Thursday 2 October 2008, by Susana Eróstegui

En cada contexto, la sociedad civil adquiere la connotación de un conglomerado social complejo de clases sociales dominantes y subalternas, clases populares y medias, grupos de intereses, grupos corporativos, comunidades diversas como agregaciones sociales de base. En la sociedad civil coexisten sindicatos de asalariados, organizaciones indígenas, de campesinos, de empresarios, de vecinos, de mujeres, redes sociales, movimientos sociales y culturales, grupos de opinión, de presión, instituciones cívicas, religiosas, de acción para el desarrollo regional o local…

En ese terreno de formación, transformación y conflicto de una diversidad de poderes ligados tanto al mercado como a la política, las OSCs no pueden pasar por alto las relaciones y contradicciones básicas que dividen a la sociedad civil, las desigualdades socioeconómicas y de otra índole, sus conflictos entre clases, entre grupos de intereses y los poderes sociales y económicos vivos en su interior.

A partir de una posición política compartida y de la clara definición del rol que tienen como organizaciones no gubernamentales, tanto UNITAS como sus instituciones asociadas llevan a cabo actividades para contribuir a la generación de propuestas alternativas de desarrollo y cambio social hacia una sociedad democrática, solidaria, equitativa y justa, juntamente con los movimientos sociales y organizaciones populares que son los destinatarios finales de su acción.

Fruto de la riqueza del camino recorrido durante 32 años de vida institucional, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social –UNITAS- asociación sin fines de lucro conformada por 29 instituciones que tienen presencia en las áreas rurales y urbanas más pobres del país, transita por los senderos de la dinámica sociopolítica nacional, ámbito que se caracteriza por la expresión de distintos espacios -culturales, políticos, económicos y sociales- que hacen a la vida de las personas y sus grupos sociales de pertenencia y al significado que tiene la experiencia organizativa e institucional en la construcción de capacidades autodeterminativas y de influencia política en los espacios de toma de decisiones.

El año 2005, los sectores que protagonizaron históricamente la resistencia y las luchas sociales en contra del modelo económico, social y político, expresaron con su voto el rechazo a los partidos políticos tradicionales y la esperanza de que el nuevo gobierno encamine profundas reformas en el país. En enero de 2006, Evo Morales asumió la presidencia de la república con apoyo popular (54%), sin embargo, la propuesta de "construir una Bolivia más justa, digna y soberana, con la participación de obreros, campesinos e indígenas” no encontró el eco esperado. La crisis del Estado se agudizó evidenciando la debilidad institucional, una creciente dependencia de las organizaciones sociales de la agenda del gobierno y el protagonismo político de Comités Cívicos regionales que cuentan con el apoyo incondicional de medios de comunicación social que desvirtúan el espíritu de las legitimas aspiraciones del pueblo boliviano y manipulan la información en función de los intereses de los grupos dominantes a la cabeza de las prefecturas departamentales de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, y de los comités cívicos de estas regiones, que detentaron durante décadas el poder económico y político gracias a su alianza con sectores empresariales nacionales y transnacionales del país.

Frente a la necesidad de contribuir al desarrollo y a la consolidación de la democracia y el Estado de derecho, así como al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, debido a que existen riesgos de que los niveles de violencia y las agresiones contra organizaciones sociales e instituciones defensoras de los derechos humanos se incrementen, por su condición y origen étnico y social, y por su actividad en defensa de los derechos de las clases menos favorecidas de este país, UNITAS considera indispensable fortalecer la organización y las capacidades de incidencia pública para prevenir o frenar atropellos de parte de civiles que sistemáticamente seguirán agrediendo a la población mediante todas las formas de discriminación racial, colonialismo, dominación, agresión, amenazas contra la unidad nacional o la integración territorial y otras que resulten de la negación a reconocer el derecho de los pueblos a la libre determinación y a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales.

En ese marco, se pone a prueba la efectividad de las OSCs para sostenerse allí donde operan con dificultad y allí donde hay poco espacio para el pluralismo político con el fin de promover un enfoque holístico de los derechos humanos e incorporar una visión pluralista, y no discriminatoria de la sociedad civil. Se amplían los desafíos en relación a garantizar el derecho a la libertad de pensamiento; el derecho a la libertad de opinión, a la información y a la comunicación; y el derecho a la asociación.

Son varias las muestras de agresión, de amenaza pública y sistemática descalificación, persecución y amedrentamiento de instituciones asociadas a UNITAS, quienes históricamente vienen luchando por el ejercicio pleno de todos los derechos humanos y apostando por la defensa de los derechos colectivos de las organizaciones sociales, urbanas y rurales, que se resisten a ser cooptadas por la representación arbitraria de los grupos de poder económico en Bolivia.

Pero los sucesos más sangrientos se dieron entre el 10 y 11 de septiembre en Pando. Se ha confirmado la muerte de 16 personas a causa de la masacre realizada por civiles contratados por la prefectura de Pando y existe una lista de personas desaparecidas. Funcionarios públicos junto a sicarios, dispararon contra la marcha de organizaciones campesinas a 35 km de la capital, Cobija dejando al menos 35 heridos. Pese al estado de sitio que rige en ese departamento, persisten las persecuciones y amenazas contra campesinos e indígenas en distintas comunidades de Pando y Beni [1].

La relación privilegiada que se ha construido entre las organizaciones campesinas/indígenas y la red UNITAS está basada en la coherencia de discurso y práctica, en el compromiso político, el diálogo constante y la credibilidad ganada a lo largo de los años y hoy permite responder al pedido de ayuda humanitaria para más de cincuenta personas desplazadas de sus comunidades por la masacre de Pando y el acompañamiento al proceso judicial que quieren iniciar en busca de justicia. Situaciones como ésta ponen a prueba la solidaridad, la confianza y la capacidad de desplegar todo mecanismo posible para cubrir necesidades inmediatas, atender a heridos y garantizar la seguridad frente a la persecución política que sufren los miembros de la Federación de Campesinos de Pando y otras organizaciones del oriente boliviano.

La situación de violencia constata que no hay avances significativos en la construcción de ciudadanía basada en el respeto de los derechos, a partir de la identidad, de la cultura y el sentido común de los diversos actores de la sociedad. Más aún, estos sucesos alimentan un contexto en el que desaparece el horizonte del bien común y dan cuenta de la profundización de las desigualdades, de la agudización de las contradicciones y de la subordinación ciudadana a grupos de poder político y económico que conciben la “gobernabilidad democrática” de manera unilateral y autoritaria.

Por ello, continua siendo un requisito del fortalecimiento de la sociedad el desarrollo de su capacidad de construcción de proyectos políticos que abran paso a la posibilidad de articulación de sus móviles emancipatorios específicos, de su autodeterminación, con un proyecto político universal de transformaciones sociales orientadas hacia mayor igualdad, justicia y participación.

Las organizaciones no gubernamentales están llamadas a mantener relación con los movimientos sociales y organizaciones populares para responder a los desafíos que plantea la realidad de cada país y región, a ejercer de manera activa el control social sobre la administración de los Estados y contribuir a los cambios económicos y políticos necesarios para garantizar una vida digna para todos y todas.