Senadores de diferentes partidos intentan esclarecer el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, de Catler Uniservice, y su relación con una presunta coima de 450 mil dólares para ex ejecutivos de YPFB.

La Paz/ANF

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, tiene que responder por al menos cuatro delitos en la contratación de Catler Uniservice.

"De la revisión de alguna documentación ya hay algunos elementos que nos llevan a pensar que ha habido daño económico, firma de un contrato lesivo al Estado, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias”, dijo la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, ante la Comisión Especial del Senado, encargada de investigar el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach.

Tras brindar un informe, a puerta cerrada, adelantó que una vez que se tenga toda la documentación y el respaldo jurídico se va a presentar la denuncia correspondiente, aseguró la autoridad.

Desde el lunes pasado varios equipos, legales y técnicos, trabajan arduamente en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Este miércoles, por más de dos horas, entre las 10:30 y pasado el mediodía, la viceministra Suxo informó a la Comisión Multipartidaria que investiga el asesinato y atraco del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, a quién le robaron 450.000 dólares poniendo al descubierto el supuesto pago de "coimas" de un contrato firmado entre la estatal y el consorcio Catler-Uniservice, que beneficiaría al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez.

A las contravenciones en la firma del contrato, descubiertas por el Viceministerio, se suma el incumplimiento de normas que obligan el registro de los contratos del Estado con empresas privadas en la Contraloría General de la República.

Labor coordinada

"Hemos acordando con la Comisión Multipartidaria, realizar una labor coordinada con el Ministerio Público para obtener un resultado que lleve a establecer la verdad. Estamos en toda la predisposición de coordinar e intercambiar información de estas tres instancias", añadió Suxo, quién calificó de fructífera la reunión con miembros del Senado.

Explicó que el Viceministerio a su cargo ya solicitó información de las cuentas bancarias de Santos Ramírez, de YPFB, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y Corte Nacional Electoral (CNE) para establecer el grado de parentesco que existiría entre Santos Ramírez y la familia de su esposa Giovanna Navia Doria Medina.

Javier Navia Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina están involucrados, tanto en el asesinato como el robo y la posible coima de Catler-Uniservice a YPFB, de acuerdo con los informes de los fiscales que recogieron los datos de las declaraciones de los detenidos.

Múltiples instancias del Estado realizan investigaciones de ambos casos, es decir, el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, representante de Catler Uniservice, y el robo de 450.000 dólares que dicen estaba destinado al pago de un soborno a ejecutivos de YPFB.

Lucha anticorrupción

En la conferencia de prensa conjunta, la viceministra Suxo y los senadores Antonio Peredo, Ricardo Díaz (MAS), Wálter Guiteras (Podemos) y José Villavicencio (UN) coincidieron en señalar sobre la necesidad de aprobar una ley que sancione estos presuntos hechos de corrupción.

"Hemos acordado que es muy importante contar con una legislación como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para llevar adelante una lucha contra la corrupción de manera contundente como esperan los ciudadanos", dijo al anunciar que en los siguientes días habrá una nueva reunión para continuar analizando el proyecto de Ley de Lucha Contra la Corrupción.

Por su parte, el senador Wálter Guiteras (Podemos), informó que aún no se tienen definido el día que se tomará declaraciones al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, pero consideró que debe ser al final de la investigación.

El parlamentario opositor mencionó que se debe convocar a ciertos funcionarios de YPFB como Mario Arenas, que presidió la Comisión Calificadora y actual presidente de YPFB-Transportes, y Guillermo Aruquipa actual Superintendente interino de Hidrocarburos, por considerar que existen hechos que los vinculan con este presunto caso de corrupción.