Una relación que debiera caracterizarse por el pluralismo y el respeto –medios de comunicación, ejercicio del periodismo y el poder político- se ha convertido en escenario de confrontación, violencia y violaciones.

Si una relación ha sido conflictiva en nuestro país desde que iniciara su gestión el actual gobierno, ha sido la de los medios de comunicación con el poder. Y no es que nunca antes se hayan registrado fricciones entre ambos, sino que en esta oportunidad estas desavenencias no han sido encubiertas: todo lo contrario, se han hecho explícitas, al punto de la desproporción.

Esta historia, por tanto, no empieza ni termina en una denuncia, en una declaración desafortunada, en un abuso, ni siquiera en una expresión de violencia. Todas estas escenas resultan tan habituales en estos días, que pareciera haberse perdido la noción de los roles que, por definición y principio, les corresponde desempeñar a medios de comunicación, periodistas y representantes del Estado en una democracia.

El servicio de brindar información a la sociedad y defender los derechos humanos, debería ser la esencia del trabajo de los medios de comunicación y de sus obreros, los periodistas. Esto sin caer en la romántica utopía de que los medios no tengan fines de lucro –son empresas- o demuestren una castidad que es casi impensable –tienen la libertad de disentir o apoyar un determinado proyecto político-. Pero, incluso manteniendo una posición ideológica y buscando su rentabilidad, los medios de comunicación y los periodistas pueden y deben hacer un buen periodismo.

El mundo está plagado de ejemplos de buenos periodistas y medios responsables y comprometidos con los valores éticos y democráticos. Por tanto, pretender adoptar el maniqueísmo de “estas conmigo o estás contra mi” para juzgarlos, es una actitud igual de desdeñable y arcaica que el machismo, el racismo u otros males.

En cuanto al Estado, su rol también debiera ser el de garantizar el cumplimiento y realización de los derechos humanos; y el acceso a la información y comunicación de forma transparente, el respeto al disenso y a la libertad de expresión, son algunos de ellos. Los representantes del Estado no pueden confundir su rol político con su deber democrático y creer que como autoridades tienen la potestad de brindar o no información a los medios de comunicación únicamente porque se sospecha –o se sostiene- que éstos manipulan o tergiversan los hechos. Esto es convertirse en vulneradores de la ley y los derechos.

Si desde el Estado se presume que determinados medios o periodistas infringen los códigos de ética y las normas establecidas en las leyes correspondientes, la solución está en emprender procesos (tribunales de prensa) para sancionar a los responsables; y esto puede implicar incluso la clausura de un medio de comunicación. Con todo derecho.

No obstante, si lo que se hace es reaccionar como el amante herido, olvidando que cuando se cumplen funciones públicas no se representa a sí mismo sino al Estado, el remedio es peor que la enfermedad. Del esencial principio del Estado como garante de los derechos ciudadanos, se transita en un pestañeo al Estado violador omnipotente de los mismos y en este caso... venga el diablo y escoja.

No se trata, entonces de endilgar culpas. El valor democrático de la corresponsabilidad ciudadana reside precisamente en que cada actor social, desde el más importante hasta el ciudadano común, asuman el principio de respetar ciertas premisas comunes. En este tormentoso affaire prensa-poder, tendrían que darse por superadas las vergonzosas exhibiciones de poder de las autoridades gubernamentales. También tendría que asumirse un profundo mea culpa en los medios que se complacen en azuzar el conflicto, el escándalo y el defecto. Que se recuperara la noción de asegurar el respeto de las leyes y los derechos humanos –a la expresión, a la comunicación, a la opinión- desde todos los flancos sería, realmente, una buena (verdadera) noticia.