El Deber

Tres directores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguraron, de forma coincidente, que esa máxima instancia de consulta y decisión en la petrolera estatal, hasta el momento no conoce de forma oficial y tampoco aprobó el contrato que esa empresa realizó con el consorcio argentino-boliviano Catler Uniservice SRL, para la construcción de la planta de extracción de GLP y gasolina en Río Grande por 86,53 millones de dólares. El ahora ex presidente, Santos Ramírez, nunca convocó a los directores para pasarles una copia del contrato ni mucho menos para consultarles su aprobación.

Raúl Barroso, director en YPFB por la Prefectura de Santa Cruz, Edmar Galarza, representante de Tarija y Fernando Vincenti, delegado del Ministerio de la Presidencia, confirmaron esta irregularidad.

El hecho se produjo, en primera instancia, porque una parte de los directores habían cumplido su mandato de dos años el 4 de agosto de 2008, fecha de la última reunión, y por otra parte, porque tampoco Ramírez convocó a una nueva cita para ratificar a los que sí podían continuar en el directorio y para que asuman los sucesores.

Galarza dijo que Ramírez tuvo oportunidad de hacer conocer el contrato a los directores el 26 de julio y también el 4 de agosto de 2008, cuando hubo reunión con los directores, pero que eso no sucedió.

El contrato con Catler Uniservice fue firmado el 14 de julio en un acto público en el que participó el presidente Evo Morales.

Barroso denunció que Santos Ramírez incluso un mes antes intentó adjudicar de forma directa y sin licitación el contrato de la planta de GLP en Río Grande, pero que el directorio logró pararlo.

Según Barroso, YPFB al mando de Ramírez sacó un aviso por la prensa escrita invitando a las empresas pero que solamente se daba dos días para presentar las propuestas.

"Lo único que hizo el directorio fue parar una contratación que se quería hacer en menos de 48 horas, y obligar a Santos Ramírez de que lo haga mediante una licitación internacional como correspondía y como manda la ley", afirmó.

Fernando Vincenti dijo que el directorio solamente aprobó el proceso de contratación para las obras en Río Grande y nada más. "Nos enteramos por la prensa de los hechos, no conocimos más nada porque Santos Ramírez no convocó más al directorio, o sea nos desenchufó", dijo Vincenti.

Galarza apuntó que hace 10 días, Santos Ramírez, antes de ser destituido, convocó a los directores, pero tampoco les dio el contrato ni se trató el tema.

Por otra parte, el nuevo ministro de Planificación, Noel Aguirre, dijo en La Paz que no hay el otro 50% para terminar con el financiamiento de la planta de GLP en Río Grande. Sostuvo que los 45 millones de dólares es un fondo de arranque para las obras.

Asimismo, el viceministro de Medio Ambiente, Pablo Ramos, manifestó al diario La Prensa que este proyecto gasífero no tiene aún la licencia ambiental.

A su vez, la agencia ANF informó que el Gobierno evalúa la rescisión de contrato con el consorcio argentino-boliviano. El ex ministro de Hidrocarburos dijo a esa agencia de que "con Catler o sin Catler se construirá la planta (de GLP)".

Por otra parte, el superintendente de Empresas, Rolando Morales, que ayer declaró en la comisión de Senadores, dijo que Uniservice SRL tenía una pérdida de1,2 millones de dólares y que aún así se adjudicó el contrato al declarar un capital de 800 mil bolivianos.

Deslinda responsabilidad

En tanto, el ex presidente de YPFB) responsabilizó por los errores cometidos en la firma del contrato con la Asociación Accidental Catler Uniservice, a la dirección jurídica, una comisión de evaluación de la institución que dirigía, y el

Consorcio se defenderá

El superintendente de Empresas Rolando Morales afirmó ayer que la empresa Catler Uniservice comunicó que se defenderá legalmente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el caso del robo de 450 mil dólares y la muerte del empresario Jorge O"Connor. Dijo que una sociedad se puede constituir en Bolivia hasta con cinco bolivianos. "Esta mañana —dijo Morales— el representante (Agustín Tomás Melano) nos llamó por teléfono a la Superintendencia indicando había pedido a un abogado de Santa Cruz constituirse como defensor de su empresa para defender en el conflicto con YPFB". Esto, según Morales, es una buena noticia, porque hasta ahora Clater Uniservice no se había presentado en Bolivia, tras recibir varias acusaciones. Morales agregó que la empresa en cuestión es "pequeñita" y que tiene un capital de 800 mil bolivianos y que ha sido legalmente inscrita en Fundempresas en enero de 2007.