectiva de la construcción de una planta de licuables que YPFB encomendó a Catler Uniservice.

La defensa de Ramírez, que condenó la decisión fiscal, por contener, supuestamente, "un error procedimental", anticipó la interposición de un recurso de habeas corpus en caso que el juez cautelar disponga su apresamiento.

La responsabilidad recae en una larga lista de involucrados, funcionarios de la estatal petrolera durante la gestión de Ramírez. El 27 de enero último, el presidente Catler-Uniservice, Jorge O’Connor D’arlach, fue asesinado en una calle de La Paz por una banda de criminales que le arrebató de las manos 450.000 dólares, una supuesta coima para Ramírez.

EL DATO

IMPLICADOS. La comisión identificó a Ramírez como el primer responsable.

También responsabilizó a Esther Carmona, ex directora Jurídica de YPFB, al director administrativo de la petrolera, Marco Vega.

El pliego de cargo también implica a los miembros de la comisión calificadora, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán y Diego Argandoña.

Además se menciona de Víctor Aguilera, Federico Galán, Iván García Coca, Juan Carlos Orellano, Elizabeth Morales, Iván García, entre otros.

Según Suxo, el fiscal debe también investigar de Miguel O’Connor, hermano del asesinado Jorge O’Connor", "Hasta este momento no ha explicado (Miguel O’Connor) en absoluto por qué su hermano Jorge O’Connor tenía 450 mil dólares en su poder en efectivo", cuestionó.