La Paz, 02 feb (ABI).- La comisión interventora de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comenzó este lunes con la investigación financiera y legal para determinar si hubo o no hechos de corrupción en la gestión de Santos Ramírez y como primer paso se posesionó a cuatro autoridades ejecutivas.
La comisión interventora está conformada por el ministro Sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce; la viceministra, Nardi Suxo; fiscales, un contingente de notarios y un grupo de informáticos, quienes comenzarán desde este martes las auditorías legal y financiera.
En primera instancia, para hacer diáfana este trabajo, el presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas, posesionó a José Luis Gutiérrez, vicepresidente nacional de Operaciones; Gary Medrano, gerente de Comercialización; Roger Uzquiano, gerente de Administración y Finanzas, y Jenny Medinacelli Ríos, directora Legal General.
"Nuestra presencia en YPFB se debe a un hecho de emergencia para ejecutar un conjunto de actividades que nos hemos comprometido con el presidente de la República (Evo Morales), con el gabinete ministerial y con el pueblo boliviano", afirmó Villegas en su discurso de rigor ante las autoridades ejecutivas posesionadas.
El nuevo interino de Yacimientos asumió el reto de hacer que la petrolera sea la primera empresa estatal y altamente transparente en sus actividades para que toda la población, todas las instituciones públicas y privadas, medios de comunicación conozcan sus actividades que desarrolla.
Exigió a los nuevos gerentes transparencia institucional, transparencia individual y transparencia colectiva.
La comisión se dedicará desde este martes a hacer una auditoría legal financiera para que sepa el país en detalle todo el proceso que ha significado el contrato con la empresa Catler Uniservice y YPFB. El caso se destapó producto de un asalto con la muerte de Jorge O’Connor a quien le arrebataron 450 mil dólares.
"Esta investigación para nosotros es de primera importancia, es fundamental para el país y para YPFB, de los resultados de esta investigación verdaderamente habrá un relanzamiento de YPFB, queremos un relanzamiento positivo y por eso razón vamos a trabajar. Vamos a entregar públicamente la documentación a todas las instancias que en este momento están en proceso de investigación", aseveró.
MUY TEMPRANO
La Viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y los otros miembros de la comisión iniciaron la mañana de este lunes el trabajo de levantamiento de inventario muy temprano que les permitirá iniciar la auditoría.
Simultáneamente llegó el ex presidente de yacimientos, Santos Ramírez, quien entregó bajo inventario las oficinas a su reemplazante y le expresó su disposición a prestar toda la colaboración en el proceso de investigación.
La viceministra Suxo ingresó con resguardo policial aproximadamente a las 07.00 al edificio de YPFB, ubicado en la calle Bueno de la ciudad de La Paz, para obtener los documentos relacionados al proceso de licitación, adjudicación y desembolso de dineros a favor de la empresa Catler Uniservice.
"Hoy día (por este lunes) con la presencia de Notario de Fe Pública hemos recolectado la información que existe sobre todo en la parte jurídica y en la parte financiera. Esta intervención responde a una instrucción del Presidente de impulsar de una vez que las funciones de Yacimientos continúen", agregó la viceministro Suxo.
Acotó que al interior de YPFB no se presenta ningún riesgo y que el levantamiento de la información se la realizó con presencia de Notario de Fe Pública.
"Para toda intervención siempre tiene que existir la participación de un Notario de Fe Pública", agregó.
En todas las oficinas de YPFB en el país existe presencia militar y policial a fin de precautelar la seguridad de los trabajadores y de los edificios con el propósito de que no haya retiro de documentación de ninguna naturaleza.
GERENTES SORPRENDIDOS
En esta intervención los ex gerentes de Comercialización Rodrigo Carrasco y de Administración Julio Anagua fueron sorprendidos intentando esconder información relacionada con el caso de corrupción.
Los ex gerentes Rodrigo Carrasco (comercialización) se lo encontró in fraganti extrayendo información de una de las computadoras, y a Julio Anagua (de administración) cuando rompía documentos.
Estas dos personas fueron arrestadas y posteriormente liberadas con el compromiso de presentarse cuando la autoridad los requiera.
Tras la detención, Carrasco emitió su declaración ante el fiscal Luis Mamani sobre el intento de robo de un disco duro de una computadora que presuntamente llevaba información confidencial de YPFB.
Mientras que, Julio Anagua dijo que nada que tiene que ver y que ni siquiera está dentro de la lista de las diez personas citadas por la Viceministra de Transparencia.
COMPROMISOS
Villegas se comprometió a brindar toda la información a la Fiscalía, a la Cámara de Senadores que conformó una comisión investigadora y a los medios de comunicación para que el país conozca de todo el proceso que ha significado por una parte la contratación, la suscripción del contrato y la ejecución del mismo.
"Otro compromiso que hemos asumido, es la gestión de la empresa, la gestión, la administración de YPFB", agregó.
Según la nueva autoridad petrolera, se profundizarán las actividades que el país requiere en materia de hidrocarburos como aumentar la producción, iniciar el proceso de industrialización, asegurar el abastecimiento de líquidos al mercado interno y al mercado externo.
Para tal efecto el Gobierno nacional tomó la decisión de dar un soporte financiero importante a YPFB, 1.000 millones de dólares que serán administrados con total transparencia.
PROTECCIÓN - SANCIÓN
Por su parte muy enérgica, la viceministra Suxo enfatizó que no se protegerá ningún acto de corrupción que se detecte en la investigación, además se comprometió a buscar sanciones para los responsables, si se encuentra actos de de corrupción.
"No se va a dejar sin sanción a nadie involucrada ni se va a dejar sin llevarse adelante una investigación clara, concreta y contundente contra las personas que resultaren haber cometido hechos de corrupción", agregó.
Según la autoridad, la comisión de abogados de las tres instituciones trabajará para dar resultados claros y concretos.
"Lo más importante y ese es el mensaje que queremos dar a todos los servidores y servidoras públicas, no se va a dejar un solo acto de corrupción en la impunidad, y eso que quede muy claro, porque no vamos a permitir que en nuestro Gobierno que tiene como pilar fundamental la lucha contra la corrupción, se cometan actos que dañen al Estado", aseveró.
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